El rechazo de la justicia sobre la elección de jueces a través del voto popular

La polémica que se lleva a cabo en México por cuenta de la elección popular de los jueces -ideada por el expresidente Manuel López Obrado-, aterrizó en Colombia luego de que el presidente Gustavo Petro hizo referencia a ese mecanismo para la escogencia de los altos integrantes de la Rama Judicial.

(Lea: ‘No hay que permitir que la política se introduzca en la elección de los de las altas Cortes’: presidente de la Corte Suprema)

Las palabras del primer mandatario se dieron en la noche del lunes 7 de octubre, durante la posesión de la magistrada del Consejo de Estado, Elizabeth Becerra. Durante el discurso, el jefe de Estado dijo: “a veces no se quiere escuchar el voto popular”, y a renglón seguido señaló que “México lo ha sentido tanto que ya lo propuso, la elección popular de jueces. No sé si es el mejor camino, pero no surge de la nada. América Latina está viendo, a lo largo y ancho de su espacio continental, que los deseos de cambio del pueblo no son seguidos por las doctrinas jurídicas, las cuales deben fluir con la vida. Las instituciones no son estáticas”.

El magistrado Hermens Lara, integrante de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá y presidente de la Corporación de Jueces y Magistrados de Colombia, fue uno de los primeros en señalar que una idea como esta en el país afectaría la independencia judicial, pues el poder quedaría en manos de “políticos avezados” que harían lo que les diga el gobernante de turno.

“El origen de los jueces en una democracia es muy importante porque por ejemplo, en Colombia por las acciones constitucionales como la tutela, las personas tienen jueces que le pueden ordenar al mismo Gobierno determinadas conductas, por ejemplo cuando le desconocen las pensiones, la salud, la educación, muchos de los derechos de la gente. El juez de nuestras democracias, por lo menos en Latinoamérica y Colombia, es independiente y autónomo, por eso el Consejo de Estado y la Corte Suprema hacen lo que les corresponde, y la Corte Constitucional es la guardiana de la Constitución y derechos fundamentales que están inmersos. Y así todos y cada uno de los jueces hacemos ese ejercicio”, dijo Lara.

Días antes de que se generara la polémica en Colombia, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, magistrado Gersón Chaverra Castro, en la cuarta edición del Festival de las Ideas 2024, de Prisa Media, señaló que mientras la sociedad colombiana sea consciente del actual diseño de elección de magistrados de las altas Cortes, este “seguirá siendo pilar fundamental de la autonomía y de la independencia judicial”.

“No hay que permitir que la política se introduzca en la elección de los de las altas Cortes, porque mientras el origen de nosotros esté presente, la sociedad colombiana puede estar tranquila que habrá una Rama Judicial independiente autónoma y comprometida con la defensa de los valores democráticos”, dijo Chaverra.

En ese mismo evento estuvo presente el magistrado Milton Chaves, presidente del Consejo de Estado, quien manifestó que se suscribía a las palabras del magistrado Chaverra.

Por su parte, José Gregorio Hernández, exmagistrado de la Corte Constitucional, señaló que no es partidario de esa propuesta. “Eso equivale a politizar la istración de justicia. Ya se ha politizado bastante con la función de postular candidatos, como lo vimos en el caso de la elección del Procurador. Si ahora añadimos elección popular de jueces y magistrados, a nombre de los partidos, acabamos con la independencia e imparcialidad, que son características inherentes a la justicia”.

Por su parte, Kenneth Burbano Villamarín, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Libre de Bogotá, señaló que la elección popular de jueces en Colombia es ajena al mandato constituyente y a los antecedentes judiciales, salvo lo señalado en la Constitución de 1853 que disponía que los magistrados y fiscales de los Tribunales, “serán nombrados en propiedad por el voto popular de los ciudadanos de los respectivos distritos judiciales, y por el término de cuatro años”.

“Considero que esta propuesta o idea debe estudiarse en profundidad conforme a lo que es la historia y la realidad jurídica y social de nuestro país, y no simplemente como réplica de sistemas judiciales de otros países o de lo que ocurre actualmente en México. En Colombia, el de los jueces y empleados judiciales a la carrera judicial se hace por concurso de méritos, lo que garantiza un proceso democrático para ocupar estos cargos. No estoy de acuerdo con la elección popular de jueces, ya que se compromete la independencia del operador judicial, pues finalmente estará mediada por factores o elementos políticos dirigidos a obtener el voto de los electores, es decir juez convertido en candidato, en un político”, dijo el académico.

Miguel Ceballos, profesor del Departamento de Derecho Público de la Universidad Javeriana y exviceministro de Justicia, señaló que el anunciado Acuerdo Nacional “no puede iniciar” sin que el Presidente honre su juramento por respetar la Constitución, y haciéndolo, cumpla con su obligación de respetar la separación y el equilibrio de poderes.

“Politizar la justicia a través de una pretendida elección de los jueces y magistrados por voto popular, es abrir la puerta a un absolutismo presidencial y comenzar un camino que acabaría con la continuidad democrática, que precisamente nuestros jueces y magistrados han garantizado y defendido desde nuestra independencia. Es irresponsable que el Presidente nos lleve a una discusión en la que tendríamos que hablar de campañas electorales de los jueces para ser elegidos, buscando financiación de sus campañas y el respaldo de los caciques políticos en medio del fuego cruzado de grupos armados y crimen organizado”, dijo Ceballos.

Por último, Hernando Herrera, director Ejecutivo de la Corporación Excelencia en la Justicia (CEJ), afirmó que esa idea es "cortarle la cabeza a la justicia para ponerla en el banquete de los politiqueros. (...) Esta idea es sustitutiva de la Constitución, implica derrocar uno de los principales pilares de nuestra democracia, que es que la Rama Judicial permanezca sin influencia alguna y sin infiltración alguna de los otros poderes públicos. La justicia está para controlar a los otros poderes, y no para arrodillarse ante ellos".

Redacción Justicia