El reclamo de verdad y justicia de dos hombres que se salvaron de ser ‘falsos positivos’ del Ejército en Huila

Entre 2005 y 2008, al menos 200 personas fueron asesinadas y presentadas como bajas en combate por cuatro unidades militares en Huila, esos homicidios fueron ejecuciones extrajudiciales, según la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), que también ubicó a ocho personas que sobrevivieron a convertirse en una más de esas cifras y que en agosto escucharon en una audiencia de la JEP a 74 comparecientes de la Fuerza Pública reconocer su participación en estos crímenes. EL TIEMPO conversó con dos de los sobrevivientes, quienes contaron su historia y sus reclamos de verdad y justicia.

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En la madrugada del 8 de enero del 2006, cuando volvía de una fiesta con Hortensia Neyid Tunja (17 años) y Manuel Tao Pillimué (21 años), William Cunacué escuchó las ráfagas de fusil que acabaron con la vida de sus amigos, y que lo dejaron a él herido en las piernas y los brazos. Cuando militares les dispararon por la espalda los tres campesinos iban en una moto desde la vereda Belén, en La Plata, Huila, hacia San Antonio, en Inzá, Cauca, dos veredas en distintos departamentos a las cuales las separa un río.

“Ellos disparan y nos caemos de la moto, fueron ráfagas y nos quedamos en el piso hasta que dejaron de disparar. Manuel era quien venía de parrillero y le pegaron a él primero; Hortensia estaba en medio, yo le alcancé a coger la mano y ella dijo ‘me pegaron’, cuando la vuelto a tocar ya estaba quieta. Yo intenté mover la moto para irme pero luego pensé que si hacía ruido, nos volvían a disparar, entonces me salí y crucé la carretera”, recordó Cunacué.

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Para ese momento él tenía 24 años y solo pensaba en salir de ahí: “Al comienzo no me di cuenta de que estaba herido, pero a los 100 metros de camino me caí y sentí el frío y el barro, porque estaba lloviendo, sentí que me ardieron los brazos y las piernas. Como pude seguí caminando más o menos 40 minutos hasta San Antonio, a la casa de la tía de Hortensia, y le conté lo que había pasado”.

Aunque sobrevivió, el horror para Cunacué no había terminado. De San Antonio lo llevaron a un puesto de salud pero alguien les advirtió que los militares estaban buscando al herido, por lo cual tuvo que seguir huyendo con su madre, abordando un bus a La Plata, en Huila, en donde fue llevado a un hospital para ser operado por sus heridas. Hasta ese hospital fueron a buscarlo los uniformados, que rodearon el centro médico diciendo, falsamente, que adentro había un guerrillero, misma acusación que hicieron sobre Hortensia y Manuel, cuyos cuerpos y escena del crimen fueron acomodados por los uniformados para presentarlos como guerrilleros.

“Al otro día casi me matan en el hospital, entró un militar con la mano bajo el buzo y creo que si justo en ese momento no hubiera estado una enfermera haciéndome una curación, me hubiera matado. Después de eso comenzó un proceso en la Fiscalía porque me acusaron de rebelión, me llevaron a un calabozo de la Policía, me tuvieron dos días esposado, luego volví al hospital, y después me llevaron a la cárcel”, contó.

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Si bien salió de la cárcel, Cunacué tuvo que empezar a vivir su vida escondiéndose porque seguían buscándolo y porque por cuatro años tuvo un proceso judicial abierto por las mentiras que sobre él dijeron los militares.

“Mantenía volteando porque había gente rondando la casa. En un punto la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz me llevó a vivir a Bogotá a una casa de monjas y curas, dependía de los demás y no tenía a nada. En un momento yo decidí volver a Huila, aunque seguía escondido hasta que al final dijeron que el proceso judicial se había cerrado y ya no tenía problema de que me cogieran”, recordó.

Además de las secuelas emocionales y físicas por las heridas en las piernas, un brazo y la nariz, Cunacué, quien hoy tiene 44 años de edad, sigue sin saber quiénes le dispararon y quiénes mataron a sus amigos. 

En la JEP ha hablado al menos uno de los militares que participó de la operación, pero sostuvo que estaba a cargo del visor nocturno pero que no les disparó. De otro lado, el sobreviviente dijo que tampoco ha salido a contar la verdad el ‘reclutador’ que los habría señalado al Ejército para ser asesinados, quien vive en su misma vereda y para la época de los hechos era militar.

Aladino Ríos tenía 31 años cuando, el 15 de agosto de 2007, sintió la muerte de cerca luego de que militares lo subieron a una furgoneta junto con Albeiro Hernández Cerón, los llevaron a la vereda Silvania, en San José de Isnos, los amarraron y les dispararon.

Ese día Ríos, quien vivía en Pitalito, había recibido una invitación de Alfredo Muñoz Botina para que lo acompañara a dejar un encargo a una finca ubicada en la vía a San Agustín. Muñoz era amigo suyo pero fue el reclutador que los entregó al Ejército.

