La lupa a los $ 88 billones invertidos en la implementación de la paz: Contraloría dice que 'no se han logrado cambios estructurales'

Han pasado ocho años desde que se sellaron los acuerdos de paz entre el gobierno colombiano y las Farc. En este lapso se han invertido más de 88 billones de pesos, según las cuentas de la Contraloría General de la República, pero los resultados han tenido un balance agridulce. La entidad determinó que estos se han concentrado en unas pocas zonas y aún el Estado colombiano está lejos de lograr la transformación integral prometida en los territorios.

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Si bien la inversión no está tan atrasada con respecto al tiempo de vigencia (45 % en 8 de los 15 años), sí hay graves falencias en la articulación interinstitucional y en la comunicación con las comunidades. Según el contralor Carlos Hernán Rodríguez, ha habido interferencias que no permiten aprovechar los miles de millones en la solución de sus necesidades estructurales. 

El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo también reconoció esta ineficacia. "No se trata de decir que se ha robado este presupuesto, sino que no ha tenido el impacto que ha debido tener en la transformación de los territorios", dijo en en su participación en el foro 'Asi avanza la paz', liderado por la Contraloría.

La principal fuente de este fondo es el Presupuesto General de la Nación (PGN), que aportó el 60 por ciento del total de los recursos. Este dinero ha ido a parar a nueve entidades del Gobierno Nacional, siendo la Agencia Nacional de Tierras (ANT) el principal destinatario. El 73 por ciento del total del presupuesto se ha inyectado en la Reforma Rural Integral, punto uno del Acuerdo de Paz y que es ejecutado por la ANT.

Otros remisores han sido el Sistema General de Regalías, con más de 15 billones de pesos, y la cooperación internacional, con 13 billones.

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La ejecución total del fondo puesto por el PGN desde 2017 hasta el primer trimestre del presente año ha sido de 52,7 billones de pesos constantes. En este punto, la entidad dirigida por Carlos Hernán Rodríguez identificó problemas relacionados con la formulación, estructuración y baja coherencia entre los proyectos y los objetivos del Acuerdo.

La Contraloría ha realizado 142 diligencias de control fiscal a los sujetos responsables de la ejecución de este cheque. Desde 2018 hasta el primer semestre de este año, detectó 511 irregularidades, de las cuales 102 tienen incidencia fiscal por 141 mil millones de pesos.

Uno de los puntos más críticos es la reforma rural. Coincidencialmente, el que más ha recibido plata. Solamente se han entregado algo más de 18 mil hectáreas, de las tres millones previstas para adjudicar al campesinado, uno de los numerales ejes del documento firmado en el Teatro Colón.

El Fondo de Tierras, un registro que contempla los predios a adjudicar, acumula hasta el momento un total de 2.425.404 hectáreas, pero sólo se han caracterizado el 2 %, es decir, un poco más de 40 mil hectáreas. Igualmente, de la meta de formalizar 7 millones de hectáreas en 15 años, se ha regularizado el 35 %.

Esta pobre ejecución, la Contraloría se la atribuye a la desarticulación entre la Agencia Nacional de Tierras (ANT) y la Agencia de Desarrollo Rural, entidades claves en esta política. "Se han duplicado esfuerzos y hay una gestión fragmentada de los proyectos que buscan mejorar el a la tierra y promover el desarrollo sostenible en las zonas rurales".

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La entidad también puso la lupa sobre la bolsa de los OCAD paz, nutrida, sobre todo, por las regalías para la paz. A la fecha, el monto invertido asciende a los 8,2 billones de pesos, representados en más de mil proyectos de inversión. En este frente, las irregularidades detectadas han sido de 522.268 millones. 

Otra de las herramientas contempladas para impulsar el desarrollo territorial, sobre todo en las zonas más afectadas por el conflicto (Zomac), es el Mecanismo de Obras por Impuestos. A junio de 2024 se aprobaron 361 proyectos por 2.5 billones. "El cupo anual de este mecanismo ha aumentado pasando desde 2018 con $250.000 millones a $1 billón a partir de 2024. Sin embargo, no se han incluido ajustes que permitan que lleguen a los 26 departamentos y no solo a 124 municipios, en los que la Contraloría halló que se encuentran concentrados el 85 % de los dineros.

