¿Acusación de Armando Benedetti en la Corte Suprema afectaría su nombramiento como jefe de Despacho?

Tres días después del aterrizaje de Armando Benedetti en Palacio como jefe de Despacho encargado, la Corte Suprema lo acusó por uno de los siete procesos que tiene abiertos en su contra. Su nombramiento no solo avivó la ruptura del gabinete, que se hizo evidente en el primer consejo de ministros televisado, después del cual han salido tres altos funcionarios, sino que también está rodeado de ruidos a nivel judicial, como el hecho de estar ad portas de ir a juicio.

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El pasado jueves 6 de febrero la Corte acusó formalmente a el exembajador ante la FAO por presunto tráfico de influencias en el caso Fonade. Un entramado en el que también están vinculados los exsenadores Musa Besaile y Bernardo 'el Ñoño' Elías, quienes ya aceptaron los cargos y fueron condenados por estos hechos. 

Benedetti es señalado de direccionar contratos de este fondo, por más de 1.000 millones de pesos, a favor de la empresa Certicámaras a cambio de coimas, cuando era senador. La denuncia fue hecha por el abogado Jaime Lomaba, quien documentó que estos beneficios se habrían dado mediante la expedición de una ley. 

Este es el primer proceso de los siete en la Corte Suprema por el cual el actual jefe de Despacho será enjuiciado en la Sala Especial de Primera Instancia. Ante dicha corporación, el procesado solicitó garantías judiciales debido a una supuesta "arbitrariedad" de la magistrada Cristina Lombana, quien radicó la ponencia inicial, a la que se acogió el magistrado César Augusto Reyes.

Si bien este proceso saltó de una jurisdicción a otra, la Sala de Instrucción consideró que el caso era de su competencia, ya que el presunto delito tuvo relación con su actividad parlamentaria. Y desde hace más de dos años ha reunido pruebas y testimonios que vinculan al excongresista con una red de tráfico de influencias para favorecer intereses particulares.

Unas de las evidencias claves son el testimonio de Jorge Iván Henao, exasesor de la gerencia de Fonade, quien advierte que Benedetti "influyó en el proceso de adjudicación del contrato de Certicámara S.A.", y los testimonios de los excongresistas condenados, Besaile y el 'Ñoño' Elías. 

Asimismo, las entradas al Fonade de una de las integrantes de la Unidad de Trabajo Legislativo de Benedetti, que coincidieron con las de Juan Carlos Santofimio Vegoechea, presunto intermediario. 

Jurídicamente, Armando Benedetti sigue facultado de ejercer puestos en la istración pública hasta que la Corte no profiera una sentencia condenatoria. En 2024, el alto tribunal determinó no imponer medida de aseguramiento en su contra, por lo que permanecerá en libertad mientras su proceso sigue su curso. 

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Así lo explicó el penalista Iván Cancino. "No es el primer funcionario, ni de este gobierno ni de gobiernos anteriores, que va a juicio en la Corte Suprema y mantiene sus funciones. Hay que ver cómo se desenvuelve, ya que lo pueden absolver o condenar. Pero hasta que no se dé la sentencia, en teoría, no tendría ningún impedimento legal, constitucional o normativo para estar en el cargo. Ya la decisión sobre si es acertada o no es más de tinte político y la tomará el Presidente de la República".

De hecho, nombres como Andrés Felipe Arias, Sabas Pretelt de la Vega y Diego Palacios salen a relucir en este listado de funcionarios en ejercicio que tenían procesos abiertos en la Corte.

Por su parte, para el abogado y director de Excelencia a la Justicia, Hernando Herrera, la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia actúa con muy buen sentido. “Son varios los elementos que, a juicio de esa corporación, pesan para adoptar esa decisión. Hay que respaldar las decisiones de la justicia y, adicionalmente, el presidente debería cumplir su promesa de campaña: si hay una persona involucrada en graves actos de corrupción, no puede hacer parte de ningún gobierno ni tener responsabilidades públicas", dijo el jurista.

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Redacción Justicia