“Él dijo que lo acompañara a una finca a dejar un encargo y que luego nos devolvíamos a tomar cerveza. A las 6 pm nos recogió un carro en el que íbamos Albeiro, Alfredo y dos personas más. A 500 metros estaba el Ejército, nos bajaron del carro y nos subieron a un furgón, y seguimos el recorrido, eran eso de las 10 p. m. cuando nos bajaron y nos amarraron”, recordó.

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Él estuvo amarrado junto a Albeiro hasta las 12:30 a. m., cuando uno de los soldados lo desamarró y lo llevó a la orilla de la carretera, mientras caminaban el uniformado le preguntó que por qué no se iba para la guerrilla y sin más palabras, le disparó dos veces en el hombro derecho.

“Yo caí al piso, le dije ‘me mató’, otro soldado le dice que se retire del pie mío. Yo me toco las piernas y en ese momento pienso que puedo correr, me levanté y corrí como 5 metros cuando ellos dijeron ‘se nos voló’ y empezaron a dispararme con un arma larga. Cuando me había alejado unos 170 metros las balas me impactaron los testículos, yo me tiré por un abismo y quedé en un hueco. El soldado corrió a la parte alta de donde yo rodé, miró pero no me vio y se devolvió. Horas después mataron a Albeiro”, dijo el sobreviviente.

Cuando Ríos logró salir del hueco, pese a sus heridas caminó por unos 4 kilómetros hasta encontrar una casa a un lado de la carretera. La dueña lo dejó pasar la noche y al otro día lo llevaron a otro “pueblo” a buscar atención médica porque en el suyo los militares lo buscaban para “terminar el trabajo”.

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Escondiéndose de los militares, dos semanas después denunció los hechos en la Personería, luego en la Fiscalía y la Procuraduría. Ríos lleva buscando justicia 17 años, en los cuales intercedió para que el expediente no pasara a la Justicia Penal Militar, e incluso, en 2010, se reunió en la Casa de Nariño con el entonces presidente Álvaro Uribe Vélez para denunciar los hechos, aunque su respuesta fue que no podía ser posible que militares mataran a campesinos, según lo recuerda. “Yo quisiera preguntarle al señor Uribe qué responde ahora que 74 comparecientes aceptaron que sí mataron a campesinos inocentes?”, dijo.

Casi dos décadas han pasado desde que William Cunacué y Aladino Ríos se salvaron de ser asesinados por el del Ejército y ambos coinciden en que les falta conocer más verdad sobre los hechos y que otros involucrados en los mismos sean llamados a responder.

“La expectativa mía es que se haga justicia, que todos los involucrados comparezcan y que se llegue a lo más alto, esto no es solo una manzana podrida ni un solo departamento, esto es un problema de Estado. Espero que se descubra la verdad y que los involucrados de todos los niveles den la cara, así nadie vaya a una cárcel”, dijo Ríos.

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Añadió que la reparación también pasa porque sean reconocidos como víctimas en todas las instancias del Estado, no solo en la JEP, sino también ante la Unidad de Víctimas y en las demandas istrativas que llevan adelante para buscar una reparación del Estado.

“En las demandas hay jueces que nos revictimizan y dicen que hubo combates cuando los comparecientes han reconocido que no fue así, ¿qué va a pasar con las víctimas que los militares dicen que no eran guerrilleros pero en las demandas las pierden? Y en la Unidad de Víctimas nos reconocen para tener una indemnización pero se muere uno y revive para alcanzar a reclamar porque hay más de 9 millones de víctimas para indemnizar…”, comentó.

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Cunacué, por su lado, dijo que quiere saber quiénes fueron los que le dispararon. Agregó que no comparte que los responsables no vayan a la cárcel, pues el diseño de la JEP contempla sanciones no carcelarias para quienes reconocen verdad.

Sobre la reparación, dijo que a él no le beneficiaría en nada que se hagan trabajos restaurativos o monumentos en otros municipios, “si ellos algún día tienen voluntad, a nosotros que somos del campo tener un pedazo de monte al menos nos serviría para producir comida. Nos sirve más tener una tierra que podamos trabajar que un monumento”.

En noviembre de 2023, la JEP imputó a 35 exmilitares, entre ellos los generales en retiro Miguel Ernesto Pérez Guarnizo, Jaime Alfonso Lasprilla Villamizar, William Fernando Pérez Laiseca, Édgar Alberto Rodríguez Sánchez y Marcos Evangelista Pinto Lizarazo, por el plan criminal para exhibir como resultados operacionales legítimos lo que en realidad fueron homicidios perpetrados en combates simulados. 

Por este caso, 30 exmilitares ya reconocieron su responsabilidad, los generales (r) optaron por no hacerlo. En la audiencia de agosto, en total hablaron 74 exuniformados porque a los 30 imputados se sumaron 44 comparecientes que no fueron imputados al no ser considerados máximos responsables.

MARÍA ISABEL ORTIZ FONNEGRA

Redacción Justicia 

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