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'La intervención de la EPS Sanitas somete al país a un riesgo litigioso de índole internacional', dice un exministro de Justicia
En el Consejo de Estado avanza el estudio formal de tres demandas, entre ellas una del partido Cambio Radical, contra la resolución de la Superintendencia de Salud que ordenó la intervención y la toma de posesión de la EPS.
Fachadas de las sedes de Sánitas EPS en Bogotá. El Consejo de Estado estudia tres demandas contra su intervención forzosa. Foto: Juan David Camacho / El Tiempo
EDITORAActualizado:
El Consejo de Estado estudia formalmente tres demandas que piden anular la resolución del 2 de abril de 2024 con la que la Superintendencia de Salud, a cargo del médico cirujano Luis Carlos Leal, ordenó la intervención forzosa y la toma de posesión de la EPS Sanitas.
Una de las demandas itidas la presentó el Partido Cambio Radical, otra el exministro de Justicia Wilson Ruiz y la tercera el comunicador social y afiliado a Sanitas César Augusto Pizarro. En las tres acciones han sido denegadas las solicitudes de medida cautelar que piden suspender los efectos de la intervención.
"Se precisa que la toma de posesión para istrar no es un proceso sancionatorio, sino una de las medidas cautelares con que cuenta la Supersalud para corregir las inconsistencias advertidas dentro de sus funciones de inspección, vigilancia y control", advirtió el Consejo de Estado en el auto que denegó la medida cautelar solicitada por el partido al que pertenece el exvicepresidente Germán Vargas Lleras.
(Lea también: Notifican disputa internacional por la intervención forzosa de la EPS Sanitas: en diciembre se sabrá si demandarán al Estado)
Las demandas en la jurisdicción contencioso istrativa se suman a la tutela que acaba de seleccionar la Corte Constitucional, que revisará si se vulneraron derechos con la intervención de la EPS; y a la notificación de disputa internacional que realizaron, en el mes de septiembre, las empresas españolas Centauro y Natanor, dueñas del Grupo Keralty, como reveló EL TIEMPO.
El dueño global de Keralty, Joseba Grajales. Foto:EL TIEMPO. Captura de pantalla.
"El grupo empresarial Keralty como inversionista no esperaba una intromisión en su actividad e iniciativa privada que históricamente ha gestionado adecuadamente los recursos como se puede concluir de los mismos indicadores aportados por la SNS en el acto istrativo demandado", indica la demanda del exministro de Justicia Wilson Ruiz.
"La intervención istrativa a la que fue sometida la EPS SANITAS S.A.S es una abierta medida expropiatoria que solamente produce incertidumbre a los asociados del Estado que lleva al traste los tratados internacionales de protección al inversionista y somete al país a un riesgo litigioso de índole internacional", agregó la acción judicial de Ruiz.
La demanda de Cambio Radical
Bancada de Cambio Radical Foto:Prensa Cambio Radical
En su demanda, el Partido Cambio Radical cuestionó que meses antes de la intervención el gobierno hubiera acreditado que Sanitas cumplía con los requisitos legales para su funcionamiento.
“[…] reconoce que el 23 de agosto de 2023 SANITAS S.A.S. cumplía plenamente con los requisitos legales para su funcionamiento tanto así que renovó su autorización de funcionamiento por 5 años y en menos de 8 meses evidencia incumplimiento de ley (Que no evidenció en el trámite de renovación) configurándose las causales de toma de posesión de violación de los estatutos o alguna ley y que no cumple con los requerimientos mínimos de capital de funcionamiento previstos en el artículo 80 del Estatuto Orgánico del Sistema financiero”, advierte la demanda del partido.
Cambio Radical también advierte que la toma de posesión de la EPS se efectuó sin tener en cuenta un concepto técnico que "al parecer fue presentado ante el Comité de Medidas Especiales el 2 de abril de 2024". Y cuestionó que la Supersalud decidiera no remover al revisor fiscal de la EPS pese a las críticas por sus finanzas.
El partido también sugiere que el presidente de la República, Gustavo Petro, intervino la EPS por supuestos intereses políticos. “[…] el señor Presidente de la República en su ejercicio constitucional del artículo 189, numeral 22 a través de la Superintendencia Nacional de Salud, expidió el acto istrativo no en el marco de una actividad de intervención como aparenta serlo, sino bajo un interés político ante el hundimiento de la reforma a la salud", agrega la acción judicial sobre una supuesta desviación de poder.
Gustavo Petro, presidente de Colombia. En la demanda de Cambio Radical se señala que incurrió en una "desviación de poder". Foto:Presidencia
La demanda del exministro de Justicia Wilson Ruiz
El exministro de Justicia del gobierno de Iván Duque, y expresidente del Consejo Superior de la Judicatura, Wilson Ruiz, también demandó la resolución de intervención de la EPS Sanitas alegando que ella incurrió en desviación de poder, falsa motivación y desconocimiento de los principios de confianza legítima, debido proceso, seguridad jurídica.
Ruiz, además, asegura que el agente interventor designado para la EPS, Duver Vargas, "no cuenta con la suficiente experiencia para este cargo". También se refirió al incumplimiento de los indicadores financieros de la EPS Sanitas advirtiendo que “solamente existe una dificultad con las reservas técnicas en las vigencias 2021 a 2023” que asocia a la crisis financiera del sistema de salud.
Ruiz habla de la intervención como "una abierta medida expropiatoria que solamente produce incertidumbre a los asociados del Estado que lleva al traste los tratados internacionales de protección al inversionista y somete al país a un riesgo litigioso de índole internacional el contexto de la no aprobación de la reforma a la salud, sin los presupuestos fácticos que la justifiquen, son muestra del abuso de la función de policía delegada por el legislador en el ejecutivo […]".
Supersalud le responde al exministro Ruiz que su acción "denota un interés particular a favor del Grupo Keralty"
En respuesta a la demanda que presentó el exministro Ruíz, la Superintendencia de Salud aseguró que "no se evidencia que el fin perseguido por los demandantes sea la protección del sistema de salud, sino, por el contrario, se denota un claro interés particular a favor del grupo empresarial Keralty, dueños de la EPS intervenida".
En el trámite de las demandas que actualmente se estudian el agente interventor de la EPS Sanitas, Duver Vargas, ha asegurado a través de un apoderado que aún con la intervención se sigue garantizando la prestación de los servicios de salud de manera integral sin que de presente suspensión o barrera alguna en los mismos.
La última palabra sobre el pleito en contra de la intervención, adoptada por el gobierno de Gustavo Petro para prevenir un colapso financiero en la esta EPS que perjudique el derecho a la salud de sus 5.7 millones de s, la tendrán las altas cortes.
ANA MARÍA CUESTA
Editora de justicia [email protected]
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