¿Se atiza el fuego amigo en la Corte Suprema?: Las pugnas entre magistrados que han sacudido la Sala de Instrucción

La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia vive otra oleada de fuego amigo. La magistrada Cristina Lombana puso en conocimiento de la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes unas supuestas irregularidades de sus colegas, los magistrados César Augusto Reyes y Misael Rodríguez. Según su queja, habrían extralimitado sus funciones por un presunto ofrecimiento a la exconsejera presidencial Sandra Ortiz, en el caso del saqueo a la Unidad de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

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Fuentes de la Comisión de Acusación aseguran que aún no ha llegado la denuncia a la corporación, encargada de investigar al Presidente de la República y a los magistrados del alto tribunal.

Sin embargo, según los señalamientos iniciales, la magistrada Lombana los acusará de haber hecho una "oferta de beneficios judiciales" a la imputada, una acción a todas luces improcedente. Ortíz no está asignada a sus despachos ya que no tiene fuero para ser investigada por la Corte Suprema.

Lombana sostiene que los ofrecimientos se habrían hecho a través de declaraciones públicas y de una reunión previa entre el abogado de la exfuncionaria, Oswaldo Medina, y el magistrado Reyes.

Medina le había contado sobre ese encuentro en una diligencia en su despacho y, según expone la magistrada en la denuncia, este se habría producido antes de que Ortiz manifestara por escrito su disposición a declarar en los procesos abiertos en la Corte contra aforados salpicados en el escándalo de la UNGRD.

En esa cita se habría discutido la posibilidad de certificar esa colaboración, gestiones que, según Lombana, debieron tramitarse por los canales formales del tribunal.

El pasado 2 de mayo, cliente y apoderado acudieron a la Corte para rendir su declaración en el caso contra Martha Peralta y Julio Chagüi. El abogado Medina intervino en la versión libre de la exconsejera presidencial —hoy recluida en la Escuela de Carabineros e imputada por lavado de activos y tráfico de influencias— para explicar y detallar la reunión con el magistrado Reyes. 

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Estas supuestas negociaciones por fuera de los canales institucionales fueron consideradas por Lombana como una extralimitación, razón por la cual las escalará ante su juez natural.

Desde los despachos de los magistrados señalados aseguran que jamás han ofrecido beneficios y que esta acusación hace parte del arsenal con el que se pretende deslegitimar las decisiones adoptadas por la Sala frente a las altas fichas vinculadas con el escándalo de corrupción. 

Precisamente, frente a este auto la magistrada Lombana emitió un duro salvamento de voto en el que advierte sobre posibles vicios de ilegalidad en las pruebas. “El despacho instructor vulneró los derechos y las garantías fundamentales de los declarantes”, aseguró.

No es la primera vez que se señalan entre magistrados. Los ánimos en la Sala de Instrucción se han caldeado por episodios como un proyecto inhibitorio a favor del senador Iván Cepeda, en 2020, que despertó un cuestionamiento de la magistrada Lombana hacia el senador Reyes, el mismo que ahora acusa en esta oportunidad.

La togada le envió una carta preguntándole si era cierto que, como consultor de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), sostuvo un vínculo laboral o personal de amistad con la esposa del congresista Cepeda, lo que motivaría una declaración de impedimento para el caso. 

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En 2023, Lombana solicitó al menos dos audiencias innominadas (reclamaciones) en las que pidió a la Fiscalía que le devolvieran a su despacho expedientes en contra del exsenador Armando Benedetti que habían pasado a esta jurisdicción cuando el funcionario salió del Congreso y perdió el fuero. Este hecho causó ruidos en la Sala, pues no fue una petición que contara con la bendición de la magistratura.

En enero del año pasado, la tensión volvió a escalar por el caso del exsenador de Cambio Radical, Arturo Char. El expediente, que estaba en el despacho del magistrado Francisco Farfán, fue reasignado temporalmente a la magistrada Lombana durante el periodo de vacaciones. Sin embargo, al regresar de su licencia, surgieron fricciones por la devolución del proceso, ya que Lombana había tomado decisiones de fondo que buscaba que se mantuvieran. 

En agosto del año pasado, el magistrado Gerson Chaverra, entonces presidente de la Corte Suprema, convocó a una reunión extraordinaria de la Sala de Instrucción para serenar los ánimos tras los duros señalamientos de la magistrada Lombana en su contra por supuestas irregularidades en el reparto de los expedientes del caso UNGRD.

“Le pido encarecidamente que se sirva explicarme por qué usted asume como ponente de un caso, bajo el supuesto de que ofrece mayores garantías, tan solo por ostentar la dignidad de presidente. ¿Dónde queda el reparto aleatorio que, por transparencia en la asignación de los expedientes, ha promovido la rama judicial en las diferentes instancias?”, reprochó Lombana hace nueve meses.

Redacción Justicia