Demanda pide $3,17 billones para reparar a contagiados de covid en cárceles

El Tribunal istrativo de Cundinamarca itió para su estudio una millonaria demanda que busca que se declare responsable al Inpec, la Presidencia, la Uspec y el Ministerio de Justicia por los contagios de covid-19 que se han dado en las prisiones del país, tanto en presos, guardias, personal istrativo y sus familiares.

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La acción fue presentada por el abogado Guber Alfonso Zapata Escalante, en representación de José Joaquín Manosalva Neira, un guardián de la cárcel de Leticia que se contagió del coronavirus.

Se trata de una acción de grupo con pretensiones por 3,17 billones de pesos por los daños provocados a 1.620 reclusos, guardianes y personal istrativo de todas las cárceles del país contagiados, así como por 14.580 de sus familiares directos contando esposas, compañeros permanentes, hijos, hermanos, abuelos, entre otros.

La demanda solicita tres millones y medio de salarios mínimos legales vigentes por daño moral, material, afectación o vulneración de bienes y derechos convencional y constitucionalmente amparados por contagios ocurridos desde el 10 de abril de 2020. Además, pide tener en cuenta a toda persona que después de presentada esta demanda se contagie hasta cuando se termine la pandemia.

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El recurso expone que, estando ya en emergencia carcelaria, en abril de 2020 se ordenó el traslado de la cárcel de Villavicencio de ocho reclusos una vez se dio el primer caso. En criterio de los demandantes, esto se hizo sin las debidas precauciones y sin haberles hecho pruebas de covid a los internos. La presunta falla en el servicio se probaría, además, dice el recurso porque la declaratoria de emergencia carcelaria habría sido tardía pues sucedió después del motín y posterior masacre en la cárcel La Picota del 21 de marzo de 2020.

“Pues bien, nueve días después de realizado el traslado de los internos a diferentes cárceles del país, y evidentemente debido a la falta de adopción de medidas de precaución y prevención por parte de las entidades demandadas a pesar de ser conocedoras de la existencia del virus y de que se trataba de una pandemia, el día 10 de abril de 2020, fue confirmado el primer caso de covid-19, dentro de la cárcel de Villavicencio, se trataba de un recluso que falleció el 5 de abril del presente año debido al contagio del virus”, dice la demanda.

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La acción judicial califica de insuficientes las medidas adoptadas por las autoridades carcelarias, en materia de bioseguridad y istrativas para evitar los contagios.

“Desde el 15 de marzo, el movimiento carcelario presentó propuestas, a través de comunicados, con respecto a la urgencia de adoptar medidas para proteger la vida de la población reclusa ante la inminencia del coronavirus, teniendo en cuenta que ninguna cárcel estaba preparada para enfrentar la pandemia, sin embargo, dichas recomendaciones y advertencias no fueron tenidas en cuenta”, insiste el recurso.

El caso está en el despacho del magistrado Moisés Rodrigo Mazabel de la Sección Primera del Tribunal quien limitó el estudio del caso a todos los casos de guardianes de la cárcel de Leticia que se contagiaron y los que puedan hacerlo de aquí a que finalice la pandemia o “que han fallecido o lesionados como consecuencia de dicha enfermedad”. Se suma el personal istrativo de esa prisión, así como sus esposas, compañeros permanentes, hijos, padres, hermanos y abuelos.

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El Inpec, la Uspec y la Presidencia ya respondieron a la billonaria demanda pidiendo al Tribunal desestimar sus pretensiones. La primera entidad dijo que no es responsable de los contagios en prisiones en tanto que el Inpec “no fue el causante ni promotor de la emergencia sanitaria generada por la pandemia covid-19, como tampoco omitió los deberes de cuidado, ni las directrices ordenadas por las autoridades sanitarias para evitar la propagación del nuevo coronavirus”.

El Inpec asegura que el demandante no probó en el expediente que su contagio se haya dado en la cárcel en la que trabaja y aseguró en su defensa que esa prisión tiene un “aislamiento natural territorial” y que a esa prisión no fueron enviados reclusos de la cárcel de Villaviencio. Además, destaca que se entregaron kits de bioseguridad a todos los presos, entre otros. “Resulta irracional pretender atribuir responsabilidad istrativa al Inpec”, dice la respuesta de la entidad.

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“Se debe tener en cuenta que la pandemia generada por el virus covid -19, trata de una situación de dimensión mundial. En ese contexto no da lugar a indicar que el foco del virus, es únicamente en los establecimientos carcelarios. Advierto, que el covid-19, su transmisión, efectos y consecuencias constituyen una fuerza mayor para mí representada”, indicó el Inpec que señaló al tribunal que dicha entidad ni es una EPS, ni tiene en sus funciones la prestación del servicio de salud de los presos y guardianes.

A su turno, la Uspec dijo que no hay elementos que permitan configurar “violación o amenaza del derecho a la salud en conexidad con la vida, en razón a que (dicha entidad) ha cumplido en su totalidad respecto a sus funciones. No se puede señalar como culpable a la Uspec del posible contagio por covid-19 tanto de los funcionarios del Inpec como de las personas privadas de la libertad del ERON de Leticia, en virtud de tratarse de un virus desconocido por el mundo entero con una alta tasa de contagio, la cual ningún país a nivel mundial logro evitar”.

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“Resulta algo irracional tratar de señalar como culpable a la entidad por un contagio de un virus, ya que, si se aceptara de ese modo, entonces todas las entidades estarían a merced, de responder por todos los virus y enfermedades que sea quieren en el diario vivir”, dijo la entidad al Tribunal.

La Presidencia de la República indicó en su respuesta que “no tiene competencias en materia penitenciaria y carcelaria, ni en virtud de sus competencias le corresponde atender las situaciones que se presenten al interior de los Establecimientos Penitenciarios ni Carcelarios, no le consta ninguno de los hechos expuestos en la demanda”.

“La Presidencia no tiene a su cargo el manejo penitenciario y carcelario del país, desde ninguna óptica, carece de competencias sobre ese tema y en lo que al contagio de la Covid-19 se refiere, repito que se trata de una pandemia, en consecuencia, no hay manera en que se pueda endilgar la responsabilidad pretendida en esta demanda", agregó la Presidencia.

La entidad dijo además que "no hay prueba alguna de las afirmaciones del apoderado de los demandantes, en lo que se refiere a mi representada, pues no establece de manera clara e unívoca alguna acción u omisión concreta por parte de esta entidad, para sostener que se le ha causado algún daño en su mínimo vital a las personas del grupo demandante, cuando ni siquiera existe relación entre ellas y mi representada”.

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