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Entrevista
‘El país tiene que sentir que pasó la página y no que los procesos se eternizan, sería como dejar abierta la herida de la guerra’
Roberto Vidal, presidente de la JEP, defendió al tribunal y habló de las expectativas del país de que haya sanciones sin retrasos.
El magistrado Roberto Vidal, quien culminará su periodo como presidente de la JEP este mes, dice que en el tribunal transicional están trabajando a todo vapor para terminar las investigaciones. Foto: Néstor Gómez. EL TIEMPO
PERIODISTAActualizado:
En medio de tensiones con el Gobierno, que ha hablado de buscar su “cierre”, y de cara al desfinanciamiento para ejecutar las sanciones que impondrá la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), su presidente, el magistrado Roberto Vidal, habló sobre el apoyo que requieren para terminar su trabajo en 15 años y responder a las demandas de las víctimas. Vidal, quien culminará su periodo como presidente de la JEP en pocos días, también se refirió a los desafíos que enfrentará quien lo suceda.
Denunciaron que el Gobierno recortó presupuesto para la implementación de las sanciones que impondrán, ¿cómo siguió ese tema?
Hemos estado en o con el Gobierno y estamos pendientes la semana entrante de hablar con la Presidencia de la República y creemos que se están abriendo condiciones para revisar el tema. Somos conscientes de que el contexto presupuestal es complejo y tenemos toda la disposición para que ellos puedan tomar las mejores decisiones teniendo en cuenta una cuestión básica: nosotros no estamos buscando fondos para que se los manden a la JEP, son fondos que tiene que ejecutar el Gobierno para cumplir las sentencias que nosotros impartamos.
¿Han hablado con la I?
No hemos tenido una comunicación particular al respecto, pero el fiscal de la Corte Penal Internacional (I) viene a la COP16. Ese va a ser un espacio para socializar estas situaciones, siempre hemos contado con el apoyo del fiscal de la I para estos asuntos. Además, vale la pena recordar que el Gobierno sigue avanzando en tener una oficina de la I en Colombia, entonces digamos que con la I lo que pensamos es que más que un gran censor del Estado colombiano en estos casos, lo que nos ayuda mucho es el apoyo institucional para mantener las condiciones que se requieren para seguir trabajando.
Karim Khan fiscal de la Corte Penal Internacional. Foto:Reuters
¿Qué otros apoyos internacionales han tenido?
El modelo de la JEP es muy intensivo, tanto en elementos del derecho internacional como en relaciones con la comunidad internacional. La negociación del acuerdo tuvo acompañantes internacionales, el acuerdo está depositado en el Consejo de Seguridad de la ONU, que abrió la oficina de la Misión de Verificación; también está el trabajo con la MAPP/OEA, y nosotros trabajamos mucho con el sistema de Naciones Unidas. Para nosotros la relación con la cooperación internacional es fundamental y eso incluye a la I, el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, el sistema de Naciones Unidas, la Unión Europea, entre otros.
Con todo lo que ha pasado, ¿cree que el gobierno del presidente Gustavo Petro quiere afectar el trabajo de la JEP?
Se ha entendido que la estabilidad de los acuerdos del 2016 es fundamental para este y para todos los gobiernos que vengan, y que la columna vertebral de esa estabilidad es la JEP. Eso le importa al Gobierno y defendernos es un asunto de interés nacional
El tema de la paz para todos los gobiernos es un tema muy complejo. En este Gobierno, uno encuentra posiciones distintas al mismo tiempo. Por un lado, el presidente Petro ha sido muy sensible al trabajo de la JEP y nos ha ofrecido los recursos para tener los equipos que permiten que la JEP termine sus funciones dentro del tiempo determinado.
Pero al mismo tiempo, ha habido debates paralelos sobre las fórmulas jurídicas que este gobierno puede diseñar para articular sus proyectos de ‘paz total’ y ahí aparecen los debates que promovió en su momento el ex canciller Álvaro Leyva sobre un tribunal de cierre. Todo al mismo tiempo. Pero yo creo que se ha ido resolviendo en la medida en que se ha entendido que la estabilidad de los acuerdos del 2016 es fundamental para este y para todos los gobiernos que vengan, y que la columna vertebral de esa estabilidad es la JEP. Eso le importa al Gobierno y defendernos es un asunto de interés nacional.
