Se agota el tiempo para que Minsalud cumpla con orden de la Corte sobre presupuestos máximos: ¿hubo medidas dilatorias?

El reloj sigue corriendo en contra del ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, quien en el transcurso de la mañana de este viernes 24 de enero, como cabeza de la cartera, debe desembolsar el monto adeudado a las EPS sobre los ajustes a los presupuestos máximos, siguiendo una orden de la Corte Constitucional, que le abrió un incidente por desacato. 

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El pasado 21 de enero, el alto tribunal le dio un ultimátum al ministro Jaramillo, por incumplir una orden que había impartido en noviembre de 2023 y que, por el riesgo sobre la iliquidez de los recursos del sistema de salud y la atención de los pacientes, le exigía "pagar los dineros reconocidos como reajuste de los presupuestos máximos de la vigencia del año 2022". 

Este fondo financia los medicamentos, servicios y la tecnología que no están cubiertos por la Unidad de Pago por Capitación (UPC) y que tampoco exime el Plan de Beneficios de Salud. Normalmente, tienen que ver con los tratamientos que se usan para enfermedades graves, raras o huérfanas y sobre el que el Gobierno tiene una deuda de dos años vencidos que asciende a los 2 billones de pesos. 

Posterior a la notificación de desacato, el Ministerio emitió la resolución No. 067 del 21 de enero de 2025, con la que establece un marco metodológico y los tiempos límites para garantizar el giro de los presupuestos máximos de ahora en adelante, cumpliendo así una de las órdenes que había exhortado la Corte. 

Esta corporación, además de pedir que se pusieran al día, exigió el ajuste de la metodología de pago para evitar la morosidad a partir de ahora, ya que estos recursos deben ser girados como anticipo. Por lo tanto, se dio visto bueno a uno de los puntos, pero el cronómetro siguió corriendo para que se desembolsaran los miles de millones adeudados a las EPS.

Sin embargo, a pocas horas de cumplirse el plazo, el 23 de enero, el Ministerio presentó una solicitud de aclaración a la Corte sobre aspectos como si se trata de un seguimiento o un proceso sancionatorio, qué ocurriría si las nuevas órdenes contradicen la legislación vigente, entre otros puntos.

Para la cartera, el auto "mezcla órdenes nuevas con la apertura de un incidente de desacato, lo que genera confusión". También expuso que algunas órdenes tienen plazos que ya habían vencido antes de la notificación oficial al Ministerio.

Para María de los Ángeles Meza, exdirectora jurídica de la Supersalud, "el auto de la Corte Constitucional es claro e incluso reitera órdenes dadas previamente. Por lo tanto, solicitar la aclaración de algo que no ite interpretaciones ni dudas, lo que ameritará por parte de la Corte es confirmar la orden de cumplir inmediatamente con lo señalado".

Y agregó: "la crisis que viven los pacientes, el desabastecimiento de medicamentos y el cierre de servicios de salud, no da espera. Los funcionarios públicos deben acatar y respetar la órdenes de la justicia sin provocar los desacatos".

En la misma línea de que se mantiene el plazo, apuntó Jesús Albrey González, abogado experto en temas de salud, quien afirmó que ni siquiera con la resolución sobre las metodologías el Minsalud está cumpliendo lo ordenado por la Corte.

"La Corte Constitucional fijó un plazo de 48 horas para el pago de los presupuestos máximos pendientes, que superan los 2 billones de pesos, y en ninguna parte de la resolución se ordena el pago. Se establecen metodologías, cálculos, auditorías y verificaciones para los presupuestos máximos, pero no se establece el pago ni se asigna presupuesto para solventar estos recursos. Por lo tanto, hasta ahora no se ha dado cumplimiento a lo exhortado por la Corte", señaló el jurista

En esos términos, el fantasma del 'carcelazo' sigue rondando en caso de incumplimiento, situación por la cual la Corte podría compulsar copias a la Fiscalía, que abriría una investigación contra el Ministro por el delito de fraude a resolución judicial.

Aún así, fuentes explican que las 48 horas que dio la Corte es un término que no necesariamente provoca una sanción automática o inmediata si se incumple. Si el ministro no cumple ese término no necesariamente la Corte sacará una sanción en su contra. El alto tribunal tiene 10 días para valorar lo que le aporte la parte accionada, que en este caso es el ministro Guillermo Alfonso Jaramillo. En ese proceso de valoración, la Corte determinará cómo se sigue con ese proceso de desacato o si en efecto el ministro cumplió.

El recurso de aclaración que presentó Jaramillo no suspende las órdenes que impartió la Corte en el auto sobre los presupuestos máximos.

Redacción Justicia