El desafío de los capos desde las cárceles / Análisis

Detrás de la escalada de asesinatos de guardianes del Inpec –seis en los últimos meses–, se esconde un reto de los grupos armados organizados y de las otras mafias –uno más– que debe ser enfrentado con urgencia por los colombianos: ¿quién manda realmente en las cárceles?

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El espejo de lo que hoy pasa en las cárceles de Venezuela –donde imperan los ‘pranes’, las bandas que controlan centros penales enteros–, y de Ecuador, les está recordando al país y sobre todo a sus autoridades que no puede haber lucha eficaz contra la criminalidad si el Estado no es capaz de imponer su ley en el sistema penitenciario.

En Colombia, ya se sabe, los niveles de impunidad son superiores al 70 por ciento, incluso para los delitos más graves. Y suele ocurrir que las pocas veces que se logran capturas y condenas los delincuentes aprovechan los muchos huecos que sigue teniendo la ley para conseguir libertades o detenciones domiciliarias cuyo efecto real es su inmediato regreso a las calles.

Pero hay algunos, usualmente los más poderosos y violentos, que ni siquiera se preocupan por salir de prisión porque, por el contrario, detrás de las rejas están más seguros frente a sus muchos enemigos. Además, porque gracias a su aparato de corrupción e intimidación siguen manejando sus rentas criminales a sus anchas, especialmente las de la extorsión, sin importar que estén, supuestamente, pagando una condena.

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Esos perfiles criminales –uno de los más conocidos, el llamado ‘Negro Ober’– son los que representan el gran reto para el Gobierno, que hasta ahora se ha visto más preocupado por deshacinar las prisiones a través de rebajas de penas y lograr –como toca– mejorías en las condiciones de vida de los internos que por cumplir la otra mitad de la tarea: impedir que las cárceles se conviertan en simples retaguardias de descanso y planeación criminal para los delincuentes más poderosos.

El actual director del Inpec, el coronel de la Policía Daniel Gutiérrez, está dando valientemente la batalla, pero esta es una cruzada en la que tiene que estar comprometido el Estado como un todo, incluidos la Fiscalía y los jueces.

Los asesinatos de los de la guardia del Inpec, lo han dicho las autoridades, representan un mensaje de las mafias sobre lo que puede pasarles a aquéllos que se empeñen en cumplir con su deber y tratan de imponer la ley en las cárceles. Un mensaje que debe ser respondido con toda la contundencia por un Estado que en su momento fue capaz de recoger el guante arrojado por el poderoso Pablo Escobar y que, en las últimas dos décadas, forzó primero a los paramilitares y luego a las Farc a buscar una paz negociada a cambio de penas alternativas.

Lo que muestran la historia y las capacidades institucionales es que tenemos cómo responder ese desafío. Pero, como en los otros frentes de la seguridad que están haciendo agua en el país, se necesita una lectura real de lo que está pasando y voluntad política para enfrentarlo.

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JHON TORRES

Editor de EL TIEMPO

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