Corte reporta un aumento del 67 % de los homicidios contra firmantes de paz en el primer trimestre de 2025

Durante una audiencia ante la Sala Especial de Seguimiento a la Sentencia SU-020 de 2022, de la Corte Constitucional, que declaró el Estado de Cosas Inconstitucional (ECI) en el componente de seguridad de la población firmante del Acuerdo de Paz, la magistrada Cristina Pardo Schlesinger, presidente de la Sala, entregó un duro balance con relación a esta población durante el primer trimestre de 2025.

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“Lamentablemente, de acuerdo con la más reciente información suministrada por la Unidad de Investigación y Acusación de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), en el primer trimestre de 2025 ha sido el periodo más violento contra la población firmante del acuerdo de paz, desde la suscripción del acuerdo”, dijo la magistrada al mencionar la preocupación por las condiciones de seguridad de los firmantes. 

Así las cosas, la magistrada reveló que, en comparación con el mismo periodo del año anterior, durante los primeros 90 días de 2025, “se presenta un incremento del 67% en los homicidios, un 300 % los casos de desplazamiento forzados masivos y un 900 % en los casos de desaparición”. 

“Para esta Sala, es claro la intervención urgente del Sistema de Prevención, la coyuntura actual demuestra que existen problemas estructurales en varios componentes de las garantías de seguridad, entre estos en el funcionamiento del sistema de prevención y la alerta para la prevención rápida. Estas fallas impiden que este sistema sea lo que el Acuerdo de Paz buscó, que fuera una herramienta para identificar, advertir, mitigar y eliminar de forma oportuna riesgos a los derechos de los firmantes”, dijo la magistrada en su intervención.

Añadió que la crisis humanitaria que atraviesa el Catatumbo es ampliamente conocida por el país y sobre ella la Sala ya se ha pronunciado en sesiones previas. “En relación con esta grave situación, la Sala ha documentado el homicidio de 6 firmantes de paz durante el mes de enero del 2025 en Norte de Santander, así como la desaparición de al menos siete firmantes. Adicionalmente, según el informe más reciente de la misión de verificación de la ONU, entre las más de 54,800 personas desplazadas forzosamente, 180 corresponden a firmantes de paz”.

Pero resaltó la magistrada que esta situación de violencia contra la población firmante de paz “no es exclusiva de la región del Catatumbo”, pues, en lo corrido del presente año, la Sala ha recibido información sobre diversos hechos victimizantes en diversos lugares del territorio nacional.

Ya en dos salas previas realizadas durante enero y febrero de este año, la Corte le había solicitado a las autoridades nacionales y a las delegaciones de la población firmante de paz remitir los respectivos informes para verificar la manera en la que se subsanaran dichas fallas.

Sobre las garantías de seguridad de los firmantes del acuerdo de Paz, Raúl Rosende, Jefe de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia, se mostró preocupado por la falta de institucionalidad estatal, especialmente, en Cauca, Norte de Santander, Arauca, Putumayo y Meta.

Rosende enfatizó en la importancia de los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación que "son la punta de lanza de la llegada del Estado a zonas periféricas donde, históricamente, nunca estuvo presente y la violencia ha sido alta".

Precisamente, en estos lugares, además de la presencia de la Fuerza Pública, hay escuelas y centros de salud para excombatientes y la comunidad en general.

"El asesinato de 464 excombatientes es el principal obstáculos para la implementación del acuerdo. Hablamos de personas que dejaron voluntariamente sus armas y que en su gran mayoría estaban aportando en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP)", dijo.

Si bien en 2023 y en inicios del 2024 hubo una disminución en los asesinatos, este año se produjo un incremento: van 24 homicidios y de ellos, seis fueron en la región del Catatumbo.

"Estamos hablando de territorios donde convergen economías ilegales y la propia ausencia del Estado determina la presencia de actores armados. No hay proceso de paz efectivo, sin que la reincorporación de excombatientes", aseveró.

Así, el delegado de la ONU consideró que se debe implementar la política de desmantelamiento de organizaciones criminales en el norte del Cauca, Magdalena medio y Catatumbo.

"Es clave avanzar en la identificación de los responsables para reducir los niveles de impunidad, particularmente, las sentencias de los actores intelectuales y materiales", aseguró.

Redacción Justicia