La desigualdad de tener que poner una tutela para poder estudiar

Sobre la quebrada La Chumba, que comunica la entrada de la finca El Chaleco con la vía San Bernardo, en zona rural de Ibagué, hay un puente colgante en muy mal estado que podría caerse en cualquier día. Pero ese puente deteriorado es la única forma en la que Dilan Esteban Navarro, un niño de 5 años, puede cruzar el río para asistir a sus clases de preescolar.

Y en el corregimiento Coello, también en Tolima, cada día Luciana Arango Gámez arriesga su vida cruzando unas guaduas, que hacen las veces de puente y que atraviesan el río Cocora, el afluente que se interpone en su camino para poder ir a la escuela Antonio Nariño.

En los días más lluviosos, cuando las guaduas se ponen lisas, la niña de 5 años ha estado a punto de caerse, pero sigue usando la improvisada plataforma porque es la única vía que tiene para estudiar. 

El riesgo ha llevado a su madre a plantearse varias veces si es mejor que Luciana deje de ir a la escuela. “No es justo que por ser pobres y vivir en una zona rural, sea tan inaceptablemente abandonada por el Estado”, asegura.

Estos dos casos, conocidos por la Corte Constitucional este año, son un reflejo de la desigualdad que sufren muchos niños y ciudadanos en el país, y que los obliga a presentar tutelas para poder ver garantizado un derecho que se supone fundamental: el de la educación.

Al revisar sus historias, la Corte les dio la razón a los padres de los dos niños del Tolima, quienes presentaron las tutelas por sus hijos, y ordenó a la Alcaldía de Ibagué crear un plan para mitigar los riesgos de los niños y en máximo 12 meses construir los puentes peatonales que necesitan para ir al colegio sin que la vida se les vaya en ello.

Pero los casos de Dilan y Luciana no son aislados. Cada día del año pasado, en Colombia hubo 14,5 tutelas de ciudadanos que alegaron que no se les estaba garantizando su derecho a la educación, lo que equivale a 5.307 recursos de este tipo para el 2019. Y según los últimos datos disponibles de la Corte Constitucional, entre enero y marzo del 2020 se registraron 913 tutelas por el derecho a la educación.

La mayoría de las 6.220 que se presentaron entre enero del 2019 y marzo de este año, 4.111, según las estadísticas de la Corte, tienen que ver con los problemas de a la educación (ver gráfico).

Este panorama se explica en un país en donde, según las cifras del Ministerio de Educación para el 2018, de cada 100 niños que están en edades para estar matriculados en educación primara, unos 20 no tienen al sistema escolar. En el caso de la educación preescolar, la tasa de cobertura llega al 57 por ciento; en la secundaria, al 72 por ciento, y en la educación media (grados 10 y 11), al 43 por ciento. En la educación universitaria, solo 30 de cada 100 ciudadanos tienen a ella.

Según el Ministerio de Educación, esas cifras del 2018 han mejorado en este Gobierno, pasando a una cobertura neta (en todas las escalas educativas) del 93 por ciento. También afirma que ha bajado el número de tutelas y que las que son aceptadas en segunda instancia, son apenas un 10 por ciento (ver entrevista más adelante). 

Pero más allá de la cantidad de casos, detrás de cada tutela hay una historia de vida en la que la educación no está siendo un derecho sino un privilegio. También es alarmante que de las 6.220 tutelas de la Corte desde el 2019, unas 1.690 fueron presentadas por afectar sujetos de especial protección, de los que 1.497 eran menores de edad.

Este año, la Corte Constitucional ya ha emitido por lo menos 18 sentencias relacionadas con el derecho a la educación. Una de ellas se dio en un caso de un colegio en zona rural de Aipe, Huila, en el que sus estudiantes solo tenían un profesor para todas sus clases, lo que afectaba la calidad del aprendizaje y generó deserción. Por eso la Corte ordenó a la Secretaría de Educación de Huila garantizar que tuvieran otro docente.

Otra decisión se dio por una tutela de cinco madres de niños estudiantes de la Escuela Institución Educativa Normal Superior, en la vereda La Leona, de Jericó, Antioquia, a la que, por considerar que no era indispensable, le habían quitado el servicio de internet al que los niños accedían en los 10 computadores del colegio. La Secretaría de Antioquia dijo que habían cortado la red porque el Ministerio de Educación les había reducido el presupuesto.

Pero la Corte les dio la razón a los padres y señaló que no se puede aceptar un retroceso en la educación al cortar el servicio de internet, por lo cual le ordenó a la Gobernación de Antioquia mitigar las afectaciones que sufrieron los estudiantes e iniciar un plan para reactivar esta herramienta.

