Farc pide a la Corte que seleccione tutelas sobre amenazas que sufren

Son fallos que les han sido favorables en casos concretos, pero que consideran insuficientes.

Hasta el momento no se han registrado asesinatos dentro de los ETCR, las zonas donde viven los desmovilizados. Foto: Óscar Bernal - Llano Sie7e Dias / Archivo EL TIEMPO

01.10.2020 16:53 Actualizado: 01.10.2020 16:53

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La Corte Constitucional recibió en los últimos días de septiembre una carta firmada por voceros del partido Farc en la cual le piden que seleccione un grupo de tutelas que han presentado y ganado para amparar la protección de la vida y otros derechos de excombatientes con situaciones complejas de seguridad.

Rodrigo Granda, Jairo Estrada y Ronal Rojas, delegados del componente de Farc en la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación del Acuerdo de Paz (Csivi) le piden a la sala de selección de la Corte "la selección de los expedientes" que referencian.

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Le señalan a los magistrados que 230 excombatientes han sido asesinados mientras adelantaban su reincorporación: "Muchos de los homicidios se cometieron en contra de quienes se desempeñaban como líderes sociales, defensores de Derechos Humanos en sus territorios, en labores de implementación o sustitución de cultivos de uso ilícito".

En la carta, que tiene copia a la Misión de Verificación de Naciones Unidas, recogen 11 decisiones judiciales. Las primeras cinco, referidas a las amenazas en la Nueva Área de Reincorporación ubicada en Tallambí, vereda de Cumbal, Nariño, que fue fallada en abril del 2020 por el Tribunal Superior de Pasto.

Otra fue fallada en marzo de este año por el Tribunal Superior de Cúcuta, en referencia a una persona. La siguiente, de junio, es del Tribunal Superior de Pasto también, sobre la situación de una persona excombatiente en Tumaco.

El octavo caso que recogen lo falló el Tribunal Superior de Ibagué sobre una persona que adelanta su reincorporación en Icononzo, Tolima. Esta decisión se falló en junio 17 de 2020. Al día siguiente, el 18 de junio, fue el Tribunal istrativo de Cundinamarca el que falló a favor de un excombatiente ubicado en Charras, Guaviare.

También recogen una decisión de la Sala de lo Contencioso istrativo del Consejo de Estado, del 24 de junio de 2020, sobre un exguerrillero ubicado en San José de Guaviare, y finalmente la decisión del Tribunal Superior de Villavicencio que ordenó medidas de protección a un excombatiente en Vista Hermosa, Meta, el 3 de julio de 2020.

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Los solicitantes explican que estos procesos agrupan casos de "diversos del partido Farc que se encuentran en riesgo como consecuencia de su condición de excombatiente y liderazgo sociopolítico. Les fueron vulnerados sus derechos fundamentales a la vida, seguridad e integridad personal, debido a que, a pesar del riesgo y la urgencia de la protección necesaria, la respuesta estatal era nula, tardía o deficiente".

Agregan que son casos en los cuales se habían aprobado medidas de protección, pero que estas no habían sido implementadas. En otros, el estudio de riesgo no avanzaba a pesar de los riesgos denunciados sobre estas personas.

Todos los fallos fueron favorables a los excombatientes, a excepción de uno por hecho superado. "En este sentido, dan cuenta de la vulneración de los derechos, la gravedad de la situación de seguridad y las demoras institucionales". Además, tienen en común que ordenan a la Unidad Nacional de Protección (UNP) implementar medidas materiales de protección.

Estas son "órdenes judiciales simples", argumentan los peticionarios, pero desestiman las pretensiones de órdenes complejas porque los despachos han considerado que estas exceden su competencia.

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También citan el proceso de medidas cautelares que adelanta la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), en el cual los magistrados le han llamado la atención a las entidades del Estado por considerar que hay desinterés o desarticulación en las medidas.

Las alertas de la Misión de Verificación de Naciones Unidas también son tomadas como argumento para pedirle a la Corte que seleccione estas tutelas y tome una decisión de fondo sobre la situación de seguridad de los ex-Farc.

Entre las decisiones de fondo que le sugieren a los estrados judiciales está que se declare la situación de Estado de Cosas Inconstitucional y que se ordenen medidas integrales al Estado, más allá de los esquemas de protección individual.

En otra carta enviada al defensor del Pueblo, Carlos Camargo, le piden acompañar desde su entidad esta solicitud a la Corte Constitucional.

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