Las claves del debate en la Corte Constitucional por el manejo del monopolio del aguardiente en Colombia

En una jornada que contó con la presencia de varios funcionarios del Gobierno Nacional, la Corte Constitucional realizó una audiencia pública para hablar sobre el monopolio rentístico del aguardiente en los distintos departamentos de Colombia, el cual desde el año pasado tiene un par de demandas encima para modificarlo.

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En el centro de la discusión está el pedido al alto tribunal de que tumbe los dos primeros incisos del artículo 28 de la Ley 1816 de 2016, que le permite a cada departamento que fabrica aguardiente restringir la venta de otras bebidas de este tipo hasta por seis años, únicamente cuando se trate de una "amenaza de daño grave a la producción local". 

Debido a esta norma, en varias ciudades del país no se venden reconocidas marcas de aguardientes típicas de otras regiones que se comercializan en el mercado. Un ejemplo de lo que pasa en varias regiones es que el aguardiente amarillo de Manzanares, fabricado por la Industria Licorera de Caldas, no se distribuye en Cundinamarca debido a una prohibición de comercialización. Y es que la ley le da una salvaguarda a las industrias locales de cada departamento sobre las de afuera, lo que genera comentarios encontrados entre gobernantes y empresarios.

Es por ello que se acudió a la justicia, que en la Corte tuvo este lunes a Jorge Enrique Ibáñez como el magistrado ponente que lideró la audiencia pública en Bogotá. Lo que hizo la magistratura fue acumular esas demandas en un solo paquete y convocar a una audiencia pública para escuchar los argumentos de cada una de las partes, entre ellas el Ministerio de Hacienda. Fue así como en la sesión tomó la palabra el abogado Julio Andrés Ossa, uno de los demandantes.

Según él, el debate sobre el monopolio rentístico del aguardiente es más que económico. "Es hasta dónde puede llegar el legislador en la restricción de la libertad humana y qué legitimidad tienen las entidades territoriales para prohibir la libre competencia, la iniciativa privada, la libertad económica y la propia libertad de la elección de los individuos", dijo.

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En su intervención, también invitó a pensar qué pasaría si con otro producto se hace lo mismo: se impide su comercialización por departamentos. Según él, eso afectaría no solo la libertad económica, sino la capacidad de elección de cada ciudadano.

Una segunda demanda vino por cuenta de Jorge Sánchez Medina, quien mostró cifras en las que buscó argumentar que desde que los incisos del artículo 28 se crearon -en 2016-, los departamentos han dejado de reportar ventas de hasta un 21 por ciento. Distinto, según él, pasa donde sí se ha permitido el libre mercado de esta bebida embriagante, donde han aumentado las ventas en 35 por ciento.

El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, participó de la audiencia pública para aclarar que él no tiene que ver en los ingresos que reciben los municipios por esta actividad.

En sus cuentas resaltó que siete -más Bogotá- de 32 departamentos producen aguardiente. Estos son Cauca, Cundinamarca, Antioquia, Valle del Cauca, Boyacá, Tolima y Caldas. Asimismo, otros seis departamentos tienen el derecho de ejercer este monopolio pero no producen, es decir solamente maquilan lo hecho por otras empresas.

"Desafortunadamente, para efectos de lo que hoy tiene discusión, la salud se financia con el vicio, eso no debería suceder en Colombia ni en ninguna parte del mundo, pero lo que tiene claro es que tener el monopolio de los licores significa un ingreso que tarde o temprano una parte de él se va a financiar la salud, aunque la salud no sólo se financia con esto", explicó el alto funcionario del Gobierno.

Un funcionario de esa cartera, exactamente Néstor Urrea, director de Apoyo Fiscal, manifestó que la plata que resulta del monopolio del aguardiente va a parar a distintas actividades: 3 por ciento al deporte, 37 por ciento a la salud y otro 60 por ciento a la salud. Además, otra parte de la plata va a financia la educación.

Una de las personas que más ha estado pendiente de este debate es Pablo Felipe Robledo, quien fue superintendente de Industria y Comercio hace algunos años. Para él como demandante (junto a Jorge Sánchez) si esta norma sigue en pie, va a continuar el mencionado monopolio, añadiendo que si la Corte Constitucional.

