Las pruebas que entregó 'Mocho Olmedo', cabecilla del Frente 33 en Catatumbo, para evitar su extradición a EE.UU.

Willinton Henao Gutiérrez, alias Mocho Olmedo, fue durante años el segundo al mando del Frente 33 de las disidencias de las Farc al mando de 'Calarcá' en el Catatumbo. Tras su captura a comienzos de este año, Estados Unidos solicitó su extradición y, en respuesta, su defensa pidió a la Corte Suprema que considere como pruebas su rol como negociador en el proceso de ‘Paz Total’ del Gobierno de Gustavo Petro.

Henao es señalado de crímenes atroces como el asesinato de la fiscal Esperanza Navas en Tibú (2021), el secuestro masivo de 180 soldados en zona rural de Sardinata, y una cadena de ataques, desplazamientos, extorsiones y control armado sobre los corredores del narcotráfico en la frontera con Venezuela.

Esta facción delinque en el Catatumbo, donde mantiene una confrontación con el Eln que ha provocado una grave crisis humanitaria con más de 55.000 desplazados.

En esa región, alias Mocho Olmedo, sobrevivió a un atentado del frente Nororiental del Eln y se entregó al Ejército el 12 de febrero de este año. Esa misma semana, agentes del CTI capturaron a Geovany Andrés Rojas, alias Araña, integrante del EMC y negociador en la ‘Paz Total’, quien fue notificado de un pedido de extradición de EE. UU. por cargos relacionados con narcotráfico.

Para ese momento, Estados Unidos ya había solicitado la extradición de Henao por delitos de concierto para delinquir, narcotráfico y lavado de activos. La solicitud inicial fue enviada el 21 de julio de 2023, y formalizada el 19 de febrero de 2025, pocos días después de su captura.

Desde entonces, la defensa de Henao le ha solicitado a la Corte Suprema que incorpore al expediente de extradición decenas de documentos oficiales —actas de reuniones, decretos, protocolos y acuerdos— que acreditarían su papel como negociador en la mesa de conversaciones entre el Gobierno y el EMC.

La defensa argumentó que desde el 30 de diciembre de 2022 Henao viene cumpliendo “funciones públicas” como representante del grupo armado ilegal, y que los hechos por los cuales es requerido por la justicia estadounidense coinciden con su supuesto rol en la búsqueda de la paz. Por tanto, alegaron que el expediente de extradición debía incorporar esas evidencias para mostrar que no estaba dedicado a actividades delictivas.

“Esta defensa quiere presentar elementos materiales de prueba que sustentan la labor de mi representado durante su vida dentro del conflicto armado interno, demostrando de manera material y probatoria las actividades que desarrolla y ha desarrollado durante los últimos años, contrario a la presunta investigación que se lleva a cabo o desarrolla en Estados Unidos”, dijo su abogado en la solicitud.

En la mesa vigente con el Frente 33, una de las estructuras que componen las disidencias de Calarcá, en el marco de la 'Paz Total', se está discutiendo la creación de una zona de ubicación temporal para la preconcentración de tropas en el Catatumbo. Por ahora, solo existe la propuesta, sin avances de fondo. El Gobierno debía tomar una decisión la semana pasada con respecto a la extensión del cese del fuego bilateral, pero no se tomó ninguna decisión al respecto.

Se espera este martes una reunión con el presidente Gustavo Petro en la que esté presente Gloria Quiceno, quien ha liderado el proceso durante las últimas semanas, para reglamentar y definir el tiempo, modo y lugar de la zona de ubicación temporal. Además, esta semana debe decidirse si se prorroga o no el decreto del cese del fuego. Mientras que el presidente Petro podría nombrarlo como gestor de paz para que participe en las mesas.

No obstante, la Corte Suprema de Justicia rechazó ese intento. El magistrado Diego Eugenio Corredor, quien tiene en su despacho la solicitud de extradición por narcotráfico de Henao, concluyó que las pruebas solicitadas no eran pertinentes dentro del proceso.

“Tales peticiones, en realidad, no envuelven una solicitud probatoria concreta. Lo que solicita el defensor es que la Corte constate el cumplimiento de los requisitos que, en forma obligatoria, debe verificar esta Corporación”, dijo el togado en la decisión.

Además, el alto tribunal, en un documento de 23 páginas, indicó que no le corresponde a la justicia colombiana “corroborar el sustento fáctico y probatorio de la petición de extradición”, ya que eso implicaría intervenir en la soberanía judicial de Estados Unidos.

En cuanto a los documentos relacionados con los diálogos de paz, la Corte fue enfática al señalar: 'Se initirán, por impertinentes, las solicitudes probatorias'. El defensor pretendía que se incorporara como prueba una serie de documentos vinculados con los diálogos de paz que adelanta el Gobierno Nacional.

La decisión representa un revés para la defensa de 'Mocho Olmedo', quien pese a haber sido reconocido por el Gobierno como delegado del EMC en la mesa de diálogos, no logró que ese estatus se tradujera en una protección jurídica frente al proceso de extradición.

Su condición de negociador no fue suficiente para frenar el camino hacia una eventual entrega a las autoridades de Estados Unidos y la Corte Suprema avanza en la recolección de pruebas para autorizar su posible extradición. En caso que se de concepto favorable, el Presidente tiene la facultad de firmarla o no.