Presidente Petro insiste en un 'Tribunal de cierre', incluso para narcos: ¿es viable política y jurídicamente?

El presidente Gustavo Petro volvió a plantear una polémica propuesta que ha acompañado su política de 'Paz total', la de un 'supertribunal de cierre' que estaría incluso por encima de la JEP.  En la conmemoración de los ocho años de la firma del Acuerdo de paz del Estado colombiano con la antigua guerrilla de las Farc, aseguró que para que los otros actores tuvieran cabida en las negociaciones se debía contemplar un órgano judicial que acogiera incluso a narcotraficantes, supuestamente a cambio de verdad.

(También le puede interesar: Las dos facciones más narcotraficantes de la 'Segunda Marquetalia' con las que sigue negociando el Gobierno).

"Entonces, ¿dónde queda la verdad en Colombia? El proceso de paz dice que debe haber una sola instancia en el país. Yo le llamo un 'Tribunal de cierre'. Las sentencias de las diversas Cortes tratan de negarlo, pero están en el Acuerdo de paz. Luego aquí hay un tema normativo que debemos asumir. ¿Construimos un 'Tribunal de cierre de la verdad en Colombia, o no? Por el Acuerdo de paz, la respuesta es sí. Entonces, ese proyecto de ley tiene que entregarse", dijo el mandatario en su discurso en la Plaza de Bolívar, en la tarde del 21 de noviembre. 

¿Qué tan viable es esa propuesta y qué tan cierto es que en el Acuerdo de Paz se haya establecido un tribunal de cierre, incluso para los narcos? La idea de Petro no es nueva en su discurso. Se parece mucho al 'perdón social' del que empezó a hablar en épocas de la campaña. Y  ha venido caminando en ella desde que su Gobierno decidió instaurar mesas de diálogo con más de 22 grupos armados ilegales, la gran mayoría de ellos sin ropaje político. 

El clan del Golfo, los Shotas, los Espartanos, los Pachencas y otra decena de bandas netamente narcotraficantes han estado en conversaciones para negociar su desmonte. Un contexto en el que se ha hecho más repetitivo el tema del 'Súper tribunal', también en la medida en que la JEP ha tomado decisiones que le han incomodado al Gobierno, que incluso fue a Naciones Unidas a denunciar un supuesto "descarrilamiento" de esta Corte. 

"Hace rato el Presidente está mandando señales de que quiere generar un hecho político y jurídico que ponga fin a todas las formas de conflicto, especialmente al nuevo y al viejo paramilitarismo. Para este propósito, el Gobierno sabe que la JEP no puede juzgarlos. Por eso quiere crear una instancia que permita un cierre total", aseguró el analista en conflicto y exmiembro del M-19, Diego Arias. 

El presidente Petro aseguró que esta instancia juzgaría a "guerrilleros, militares, políticos, terceros civiles y narcotraficantes". Y aprovechó para cuestionar las competencias de la Jurisdicción Especial para la Paz, que constitucionalmente fue creada para juzgar a ex combatientes de las Farc, militares vinculados a crímenes de guerra como los 'falsos positivos' y agentes del Estado o terceros civiles que hayan tenido responsabilidad en hechos del conflicto. Estos últimos tienen que solicitar ser acogidos por la Jurisdicción, y en caso de que no, son investigados por la justicia ordinaria. 

"Es la JEP poderosa, Pero no solamente tiene que integrar a guerrilleros de las Farc o militares. Tiene que integrar a políticos, las terceras personas, como les dicen, paramilitares y todos los actores de la violencia que hayan sido parte del período que designó la ley hasta la fecha, incluida, en mi opinión, esta. De tal manera que habrá una puerta real, a través de la verdad, hacia la 'Paz total'", propuso el mandatario. 

(Lea además: Exclusivo| La historia del polémico predio en Chimichagua que tiene enfrentados al alcalde y al gobierno Petro: había pertenecido al 'Ñeñe Hernández').

