Presidencia pide audiencia a la Corte por decreto de emergencia económica en La Guajira

El Secretario Jurídico de la Presidencia, Vladimir Fernández, le solicitó a la Corte Constitucional que realice una audiencia pública en el marco del estudio que el tribunal adelanta del Decreto 1085 del 2 de julio pasado, con el cual se declaró el Estado de Emergencia Social y Ecológica en La Guajira.

Ese decreto está en revisión oficiosa de la Corte y en el despacho de la magistrada Natalia Ángel Cabo. 

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La audiencia se pidió para que el Gobierno exponga "en detalle las razones que llevaron al Gobierno nacional a expedir el decreto (...) y profundizar sobre los asuntos que sean de especial interés de esa alta corporación".

El decreto fue expedido, según la argumentación del Gobierno plasmada en el documento, por "la grave crisis humanitaria por la que atraviesa el departamento de La Guajira" que, indicó, "se atribuye, entre otros múltiples factores, a la falta de oportunidades, la corrupción, el cambio climático, las sequías, el fenómeno de la población dispersa (...)"

El decreto también tiene como base la declaratoria del Estado de Cosas Inconstitucional que la Corte Constitucional dictó en el departamento por la situación de desnutrición de la niñez wayúu y la falta de al agua en varios municipios.

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"Migración Colombia informó que en el departamento se han generado, desde la crisis política en Venezuela, diferentes asentamientos urbanos cuya población corresponde principalmente a migrantes venezolanos y colombianos retornados del vecino país. De estos asentamientos se destaca 'La Pista', que cuenta con una población de miles de habitantes y en su mayoría en situación de pobreza y vulnerabilidad extrema, y dada la situación social y económica de los municipios en los que se encuentran, como Maicao, Riohacha, Uribía, Manaure y Fonseca, torna la problemática social de La Guajira más compleja y genera un mayor impacto social que en el resto del país", dice el documento.

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El Estado de Emergencia le permite al Gobierno dictar decretos legislativos y tomar medidas para solucionar los elementos de la crisis que describe. La Corte Constitucional debe verificar si las razones que se alegaron no se podían contrarrestar en un escenario de normalidad y si se cumplieron los requisitos para declarar un estado de excepción.

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