Pandemia no ha frenado el reclutamiento forzado de menores de edad

Ni la cuarentena nacional por la pandemia de covid-19 ha frenado a los grupos armados ilegales que obligan a menores de edad a integrar sus filas.

Según cifras del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), entre enero y mayo de este año, 44 menores que fueron desvinculados de grupos armados ingresaron a programas de protección del ICBF.

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La entidad informó que desde 1999 hasta el 31 de mayo de 2020 ha atendido a más de 6.831 niñas, niños y adolescentes que han salido de las filas de grupos ilegales, y que en la actualidad son atendidos 220, explicó Lina Arbeláez, directora del ICBF, y agregó que en su mayoría, esos menores habían sido reclutados por el Eln (ver nota anexa).

Las alertas ya las venían haciendo diferentes entidades. El procurador general, Fernando Carrillo, envió a la Fiscalía una extensa denuncia pidiendo que se investiguen crueles hechos que afectan a menores en medio de la pandemia.

Según el documento, en más de doce hechos durante la pandemia, grupos armados habrían usado a menores de edad para cometer homicidios, actos de terrorismo y otros. Además, la Procuraduría señaló que los grupos ilegales también están reclutando a menores con fines de explotación sexual, y que miles de niños han sido torturados y desplazados, pues muchas familias se desplazan para intentar evitar que sus pequeños sean arrastrados a la guerra.

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Un elemento especialmente alarmante es que muchos de los menores pertenecen a comunidades indígenas como los embera dóbidas, embera katíos y embera chamíes, y de la comunidad nonam, en Bojayá e Istmina, Chocó; niños indígenas de Toribío, Cauca; menores embera eyábidas de Murindó, Antioquia; e indígenas wounaan de Santa Rosa de Guayacán, en Buenaventura, Valle del Cauca.

Detrás de estos crímenes, advirtió el Ministerio Público, están las disidencias de las Farc, el Eln y por lo menos otros 7 grupos armados como ‘los Caparros’, las Autodefensas Gaitanistas de Colombia y el ‘clan del Golfo’, entre otros.

La Defensoría también ha advertido de la gravedad de estos hechos. EL TIEMPO conoció que el 30 de abril pasado, ese organismo envió al Ministerio del Interior una alerta temprana sobre riesgos para la población, en el contexto de la cuarentena, y mencionó que las disidencias de las Farc y el Eln no solo están reclutando niños, sino instalando minas en las comunidades.

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Y hay otra advertencia que desde el año pasado hizo esta entidad, y que la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la OEA (Mapp/OEA) recalcó en su último informe: no solo están siendo reclutados niños colombianos, sino que los grupos ilegales se aprovechan de la mayor vulnerabilidad de los menores migrantes, y ya hay reportes de niños venezolanos y ecuatorianos que han sido llevados a las filas.

Precisamente, la Mapp/OEA, en su reporte presentado hace unos días, que comprende el segundo semestre del 2019, señaló que en donde hace presencia el Eln los espacios escolares son usados “para inducir u obligar a los niños, niñas y adolescentes a que formen parte de su organización”; esto se ha visto en Antioquia, Bolívar, Nariño, Arauca y la región del Catatumbo.

También hubo reportes de menores llevados por disidencias de las Farc en Antioquia, Norte de Santander, Guaviare, Meta, Putumayo, Cauca, y en la costa Pacífica nariñense. En la región del bajo Cauca, los mayores reclutadores fueron el ‘clan del Golfo’ y ‘los Caparros’, que también están reclutando en Chocó y Nariño. Y en el Catatumbo, la principal amenaza es el Epl.

Sobre el recrudecimiento del reclutamiento forzado de menores durante la pandemia, María Paula Martínez, directora de Save The Children Colombia, ONG que trabaja por la defensa de la niñez, explicó que además de las presiones de los grupos armados –que no han cesado–, las dificultades económicas acentuadas por la emergencia sanitaria pueden haber impulsado que más niños entren a las filas de grupos criminales.

En medio de este panorama han surgido iniciativas que buscan endurecer las sanciones contra los reclutadores. En el Congreso ya pasó sus dos primeros debates un proyecto de ley que busca aumentar a entre 13 y 23 años de prisión la pena para quien reclute y utilice niños en la guerra.

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Esta iniciativa, de la representante del Centro Democrático Margarita Restrepo, equipara las penas con las de la trata de personas en persona protegida con fines de explotación sexual. Restrepo explicó que los grupos ilegales se aprovechan de las situaciones difíciles para reclutar a menores, por lo que es necesario “redoblar esfuerzos para contener la pandemia de covid-19 y la pandemia de reclutamiento forzado de niños”.

Pero, además de penas más severas, la otra cara de la moneda está en reforzar la atención que debe darse tanto a las comunidades, para prevenir estos hechos, como a los niños que logran ser desvinculados de los grupos armados.

Para el Gobierno, y en especial para el ICBF, cualquier componente de reclutamiento que se haga claro que es preocupante, porque aquí hay una evidente y flagrante violación de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. A ellos se les truncan sus proyectos de vida, se les limita su posibilidad de detonar sus talentos y de tener una vida digna.

Claro que sí, todas las estrategias contra el reclutamiento en el país son liderados por la Comisión Intersectorial para la Prevención del Reclutamiento, Uso/Utilización y Violencia Sexual contra Niños, Niñas y Adolescentes por grupos armados organizados al margen de la ley (Ciprunna), que está en cabeza de la Alta Consejería para los Derechos Humanos; asimismo, se trabaja de la mano con el alto comisionado para la Paz, el doctor Miguel Ceballos, y con otros entes del Estado en los que están incluidos el Ministerio de Educación, la Consejería para la Niñez y Adolescencia, la Consejería para la Juventud, entre otros.

Nosotros tenemos un programa de atención especializada para niños, niñas y adolescentes desvinculados de los grupos armados al margen de la ley desde 1999. Desde entonces se han atendido más de 6.831 niños, niñas o adolescentes, de los cuales el 70 por ciento son hombres y el 30 por ciento son mujeres. Las edades en las que más se recluta son 17, 16 y 15 años, con el 83 por ciento de casos.

A corte del 31 de mayo, el ICBF tiene bajo su protección a 220 niñas, niños y adolescentes, de los cuales el 43 por ciento estuvieron en manos del Eln. La atención especializada que damos, además de tener el componente de restablecimiento de derechos, incluye atención en acompañamiento psicosocial, apoyo en el proceso de adaptación a la sociedad, respeto a las leyes y un elemento que es fundamental: la construcción de un proyecto de vida digno, legal y sostenible en el marco de sus capacidades y potencialidades.

JUSTICIA

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