César Manrique, exjefe de Función Pública del Gobierno, condenado por contratación ilegal en la alcaldía de Petro

El juez 1 de Conocimiento de Bogotá condenó a 10 años de cárcel a César Manrique, exjefe de la Función Pública del gobierno del presidente Gustavo Petro salpicado en el caso de la UNGRD, por su participación en el escándalo del Fondo de Vigilancia en Bogotá, para la compra de 100 motos eléctricas de la Policía Nacional.

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Este proceso, que se abrió hace cerca de 13 años cuando era funcionario de la alcaldía de Petro en la capital, lo llevó a ser imputado en 2015 y un año más tarde, en febrero de 2016, llamado a juicio por los delitos de peculado por apropiación, interés indebido en la celebración de contratos y celebración de contratos sin los requisitos legales. El juez este lunes terminó, al dictar su sentido de fallo, absolviéndolo por el primer cargo y declarándolo culpable en primera instancia por los otros dos.

Las motos eléctricas en cuestión fueron destinadas a la estación de la Policía en Kennedy, y se compraron por un monto de 4.357 millones de pesos. Luego de los hallazgos fiscales, se determinó que el detrimento patrimonial y favorecimiento indebido en esa contratación ascendió a los 1.000 millones de pesos, actos en los cuales estuvo inmerso Manrique al ser el gerente encargado del Fondo.

En la audiencia, el juez recogió los argumentos aportados por la Fiscalía en el juicio, y es que con esas maniobras "se vulneraron los principios de transparencia y de selección objetiva" que se han dispuesto en el ordenamiento jurídico y legal. Y es que se demostró que cada moto valió 29 millones de pesos, y que hubo 1 millón de adiciones en seguros, 5 millones por el cargador de batería, "el cual debía estar dentro de la moto, pero no fue encontrado en la inspección realizada por la Contraloría. Al estudiar los costos y piezas del kit, la Fiscalía concluyó que su valor no superaría los 1.073.000 pesos".

Los sobrecostos, en total, fueron de 5.9 millones de pesos por moto, a los que se le sumaron 4 millones por el exceso de gastos en los kits, lo que dejó un saldo total de pérdidas de 1.011 millones en las 100 motos eléctricas.

En la audiencia, el juez se refirió a que hubo ciertos cambios de despacho porque el 19 de septiembre de 2023, el Juzgado 49 de Conocimiento lo remitió a la Corte Suprema, porque su cliente era el jefe de la Función Pública; tribunal del que salió el 12 de noviembre pasado, porque el procesado salió del Gobierno rodeado de señalamientos por supuestamente ser una de las altas fichas del Ejecutivo en estar inmersa en el entramado ilegal de la UNGRD.

El expediente llegó al Juzgado 1 de Conocimiento porque el año pasado el despacho número 49 se declaró impedido para seguir analizándolo. Fue así como este juez empezó a estudiar testimonios, documentos y hasta material audiovisual que lo llevaron a concluir que César Manrique cometió dos de los tres delitos por los cuales fue procesado, a los cuales se opuso a través de su abogado para que una segunda instancia, que será el Tribunal de Bogotá, los revise.

"Se ha logrado establecer más allá de toda duda razonable, que el referido contrato fue celebrado en flagrante contravención de los requisitos legales que rigen la contratación estatal, y que su configuración, estructuración y adjudicación respondieron a un direccionamiento deliberado promovido desde el interior del Fondo de Vigilancia, con conocimiento y participación funcional del hoy procesado", dijo el juez, añadiendo que la ficha técnica fue diseñada para que solo una empresa cumpliera los requisitos. 

Es decir, para la justicia no hubo estudios previos, no se analizó la viabilidad de la compra ni tampoco se planeó un actuar racional a la hora de autorizarla. "A lo anterior, se suma la falta de evaluación técnica independiente, y que las pruebas adelantadas a las motocicletas fueron empíricas, breves, no documentadas y sin validación científica. Varios de los informes técnicos como los elaborados por el subintendente Roncancio Romero o el cabo Diego Giraldo fueron construidos sin instrumentos de medición, sin protocolos establecidos y con base en observaciones subjetivas", indicó el juez.

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Al momento de desmenuzar los tres cargos, manifestó que "se encuentra plenamente acreditada la comisión del delito de celebración de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, en tanto el contrato se celebró omitiendo elementos esenciales del procedimiento contractual".

Además, que la Fiscalía pudo acreditarle al acusado el delito de interés indebido en la celebración de contratos. Y que en cuanto al peculado, el despacho determinó que "no se encuentra acreditada la apropiación de recursos". 

Al momento de tomar la palabra, la fiscal del caso dijo que apelará en los próximos días la sentencia a 120 meses de cárcel, mismo recurso que utilizarán la defensa y el representante del distrito como víctima.

El nombre de este exfuncionario, conocido en el Palacio de Nariño por haber sido uno de los hombres cercanos de Petro, apareció en el entramado corrupto de la UNGRD porque apoyándose en la entidad, habría intentado direccionar irregularmente 100.000 millones de pesos de la Agencia Nacional de Tierras.

En particular, junto con Luis Carlos Barreto Gantiva, exdirectivo de la UNGRD, Manrique habría gestionado el "traslado de 100 mil millones de pesos de un convenio con la Agencia Nacional de Tierras y en contraprestación Olmedo López permitió que direccionaran contratos de plantas desalinizadoras, plantas de almacenamiento, molinos, jagüeyes, carrotanques, pozos subterráneos, a cambio de coimas".

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Carlos López - Justicia - @CarlosL49 - [email protected]