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A su turno, Gabriel Ibarra, experto en derecho de la competencia, dijo que hay estándares de la Organización Mundial del Comercio (OMC) que exigen requisitos nunca contemplados en la ley. "Primero, se exige que quien invoca la salvaguardia, dé un plan de ajuste porque puede haber ineficiencias estructurales que la han llevado a eso, y tiene que demostrar que esas ineficiencias no son la causa, y si lo son tiene que acometer un plan de ajuste". En segundo lugar, el experto dijo que debe haber una compensación a los afectados.

Los gobernadores como cabezas de la istración departamental también estuvieron en la audiencia. Dilian Francisco Toro, mandatario del Valle del Cauca, resaltó que "es importante decir que en el efecto de esa suspensión, el mayor impacto lo tendrá la Industria de Licores del Valle, que es el organismo a través del cual el departamento explota el monopolio rentístico de licores".

Y añadió que "al enfrentarse a una apertura de fronteras que permita la entrada de otros aguardientes a la jurisdicción en las actuales condiciones, podría significar una fuerte disminución en las ventas y llevar a la industria a un declive financiero importante".

Por su parte, Jorge Emilio Rey, gobernador de Cundinamarca, explicó que reducir ingresos a los departamentos provoca una herida importante en áreas como la educación y salud. "Cundinamarca ha recibido durante los últimos 10 años por concepto de recursos de capital 408.000 millones de pesos, no es una cifra menor, es bastante importante. Y en los próximos 10 años producto de nuestra empresa de licores de Cundinamarca transferidas como recurso de capital tendremos 550.000 millones de pesos", anotó, añadiendo que hay un plus valor para el departamento cuando se vende una botella de aguardiente local, ya que se reciben adicionalmente 3.210 pesos.

"El consumo es elástico, altamente sustituible, el consumidor no se priva del consumo del aguardiente por no encontrar su marca predilecta. Nadie en el mundo deja de rumbear porque una marca X o Y exista en el mercado y sale furioso a su casa a tomar té", indicó el gobernador, que contó que Cundinamarca y Bogotá tiene 18 marcas de aguardiente que se distribuyen en el mercado.

Otra es la postura de Henry Gutiérrez, gobernador de Caldas, quien dijo que esto se trata de acceder a un derecho de acceder a un mercado abierto y competitivo, y por eso se preguntó "por qué el Estado a través de los gobiernos departamentales debe decidir qué tipo de aguardiente consumir. ¿No somos los ciudadanos la capacidad de elegir libremente el aguardiente que deseamos sin imposiciones, tal como lo hacemos al escoger cualquier producto en un establecimiento de comercio? 

Esteban Ramos, gerente de la Fábrica de Licores de Antioquia (FLA), anotó que semanas atrás ya había decantado su postura en este caso. "La dinámica generada en el mercado de licores a partir de la Ley 1816 de 2016 dotó a los departamentos de una herramienta para proteger la producción local de licores y en Antioquia ha demostrado la importancia. Las rentas se fortalecieron después de la entrada en vigor de la salvaguardia", dice el oficio enviado a los magistrados. 

Las cifras de ellos reflejan que en el recaudo de impuesto por la venta de aguardiente de la FLA, aparece que en Antioquia en 2021 ascendió a 226.152 millones de pesos, en 2022 a 233.843 y el año pasado a 345.578 millones.

¿Qué dice la Procuraduría en este debate? En un concepto enviado el 22 de julio, la procuradora Margarita Cabello explicó que "la demanda no está llamada a prosperar, porque la Constitución no impide que se establezcan monopolios de mercado u oferta en materia de licores y, en el caso específico de la medida cuestionada, es claro que se trata de un mecanismo de protección de las finanzas de los departamentos que responde a criterios de razonabilidad y proporcionalidad".

Con todos estos argumentos respaldados con cifras, el despacho del magistrado Jorge Enrique Ibáñez pasará a evaluar las dos demandas que interpusieron los tres ciudadanos. Para ello, el togado solicitó a los intervinientes enviar sus declaraciones.