Corte solicita al Gobierno información sobre respuesta desplegada ante crisis humanitaria del Catatumbo

La Corte Constitucional, a través de las Salas Especiales de Seguimiento a las sentencias T-025 de 2004 (protección a desplazados) y SU-020 de 2022 (protección de firmantes de paz), acaban de solicitar información y pruebas sobre las medidas adoptadas por el Gobierno nacional, las entidades territoriales y otras autoridades para proteger a las personas desplazadas y a los firmantes del Acuerdo de Paz, en el marco de la crisis humanitaria por la que atraviesa el Catatumbo.

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La petición se realizó mediante el Auto 244 de 2025, que también intenta recopilar datos e información  por las medidas adoptadas para agilizar la toma de declaraciones y el registro de las víctimas de desplazamientos forzados y confinamientos en el Catatumbo, así como para fortalecer la coordinación interinstitucional y promover soluciones duraderas, eficaces y oportunas.

En los últimos 75 días, las autoridades han reportado en esa zona del país el desplazamiento de más de 60 mil personas,  el confinamiento de 23 mil personas, 94 homicidios, la evacuación de 625 firmantes de paz y la recuperación de 27 menores de las garras de los grupos armados.

“La Corte reiteró su preocupación por los confinamientos. Ante el alarmante aumento de esta problemática en la última década, la Sala Especial de Seguimiento a la Sentencia T-025 de 2004 ordenó al Gobierno Nacional, mediante el Auto 811 de 2021, la creación de una ruta integral de atención para las víctimas de confinamientos. En el contexto de la crisis actual, la Corte exige información inmediata sobre el estado de dicha ruta, incluyendo su diseño, marco jurídico y grado de implementación”, señaló el alto tribunal en un comunicado.

Asimismo, la Corte expresó su especial preocupación “ante la persistencia de actos de violencia contra la población firmante del Acuerdo de Paz”. “A pesar de advertencias y órdenes dictadas por la Sala de Seguimiento a la Sentencia SU-020 de 2022 para asegurar la atención integral de la población firmante del Acuerdo y evitar nuevos ataques, la grave situación continúa”, señaló el alto tribunal.

Es por ello que la Corte requirió información detallada sobre el estado de cumplimiento del auto 1273 de 2024, que insistió en la urgencia de adoptar medidas integrales de seguridad para los Antiguos Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (AETCR), en la región del Catatumbo y en otras regiones del país donde la Defensoría del Pueblo ha alertado sobre riesgos de nuevas emergencias humanitarias.

El auto fue emitido desde la Sala Especial de Seguimiento a la Sentencia T-025 de 2004, integrada por la magistrada Natalia Ángel Cabo, quien la preside, la magistrada Diana Fajardo Rivera y el magistrado Juan Carlos Cortés González. Asimismo, por la Sala Especial de Seguimiento a la Sentencia SU-020 de 2022, integrada por la magistrada Cristina Pardo Schlesinger, quien la preside y los magistrados Jorge Enrique Ibáñez Najar y Miguel Polo Rosero.

Redacción Justicia