Muchas tutelas no solo tienen que ver con el y calidad educativa, también con hechos de discriminación. Esto fue lo que sufrió una joven de 17 años a quien se le había quitado el cupo en un colegio en Cali por haber quedado en embarazo, por lo cual la Corte aceptó una tutela de su madre y ordenó al colegio garantizarle la matrícula y ajustar su manual de convivencia.

También sufren una afectación especial del derecho a la educación aquellas personas que tienen alguna discapacidad. En ese contexto llegó a la Corte un caso de una niña que tiene dislexia evolutiva, lo cual le impide leer y escribir a la velocidad esperada. El alto tribunal aceptó una tutela de sus padres porque el colegio Gimnasio Vermont, de Bogotá, la había retirado al cambiarle los ajustes que había hecho en su programa académico y que permitían su inclusión.

La discriminación también la vivieron dos niños, uno que estudiaba en la Corporación Educativa Bilingüe de Santa Marta y otro de la Institución Educativa de Desarrollo Rural en La Unión, Nariño, que fueron diagnosticados con hiperactividad.

Ambos fueron sancionados por sus colegios, pero la Corte determinó que se vulneraron sus derechos porque no había un programa de educación inclusiva frente a su déficit de atención.

EL TIEMPO habló con María Victoria Angulo, ministra de Educación, y le preguntó que está haciendo el Gobierno para superar las brechas que llevan a tantos ciudadanos a presentar tutelas para poder estudiar. 

Para el Ministerio de Educación, como responsable de la política nacional de educación y de establecer los parámetros técnicos cualitativos que contribuyan al mejoramiento del , calidad y equidad de la educación, es una prioridad que este derecho fundamental tenga una prestación efectiva.

En este contexto es necesario aclarar que la prestación concreta del servicio educativo está a cargo de las entidades territoriales certificadas en educación, quienes son las competentes para la prestación y istración del servicio educativo en su jurisdicción. Sin embargo, desde la formulación de la política pública para el gobierno nacional es prioritaria la mejora permanente en las condiciones de y calidad en la educación en los territorios, para lo cual trabaja en coordinación con las autoridades.

En relación con las estadísticas mencionadas, si bien reconocen el hecho de que hay casos en que existen inconformidades relacionadas con la satisfacción de este derecho, debemos tener en cuenta que sólo en educación básica la matricula a nivel nacional supera 10 millones de niños, niñas y adolescentes.

Es de advertir que estas 6220 tutelas refieren a todos los niveles de educación, incluyendo la superior, y también incluye prestadores públicos y privados. Igualmente, según las estadísticas de la propia Corte, 565 tutelas fueron decididas favorablemente en segunda instancia para sus accionantes, menos del 10%.

De esta cifra, en contra del Ministerio de Educación sólo se interpusieron 1.507 acciones, de las cuales se registraron 66 fallos en contra. Igualmente, se observa una disminución en el número de sentencias proferidas por la Corte Constitucional en los últimos dos años.

No obstante, el Ministerio de Educación, a partir del derrotero trazado por el Plan Nacional de Desarrollo, avanza en el desarrollo de proyectos, planes, y programas para disminuir las brechas existentes en el sector educativo.

Desde el sector educación se han realizado distintas estrategias para que las entidades territoriales certificadas en educación responsables de la prestación del servicio puedan incrementar la cobertura en educación preescolar, básica y media, tanto en entornos rurales como en entornos urbanos.

Esto ha permitido que desde el 2017 a la fecha se haya superado una cobertura neta del 85% a una cobertura del 93% en el 2019 en todo el territorio nacional.

En el Plan Nacional de Desarrollo se contemplan las particularidades territoriales como elemento central de una política de inclusión educativa que reconoce las diferencias de las comunidades, así como su ubicación en zonas rurales y de difícil . Entre otras medidas, se destaca el apoyo a las autoridades territoriales a través de la inversión de $ 170.000 millones para mejorar 557 infraestructuras educativas rurales, que incluyen 68 sedes en comunidades indígenas, 32 de atención a comunidades del pueblo negro, 21 sedes educativas de internados, 121 comedores o cocinas de sedes educativas, y 315 mejoramientos de sedes rurales

 De otra parte, el presidente Duque sancionó la ley 1978 de 2019 de modernización del sector TIC, y en alianza con Computadores Para Educar, se están entregando equipos de cómputo, favoreciendo a 79.345 estudiantes de 750 sedes educativas y a 4.000 docentes. Y este año, en medio de la pandemia, se ha trabajado en crear herramientas de atención pedagógica en casa, que ascienden a $ 252.000 millones.

MILENA SARRALDE DUQUE

Subeditora de Justicia

Twitter: @MSarralde