Ratifican medidas cautelares a inmuebles que denunció ‘Olivo Saldaña’

En dos diligencias adelantadas ante los magistrados de Justicia y Paz, en septiembre de 2013 y agosto de 2014,  el polémico exguerrillero de las Farc Raúl Agudelo Medina, conocido como 'Olivo Saldaña', denunció 22 bienes que Planadas, Tolima, que habrían estado relacionados con actividades ilegales de esa guerrilla.

Por esa razón, la Fiscalía solicitó la imposición de medidas cautelares a los inmuebles que fue avalada por Justicia y Paz el 3 de diciembre de 2014. Desde 2017, los dueños de ocho de esos inmuebles han intentado revocar la medida bajo el argumento de que los adquirieron de buena fe y que, incluso, fue el concejo del municipio el que autorizó a legalizar y titular la posesión sobre algunos de esos predios.

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En trámite ante Justicia y Paz, los ciudadanos involucrados presentaron las escrituras públicas de los inmuebles que están ubicados en el barrio Simón Bolívar de Planadas que era una invasión, que fue legalizada; así como los respectivos documentos de esa legalización y certificados sobre la adquisición de subsidios oficiales en favor de quienes resultaron beneficiarios del plan de vivienda.

Las medidas cautelares fueron ratificadas el 28 de agosto de 2019 por un magistrado de Justicia y Paz por tratarse de bienes "teñidos de aparente legalidad" por los dichos de 'Saldaña', quien aseguró que el origen de la urbanización habría sido la invasión de terrenos por orden de la guerrilla a finales de 1999 y comienzos de 2000.

La decisión fue apelada ante la Corte Suprema de Justicia bajo el argumento de que el Estado no ha probado hasta el momento que los ciudadanos involucrados con dichos inmuebles hayan tenido algún vínculo con el grupo armado y que se trató de personas con escasos recursos que accedieron a los mismos.

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Los abogados insistieron que fue el propio concejo de Planadas autorizó a la alcaldía para legalizar y titular la posesión que tenían estos ciudadanos sobre los predios. Y señalaron que algunos de los bienes objeto de este trámite fueron baldíos, unos pertenecientes al municipio de Planadas y otros la Aeronáutica Civil, por lo que no tendrían vocación reparadora a las víctimas.

En fallo conocido por EL TIEMPO, la Sala Penal de la Corte Suprema ratificó la decisión y mantuvo intactas las medidas cautelares reseñando que en la Fiscalía reposan desde 2014 al menos dos testimonios más, aparte del de 'Olivo Saldaña', que hablan de vínculos de la guerrilla con los inmuebles.

El alto tribunal reportó que las pruebas entregadas por los opositores no desvirtúan el hecho que, según los exguerrilleros, "la ocupación y posterior asignación de los lotes tuvo lugar por actos de la guerrilla de las Farc, orientadas a entregar una solución de vivienda a personas con vínculos directos o indirectos con dicha organización armada, ni acreditan  que los referidos ciudadanos actuaron diligentemente y adoptaron las verificaciones necesarias para evitar adquirir un inmueble con orígenes ilícitos".

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"Si la buena fe cualificada exige del tercero prudencia y diligencia en el análisis de la procedencia lícita del bien, ninguno de los elementos de prueba acopiados acredita acciones encaminadas a realizar tal constatación, esto es, que el bien que pretendían adquirir o que adquirieron estuviese desligado de los vicios que afectaban el inmueble que se invadió y dividió, para luego ser objeto de legalización por las autoridades competentes", dice el fallo.

Según la Sala Penal, "la legalización de los predios por entidades oficiales o la entrega de subsidios de vivienda con recursos públicos, no son circunstancias que acrediten la buena fe cualificada de los incidentantes, ni que borren el hecho acreditado que la organización armada planeó y ejecutó la invasión y la posterior entrega de los bienes".

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