Gustavo Petro, presidente de Colombia. Foto:Presidencia
Las críticas del Gobierno a la JEP han sido recogidas por líderes de Comunes…
Siempre hemos sido receptivos a las críticas, pero las recibimos con beneficio de inventario. Hay críticas que encontramos razonables a partir de las cuales hemos tomado medidas concretas, reconocemos siempre que ellos han sido leales a sus obligaciones en un contexto que no es nada fácil, que pasa por el asesinato de más de 400 firmantes de paz. En otras de sus advertencias nos apartamos. En general, somos receptivos, pero teniendo en cuenta que nosotros no estamos en la posición que tuvo el Gobierno de ser negociadores con las Farc, sino que somos la autoridad judicial competente a la que ellos están sometidos.
Desde la firma del acuerdo de paz han sido asesinados más de 400 firmantes de paz. Foto:Joaquín Sarmiento. AFP
Resalta la lealtad de los excombatientes, ¿ellos han cumplido con sus compromisos?
Ha habido una voluntad de la dirigencia de Comunes y del conjunto de los firmantes de hacer un proceso de paz, que ha sido exitoso. Ellos ahora son un partido político y están integrados en la democracia. Respecto a las obligaciones con nosotros, la inmensa mayoría de los de las antiguas Farc han cumplido sus obligaciones. Por supuesto que bajo los contextos de guerra que seguimos viviendo algunos se han ido a las disidencias, pero es un porcentaje muy reducido.
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¿Y los comparecientes de la Fuerza Pública?
También, ellos han ido entendiendo que la jurisdicción y los acuerdos les ofrecen una oportunidad para resolver los problemas jurídicos en los que muchos se vieron involucrados durante el conflicto. Y han entendido en su inmensa mayoría que este es un espacio donde se hacen aportes a la verdad, al reconocimiento de responsabilidades y al encuentro con las víctimas. De hecho, estamos viendo en este momento la creación de varias organizaciones de militares dedicados a labores restaurativas, encontrando una reintegración a la sociedad civil. Es un resultado extraordinario. En las Farc, el reconocimiento es del 100 %, en la Fuerza Pública es del 90 %, lo cual no es muy distinto.
En agosto de 2024 en Neiva, Huila, 74 comparecientes de la Fuerza Pública reconocieron públicamente en una audiencia de la JEP su participación en 'falsos positivos'. En la foto, telares en conmemoración de las víctimas. Foto:Juan Camilo Velandia-JEP
La JEP ha dicho que no quiere prórrogas, ¿se mantienen en el plazo de 15 años?
Sí, claro. Hemos diseñado la jurisdicción para cumplir con esa temporalidad que fijaron los acuerdos, porque creemos que es importante para el proceso de transición. El país tiene que sentir que pasó la página y no que los procesos se eternizan en el tiempo y se quedan como una causa que no se puede cerrar nunca. Sería como dejar abierta la herida de la guerra.
La Corte Constitucional definió que la JEP no es competente sobre exparamilitares como Salvatore Mancuso, ¿queda completamente cerrada la puerta para recibir a ‘paras’?
Nunca fue una pretensión de la jurisdicción arrebatarle la competencia a Justicia y Paz. Aquí lo que está de fondo es la demanda de las víctimas por la verdad
Nosotros obedecemos y cumplimos las decisiones de la Corte Constitucional. Ahora, detrás de esto, más que una disputa por quién juzga a quién, el problema de fondo es un compromiso por la verdad. Nunca fue una pretensión de la jurisdicción arrebatarle la competencia a Justicia y Paz. Aquí lo que está de fondo es la demanda de las víctimas por la verdad. Lo que vendrá ahora será buscar el camino para llegar a la información de los paramilitares en vínculo con los actores que nosotros sí juzgamos, como militares o terceros.
El exjefe paramilitar Salvatore Mancuso durante el evento. Foto:Presidencia
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¿Entonces no está del todo cerrada la puerta?
