Se viene el fallo de la Corte IDH por exterminio de la UP: ¿qué está en juego?

Casi 30 años después, este 30 de enero, a las 9 a. m., la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) dará a conocer su decisión sobre el caso que en diciembre de 1993 interpusieron varios sobrevivientes del exterminio de la Unión Patriótica (UP) para que en estrados internacionales se diera paso a la justicia que en Colombia ha sido esquiva.

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No es un caso menor, según el informe de fondo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), hubo sucesivas y graves violaciones de derechos humanos contra más de 6.000 víctimas integrantes y militantes de la Unión Patriótica desde 1984 y por más de 20 años.

Los crímenes contra la UP tienen capítulos judiciales en la justicia ordinaria, en Justicia y Paz, en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y, ahora, tendrán una sentencia de un organismo internacional.

Aunque el sentido del fallo, así como su alcance, solo se conocerá este lunes, tanto el Estado colombiano como las víctimas de la UP, representadas por la Corporación Reiniciar, están expectantes.

De parte de Colombia, la defensa la llevó la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (Andje). Consultada al respecto, su directora, Martha Lucía Zamora, indicó que solo se pronunciarán después de que se conozca el fallo, aunque confirmó que en este caso el Estado reconoció responsabilidad, pero dijo que no se sabe qué alcance tendrá la decisión del tribunal frente al reconocimiento de víctimas y la indemnización.

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En efecto, en una audiencia pública en febrero de 2021 que duró una semana, la Andje, dirigida durante el gobierno del expresidente Iván Duque por Camilo Gómez Alzate, hizo un reconocimiento parcial y el Estado aceptó su responsabilidad e incluso presentó un video con los nombres de varias víctimas, por quienes hizo minutos de silencio.

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Pero la Agencia insistió en que solo 219 víctimas están debidamente identificadas y acreditadas en el proceso, por lo que consideró que no debe ordenarse una reparación individual a las más de 6.000 víctimas de las que habla el informe de la CIDH, que señala la responsabilidad del Estado en todos esos crímenes.

Así mismo, en ese momento, la Agencia de Defensa Jurídica argumentó que la Corte IDH no tenía competencia para pronunciarse sobre este caso porque en Colombia hay procesos judiciales, y destacó que ya se habían logrado 55 condenas por el exterminio de la UP, había 979 investigaciones activas y 19 sentencias de Justicia y Paz, que en conjunto reconocían a 77 víctimas.

En la otra orilla están los demandantes, que resaltaron el hecho de que el Estado haya reconocido su responsabilidad parcial, pero lo consideran insuficiente y revictimizante al hablar solo de 219 víctimas, comentó la directora de la Corporación Reiniciar, Luz Stella Aponte.

En entrevista, la directora insistió en que las víctimas se mantienen en que el genocidio de la UP, como lo denominan, dejó al menos 6.000 víctimas de distintos crímenes, de las cuales al menos 3.000 serían de asesinatos y desaparición forzada.

“Además, hay un subregistro y como parte de la justicia y verdad que se debe a las víctimas, la decisión de la Corte IDH debería contener una propuesta para determinar de manera conjunta el universo de víctimas”, comentó.

Añadió que aunque son conscientes de que la Corte no podría, por competencia, calificar judicialmente lo sucedido como un genocidio, sí podría caracterizarlo así “en clave de justicia, verdad y no repetición para que nunca más en nuestro país se haga una matanza contra una colectividad por razones políticas”.

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Además, sostuvo que esperan que la Corte IDH fije estándares sobre cómo deben investigarse casos como el de la UP, ya que por décadas ha habido “una impunidad reinante” en todos los sistemas judiciales por los que ha pasado el caso.

Aponte agregó que el Estado, en la mayoría de casos, solo reconoció responsabilidad por omisión, pero en la demanda se señala que hubo una responsabilidad directa.

“Aspiramos a que la Corte pueda decir que el Estado es responsable no solo por no haber impedido asesinatos o no haber previsto que una amenaza se materializaría en un homicidio, sino por participar en la planeación, ejecución y encubrimiento de los crímenes. Así como por la estigmatización que provino de altos emisarios del Estado, que enviaban el mensaje de que los de la UP eran guerrilleros y por eso había que matarlos”.

Más allá de la declaración que haga el tribunal sobre la responsabilidad estatal, es el alcance de la reparación el que más interés genera.

Desde la audiencia de 2021, el Estado insistió en que no se ordenara una reparación económica individual sobre 6.000 víctimas, como lo piden los demandantes, lo cual terminaría representando una cifra muy alta. Los demandantes, por su lado, sí piden una reparación individual, pero no solo de tipo económico, también en salud física y mental.

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Sostuvieron que el exterminio afectó a una persona jurídica, pues los ataques a sus llevaron a que a UP no tuviera su personería jurídica, por lo que ahora esperan que la Corte ordene medidas como unas curules fijas en el Congreso y que, por lo menos por tres periodos electorales, la UP tenga personería de manera automática.

Finalmente, está lo clave, enfatizó Aponte: “El reconocimiento de responsabilidad del Estado, que la Corte declare que el Estado no dio garantías para el ejercicio de los derechos, que se ordene un acto de perdón sincero y adecuado, en cabeza del Presidente”.

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En cualquier caso, tanto el sentido del fallo como a cuántas víctimas reconocerá y cuál será el alcance de la decisión solo se conocerán mañana, cuando la Corte IDH lea su decisión.

Mientras este caso se resuelve en el plano internacional este 30 de enero, de manera interna siguen avanzando investigaciones penales en la justicia ordinaria, pero además en la JEP, en donde hay un caso dedicado a estos hechos.

En el macro caso 06 la JEP determinó un universo de casi 6.000 víctimas identificadas con nombres, cédulas y características de los crímenes, ha escuchado en versiones públicas a comparecientes como los ex generales Miguel Maza Márquez, Rito Alejo del Río e Iván Ramírez, así como a víctimas, y ahora se avanza en la práctica de pruebas, testimonios e inspecciones judiciales.

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En diciembre pasado, además, esta jurisdicción pidió investigar a 16 ex oficiales de la Fuerza Pública por permitir y colaborar de manera activa para teñir de legalidad una falsa desmovilización de integrantes del Epl y de las Farc que realmente engrosaron la filas de las Autodefensas, promoviendo la expansión del paramilitarismo y facilitando llevar a cabo incursiones criminales, incluso con participación del Ejército, en el Urabá, Meta y Guaviare en donde fueron asesinados integrantes de la Unión Patriótica.

MARÍA ISABEL ORTIZ FONNEGRA

Redacción Justicia

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