Frente a los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial, otro pilar de la implementación, a julio de 2024 se registraron 8.883 proyectos aprobados por $31,4 billones; de estos, 5.976 están terminados. En este ítem, el órgano de control identificó como problemática la inexactitud de los reportes de información de la inversión en estos municipios. 

"Ha habido una sobrestimación de las inversiones con trazador de paz del PGN por $9,8 billones, debido a una mala marcación".

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Para ejecutar el desarme y garantizar la reincorporación de las Farc-ep, en el periodo 2017 - 2024, se ejecutaron $3,6 billones. Una de las vertientes de esta cláusula son los proyectos productivos. Hay individuales y colectivos. Con respecto a los primeros, se han aprobado hasta la fecha 5.749 por $55.073 millones, beneficiando a 6.892 firmantes. Sin embargo, los que han tenido un flojo despegue son los colectivos. Se han aprobado 128 por $47.357 millones, pero la mayoría ha dejado de operar debido a problemas de seguridad, comerciales, climáticos, istrativos y financieros.

Los recursos ejecutados para dar solución a las drogas ilícitas ascienden a $7.1 billones a 2024. En 2023 fueron a parar principalmente al programa de sustitución de cultivos Ilícitos -PNIS-. No obstante,  "teniendo en cuenta el aumento de los narcocultivos, es evidente que los recursos destinados al PNIS no cumplen con lo contemplado en el Acuerdo", refutó Rodríguez.

El Sistema de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, en el que se contemplan entidades como la Comisión de la Verdad y la JEP, ha contado con la asignación de $7,9 billones . 

La Contraloría celebró los avances de la Jurisdicción Especial para la Paz en materia de investigación y esclarecimiento de los patrones macrocriminales del conflicto. "Ha abierto 11 macrocasos, incluyendo uno sobre violencia de género y sexual, acreditando 347.601 víctimas. Además, 14.094 personas han suscrito compromisos. También se resalta el informe "Hay Futuro, si hay Verdad" presentado por la Comisión de la Verdad en 2022".

Para este último punto, financiado principalmente por la cooperación internacional (68 %), se han destinado $2,3 billones de pesos. Aún así, el aspecto que se tambalea es el Sistema Integrado de Información para el Posconflicto (SIIPO). Este fue diseñado para garantizar la transparencia, pero presenta fallas que impiden el seguimiento en tiempo real, la integración de fuentes de financiamiento y el a información unificada sobre proyectos del posconflicto, dificultando la participación de las comunidades.

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"Instamos al Gobierno Nacional para que, a través de sus ministerios, agencias y demás entidades, se avance significativamente en la resolución de los múltiples conflictos que afectan a nuestro país. Esto implica un esfuerzo para garantizar la transparencia y la eficacia en la implementación de un acuerdo vital para la paz en Colombia", fue la conclusión del Contralor.

En representación del Gobierno, el ministro Cristo entregó su balance y pidió a las entidades territoriales, y a la misma Contraloría, unificar las cifras. "En las 16 visitas que hicimos en los últimos meses a las zonas PDET, corroboramos que en estos ocho años se han invertido $23 billones de pesos en 170 municipios. Tenemos que homologar los datos", insistió. 

De igual manera, tendió puentes para lograr un acuerdo nacional en torno a la protección y la destinación de recursos hacia estos territorios para que no se siga reciclando la violencia. "No creo que ningún partido político esté en desacuerdo con que el Estado tiene que cambiar la dinámica de la inversión. Nos acostumbramos a invertir en los municipios más preparados y terminamos concentrados en las mismas zonas. Aquí lo que tenemos que hacer, más allá de los recursos que hay para la paz, es un acuerdo nacional que nos obligue a volcar todo el esfuerzo en estas zonas más golpeadas", recalcó el jefe de la cartera Política. 

Sara Quevedo - Redacción Justicia - @JusticiaET - [email protected]