Nosotros no necesitamos ser la autoridad que juzgue a los paramilitares, necesitamos el a las verdades de ellos. Hay formas más sencillas de llegar a este propósito. Por ejemplo, tener a las declaraciones que han ofrecido por 17 años, otra es que esas personas concurran a la JEP como testigos, o que vayan a Justicia y Paz y que ellos nos compartan la información que podría ser útil para nosotros. Hay muchas vías. Nosotros tenemos una preocupación seria y debemos encontrar, de una manera creativa jurídicamente, los s a la verdad del conflicto, porque esa es una solicitud de las víctimas.
Dejusticia publicó un informe en el que expone que los retrasos en las sanciones afectan los derechos de las víctimas, ¿cómo responde a esto?
Compartimos las preocupaciones que tienen. Algunas de las cosas que exponen la hemos ido resolviendo y en otras nos dan pistas para resolverlas. Nosotros vemos el informe de una manera muy positiva porque los principales preocupados por que la JEP muestre los resultados somos los magistrados y los de la institución.
El expresidente Juan Manuel Santos les pidió que no continúen con una actitud maximalista en la aplicación de la justicia, ¿cómo reciben esto?
Nosotros siempre hemos respetado las posiciones del presidente Santos como artífice de los acuerdos. Desde la perspectiva en la que lo vemos, advirtiendo que es una preocupación legítima la que tiene, es un asunto complejo. Es un tema que conduce a una herramienta que tenemos los jueces, que es la ponderación. La justicia de la JEP tiene que ser célere, oportuna y concentrarse en los máximos responsables. Esto lo tenemos que ponderar con el principio de la jurisdicción, que son los derechos de las víctimas. Tenemos 400.000 víctimas y mil organizaciones que nos están haciendo exigencias de reconocimiento y de reparación a las que no podemos ser indiferentes.
Juan Manuel Santos en el acto conmemorativo del quinto aniversario de la firma del acuerdo de paz con las Farc. Foto:César Melgarejo. EL TIEMPO
Usted está próximo a terminar su periodo como presidente de la JEP, ¿cuál será su legado?
Hay tres cosas clave. La primera, fortalecer la jurisdicción. Tuvo una reorganización, un proceso de búsqueda de recursos y fortalecimiento institucional para cumplir con la estricta temporalidad. La segunda es haber garantizado los mecanismos de la justicia restaurativa. Profundizamos los mecanismos de participación de las víctimas. Y la tercera es haber consolidado el lugar institucional de la jurisdicción dentro del país… ese reconocimiento público que requiere la JEP como una alta corte, que ha derivado en un reconocimiento internacional importante. El mundo nos ve con interés y con respeto.
¿Qué retos deja?
Uno de los desafíos es que podamos terminar la obligación de investigar, juzgar y sancionar los más graves crímenes, los 11 macrocasos que tenemos. Estamos trabajando a todo vapor para terminar investigaciones sumamente complejas. Dos, que en ese plazo los juicios se desarrollen y produzcan decisiones. Tres, lograr una articulación entre la JEP y el Gobierno de tal manera que ambos cumplan sus obligaciones. Y un último reto, articular a la JEP con los proyectos de paz del país.
Instalaciones de la JEP en Bogotá. Foto:JEP
¿Conocerá el país este año las primeras condenas?
Según nuestros cálculos, las sentencias deberían estar para este año, pero los procesos están sujetos al ejercicio de los derechos de las partes. Por ejemplo, en el caso de los juicios con reconocimiento, todo el mundo creía que iban a ser muy pacíficos y lo que vimos fueron juicios muy intensos, en los que las partes han solicitado nuevos aportes de verdad, más reconocimiento, donde los comparecientes también han interpuesto recursos… Eso no es previsible y toma tiempo. Por supuesto, no estamos hablando de años, calculamos que sean meses, pero no podría asegurar que este año haya una sentencia.
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¿Cómo va la puja para elegir a su sucesor?
Tenemos magníficos candidatos: la magistrada Rainere Jaramillo, el magistrado Alejandro Ramelli, ambos de la Sección de Ausencia de Reconocimiento y quienes conocen la JEP al detalle y son muy creativos. Y por otro lado, también presentó su candidatura el magistrado Danilo Rojas, miembro de la Sección de Apelación, con una enorme experiencia judicial. Esas pujas son muy interesantes y veremos el resultado en dos semanas.
MARÍA ISABEL ORTIZ Y SARA VALENTINA QUEVEDO
Redacciones Domingo y Justicia
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