Magistrado de la Corte Suprema plantea freno a las extradiciones que pide el régimen de Nicolás Maduro: 'Es fundadamente desconfiable'

"Si una persona reclamada en extradición actualmente por la República Bolivariana de Venezuela debe ser investigada y/o juzgada, Colombia puede hacerlo conforme a su legislación, sin dejarla en manos de un régimen fundadamente desconfiable en términos de respeto a los Derechos Humanos".

En un contundente salvamento de voto, el magistrado de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, Gerardo Barbosa Castillo, quien ingresó a la Corte a finales del año pasado, planteó poner un freno a las extradiciones de Colombia hacia el país vecino por lo menos hasta que se solucione la grave crisis de derechos humanos que atraviesa la República presidida por Nicolás Maduro.

"La medida adecuada no puede ser otra que emitir concepto negativo a extradiciones requeridas por la República Bolivariana de Venezuela mientras subsista el estado de cosas declarado por los citados organismos internacionales", indicó el jurista.

Barbosa se opuso al aval que le dieron sus compañeros de Sala a la extradición hacia Venezuela del exsubintendente de la Guardia Nacional Bolivariana, Juan Ernesto González Herrera, quien se encontraba prófugo desde el año 2022 al estar involucrado con un secuestro extorsivo y un asesinato.

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La Sala Penal de la Corte, con ponencia del magistrado Jorge Hernán Díaz, avaló la extradición del militar González Herrera, requerido por el Tribunal Vigésimo Octavo (28º) de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, por los delitos de "secuestro agravado con muerte en cautiverio, uso indebido de arma orgánica y asociación para delinquir agravada".

González fue capturado el pasado mayo en el sector El Poblado de Medellín, en cumplimiento de una circular roja de la Interpol y de una detención provisional con fines de extradición solicitada por el Gobierno de la República Bolivariana.

En Venezuela se le acusa de haber participado, junto a otros tres militares, del secuestro y muerte del estudiante de informática Kelvin Omar Moreno Páez, de 21 años, cuyo cuerpo fue localizado el 4 de febrero de 2022 en el kilómetro 1 de la vía Caracas-La Guaira, luego de que su familia le entregara 4.000 dólares a sus captores por su liberación.

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El penalista Gerardo Barbosa se opuso a la decisión mayoritaria que avaló la extradición de González asegurando que la vida del militar corre riesgo en las actuales condiciones del país, presidido por Nicolás Maduro, y por las constantes violaciones de derechos humanos practicadas por agentes del Estado. 

El jurista citó informes del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de la Corte Penal Internacional, que advierten sobre las violaciones de derechos humanos en Venezuela. 

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"La vida e integridad -aún de un eventual responsable penal de delitos graves- debe garantizarse en virtud de las obligaciones que se derivan de la suscripción de tratados internacionales sobre Derechos Humanos. En este sentido, estimo que entregar a una persona a un régimen -como el que actualmente ejerce el poder en la República Bolivariana de Venezuela- declarado por varios organismos internacionales como violador sistemático de Derechos Humanos como política de Estado, implica un grave riesgo hacia su vida e integridad, así los delitos que se le imputen no tengan carácter político", dice Barbosa en su salvamento de voto.

Barbosa advierte que Colombia debe adoptar medidas que garanticen la integridad de las personas pedidas en extradición por Venezuela y, en ese sentido plantea, que Colombia eventualmente asuma las causas penales de estas personas ante el riesgo que corren.

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"En virtud de las alertas de múltiples organismos internacionales que anteceden y que evidencian el grave riesgo que correrían nacionales o extranjeros extraditados a territorio venezolano, considero que la negativa a la extradición en el caso concreto (o en cualquier otra mientras subsista el riesgo destacado) constituye un deber derivado de tratados y acuerdos internacionales suscritos por Colombia que la obligan a respetar, garantizar y promover los Derechos Humanos", puntualiza el jurista.

El planteamiento de Barbosa no hará doctrina, pues se trata de un salvamento de voto, pero resulta llamativo en un momento de tensión política en el país vecino y en toda América Latina por la eventual posesión del presidente electo Edmundo González y un régimen con un gobernante que se ha reelegido, hasta ahora, dos veces.

"Con este análisis no se pretende cuestionar el régimen político de la República Bolivariana de Venezuela, lo cual es competencia y responsabilidad exclusiva del presidente de la República. Sin embargo, al existir abundantes y contundentes evidencias sobre la grave violación a los Derechos Humanos en la República Bolivariana de Venezuela como política de Estado, el Estado colombiano y sus funcionarios de todo orden, no deberían hacer caso omiso a esta situación, máxime cuando este tipo de hechos han comprometido la responsabilidad de los Estados contratantes ante instancias internacionales como la Corte Internacional de Justicia", agrega el magistrado.

ANA MARÍA CUESTA

Editora de justicia [email protected]