La radicación del proyecto de ley del Gobierno para el sometimiento de bandas criminales sigue dando de qué hablar y a las críticas hechas por entidades como la Procuraduría y la Fiscalía se sumó la Corporación Excelencia en la Justicia (CEJ), que comentó que varios aspectos de la iniciativa podrían resultar en impunidad, irían en contra de la separación de poderes y llevarían a la posible vulneración de los derechos de las víctimas.
Mediante un pronunciamiento, la CEJ manifestó que acompaña las preocupaciones que el proyecto de bandas generó a la procuradora general, Margarita Cabello, y al fiscal general, Francisco Barbosa, quien incluso dijo que la iniciativa era un “indulto disfrazado”.
Sobre el tema la Corporación refirió que es preocupante que el proyecto entregue beneficios a narcotraficantes y olvide los derechos de las víctimas, así mismo dijo que es “supremamente alarmante que se prevea la aplicación del principio de oportunidad en delitos como de concierto para delinquir agravado, lo que resultaría en una suerte de ‘indulto’, y cuestionó que los recursos recuperados no se destinen a las víctimas ni a proyectos restaurativos claros”.
Así mismo, mencionó que compartía la preocupación de la procuradora Cabello de que no queda claro cómo se destinarán los recursos relacionados con las medidas restaurativas propuestas ni qué recursos se podrían presentar para la reparación a las víctimas, dejando en entredicho su reparación.
“Tampoco se determina si las personas que han incumplido acuerdos con el Estado —como disidentes de las antiguas Far— podrían acceder a la ley ni qué tipo de bienes entregados conllevarían a beneficios económicos”, citó la CEJ.
Finalmente, para la corporación es preocupante que el proyecto deje abierta la puerta para que el Gobierno establezca presupuestos que “alteren el curso normal de los procesos judiciales”, como ya había pasado en la discusión de la figura de los gestores de paz o en la suspensión de órdenes de captura en el caso de las reformas al sistema penal y penitenciario realizadas recientemente.
“En este entendido, pareciera que el proyecto protege más a los victimarios que a las víctimas y ante esta situación, la CEJ continuará velando por el respeto a la separación de poderes y la exigencia de rigurosidad en la presentación de reformas a la justicia”, concluyó la corporación.
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