Glifosato: Corte examina participación en creación de plan ambiental

Tutela alega falta de participación de comunidades en la audiencia de presentación del plan.

Fumigación aérea de cultivos ilícitos. Foto: Archivo EL TIEMPO

16.04.2021 14:09 Actualizado: 16.04.2021 15:10

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Este jueves en la mañana, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) dio su visto bueno al Plan de Manejo Ambiental que presentó la Policía Nacional del Programa de Erradicación de Cultivos Ilícitos mediante aspersión aérea con glifosato.

Dicho plan fue presentado en una audiencia pública en Florencia (Caquetá), en diciembre de 2020, en la que, según una tutela, faltó participación de las comunidades.

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La tutela, que está en manos de la magistrada de la Corte Constitucional Gloria Ortiz, fue presentada por José Ilder Benavides contra la Anla por violaciones de derechos fundamentales asociados con la falta de garantías de participación en la creación de dicho Plan. Al despacho ya llegó un concepto de Dejusticia que apunta que, si bien la audiencia se transmitió por emisoras locales, no fue un espacio amplio de debate.

“Solo cinco personeros municipales intervinieron, y apenas cuatro representantes de gobernadores. Esto, para una actividad que se proponen realizar en 104 municipios del país, que cubren 14 departamentos”, indicó Dejusticia, quien pidió a la Corte fallar en favor de las comunidades.

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“(…) amplios sectores interesados no participaron en el espacio por las dificultades de conexión, el momento en el que se celebró fue en medio de una pandemia y, en general, hubo barreras de y falta de garantías para que la participación fuera real y efectiva”, explicó Dejusticia.

El centro de estudios solicitó al alto tribunal enmendar esta situación y hacer un proceso participativo en dos etapas. Una informativa con presencia de la Policía y todos los interesados y una de deliberación con las partes y las comunidades.

Esto, con el fin que se “garantice que las decisiones que se adopten sean plenamente compatibles con las pretenciones de las comunidades y sus derechos humanos, la protección de Constitución Ecológica y la implementación efectiva del Acuerdo Final de Paz”.

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