Más de 90 veces la Corte le ha pedido al Congreso que legisle

En los 30 años que lleva funcionando la Corte Constitucional, 92 veces le ha pedido al Congreso que legisle sobre diversos temas a través de exhortos en sus sentencias.

Un informe del alto tribunal señala sentencias desde 1994, como una en la que, tras estudiar una demanda, la Corte mantuvo normas del Código del Trabajo que restringen la huelga en servicios públicos esenciales, en concordancia con el artículo 56 de la Constitución, pero le dijo al Congreso que expidiera una regulación de la huelga en los servicios públicos esenciales, respetando la carta política.

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Para ello, en 1995 se presentó en el Senado un proyecto que fue archivado, lo mismo con otro de 2017. En 2018 y 2019 se presentaron en la Cámara dos proyectos para modificar el Código del Trabajo, y en 2020 se radicó otro en el Senado, ninguno ha terminado su trámite.

En otra sentencia, de 1997, la Corte determinó que no se aplicará el delito de homicidio por piedad cuando hay un consentimiento del paciente terminal, esa sentencia permitió la eutanasia y exhortó al legislador a regular la muerte digna. El 8 de abril pasado el Congreso hundió el intento 13 para regular el tema.

En contraposición, mientras el Congreso ha omitido regular la eutanasia, la Corte en varias sentencias no solo la permitió, sino que la extendió, en 2017, a menores de edad. Además, en la actualidad ante el alto tribunal hay una demanda que pide extenderla a pacientes no terminales.

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Dos años después, en 1999, la Corte tumbó parte de un artículo del Estatuto Tributario que permitía la retención de mercancías por parte de la Dian a los ciudadanos que compraban sin facturas.

La Corte tumbó la norma por considerar que la extinción de dominio de un bien debía darse en un proceso penal, y no istrativo como el que hacía la Dian en estos casos; sin embargo, exhortó al Congreso a regular esto para que los compradores “cumplan eficazmente con su deber de contribuir al control de la evasión tributaria”.

A la fecha, el Estatuto Tributario conserva distintas sanciones, pero para las empresas que están obligadas a facturar, por no dar factura, entre otras cosas; y el Estatuto del Consumidor establece que el consumidor tiene derecho a recibir una factura pero no establece una obligación de reclamarla; incluso, señala que no se necesita presentar una factura para hacer valer derechos como, por ejemplo, el cambio de un producto por defectos.

Por otra parte, en 2006 la Corte permitió la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) en tres casos: grave malformación del feto, violación, o peligro para la salud de la madre.

Esto lo hizo al decir que no se aplicaría el delito de aborto en esos casos. Aún no hay regulación del aborto, aunque en otras sentencias, como una de 2018, el alto tribunal se lo recordó al Congreso. Mientras el Legislativo sigue sin regular, en la Corte avanzan varias demandas que piden ampliar la IVE y despenalizar el aborto por completo.

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En otros casos en estos 30 años, si bien la Corte Constitucional en sus sentencias no exhortó expresamente al Congreso a que se pronunciara, tumbó normas con un efecto diferido para que el Legislativo tuviera tiempo de adaptarlas.

Ese fue el caso del derecho a la protesta y manifestación, que se había regulado, en 2016, a través del Código de Policía. En abril de 2017 la Corte declaró inexequibles esos apartados puesto que la manifestación, al ser un derecho fundamental, debía regularse vía ley estatutaria, en ese momento difirió la decisión hasta el 20 de junio de 2019. Vencido el plazo, el país sigue sin una regulación de la protesta.

Frente a este panorama, Kenneth Burbano, director del Observatorio Constitucional de la Universidad Libre, comentó: “Del total de las sentencias que exhortan hay estudios que indican que se ha cumplido con un 30 por ciento. Esto no es fácil de determinar ya que depende del asunto, en ocasiones se exhorta en más de una sentencia; depende de los intereses políticos, económicos, posturas ideológicas y electorales, de los congresistas y el gobierno de turno”.

Añadió que esto también incide en el tiempo que demora el Congreso en cumplir, cuando lo hace, pues no hay un imperativo sobre el particular, ya que los exhortos no son órdenes sino que “buscan la cooperación entre los órganos del Estado y, en palabras de la Corte, permite asegurar la fuerza expansiva de los derechos constitucionales”.

De los más de 90 exhortos varios se han cumplido. Por ejemplo, en 1999 el alto tribunal estudió el caso de un perro de raza pitbull al que su dueña dejaba salir sin ningún tipo de control, la Corte exhortó al Congreso a expedir una reglamentación sobre la tenencia de razas de perros consideradas como problemáticas.

Eso lo cumplió el Legislativo en la ley 746 de 2002, en la que reguló la tenencia de perros en el Código de Policía, regulación que continúa estando en el nuevo código, de 2016.

Otro caso es de 2005, cuando la Corte le dijo al Congreso que tramitara, a la mayor brevedad posible, una ley para sancionar las prácticas de segregación racial.

Seis años después, en 2011, se aprobó la Ley 1482 que busca garantizar la protección de los derechos de una persona, grupo de personas, comunidad o pueblo, que sean vulnerados a través de actos de racismo o discriminación.

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Otro de los casos de éxito es la prórroga a la ley de víctimas. En 2019 la Corte estudió una demanda contra el apartado que establecía que la ley de víctimas duraba 10 años e iba hasta junio de 2021, el alto tribunal declaró inexequible ese apartado que ponía una fecha límite y exhortó al Gobierno y al Congreso a prorrogarla antes de esa fecha. El Congreso extendió la vigencia de la ley por 10 años más en noviembre de 2020.

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