Esta afirmación tiene serias talanqueras. La más reciente, el fallo de la Corte Constitucional, que hace dos meses determinó que este tribunal no era competente para investigar, juzgar ni sancionar a paramilitares, ni si quiera en su rol de "bisagra" como enlace con la fuerza pública. La Corte ratificó a Justicia y Paz como su juez natural y le pidió a la JEP remitir los procesos en contra de antiguos jefes 'paras', como Salvatore Mancuso. 

Desconocer el mandato de la JEP -eliminándola como instancia de cierre para los partícipes del conflicto ya mencionados- abriría además la puerta para que la Corte Penal Internacional, que ya ha mandado señales al respecto, vuelva a poner sus ojos sobre Colombia. Esa es una advertencia que el Gobierno ha recibido y que incluso ha sido manifestada públicamente por la JEP, tribunal que está a punto de dictar sus primeras sentencias. 

Para Diego Martínez, miembro del equipo jurídico en el proceso de negociación en La Habana, esta idea no es viable, pues esto no está contemplado en la base jurídica de la justicia transicional y esta se encuentra blindada. “Se podría pensar en un sistema de cierre con instrumentos que hay en Justicia y Paz, en la justicia ordinaria y con los aprendizajes en la JEP. Uno no podría hablar en este momento de un tribunal de cierre que involucre una ley de punto final o algo parecido, porque eso lo prohíbe el sistema internacional de derechos humanos”, afirmó.

Otra razón detrás de la idea del Presidente es el lío jurídico que tiene su proceso de paz con 'Iván Márquez' y los otros ex Farc que volvieron a las armas. El Gobierno avanzó en una negociación de carácter político a pesar de que expresamente el Acuerdo establece que quienes lo traicionaron no pueden recibir ese tratamiento y, por lo tanto, deben acogerse a un proceso de sometimiento judicial. Crear un nuevo tribunal, cree el Ejecutivo, le daría chance de colar a 'Márquez' (cuyo real estado de salud, incluso si está vivo o no, sigue siendo un enigma), en el que sería su tercer proceso de paz desde los años 80's. 

(Otros temas: Este es el expediente en la JEP en contra del general (r) Mario Montoya por 'falsos positivos' por el que le negaron la entrada a Estados Unidos: está a punto de ir a juicio).

Por este conflicto de competencias, la JEP no estaría habilitada para acoger a los actores armados vigentes, como lo sugirió el Presidente. Y no podría hacerse ni siquiera por una reforma constitucional, pues los términos actuales del Acuerdo de La Habana son inmodificables hasta 2030, ya que se encuentran blindados por decisión de la Corte Constitucional del año 2017.  

Arias asegura que además del complejo panorama político, mucho más en medio de los precarios avances de la Paz Total, el Gobierno difícilmente podría siquiera impulsar en el Congreso una propuesta tan polémica. Una ley de punto final, como las que existieron en otros países -muchas de las cuales se cayeron después en los tribunales- no tiene, y menos en este momento,  viabilidad en el Congreso. Menos aún si se pretende incluir allí a narcos puros y duros, un tema que además generaría enormes ruidos internacionales. 

Leonardo González, director de Indepaz, dijo que la propuesta podría discutirse, pero no anticipa un camino fácil ni en el Congreso ni en las Cortes en caso de que finalmente tomara algún vuelo. 

(Complemente su lectura: La lupa a los $ 88 billones invertidos en la implementación de la paz: Contraloría dice que 'no se han logrado cambios estructurales').

Arias, en todo caso, considera que es una discusión que debe darse dado que las violencias han seguido a pesar de los diferentes procesos de paz, alimentadas por las rentas ilegales del narcotráfico y, ahora, de la minería ilegal. "Como nación hemos fracasado. No hemos sido capaces de aplicar las garantías de la no repetición, de manera que sería una prueba de fuego para evitar que las violencias se sigan reciclando. 

SARA VALENTINA QUEVEDO

Redacción Justicia