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Noticia
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El arma, el video y las pruebas de la Fiscalía en el juicio contra Andrés Escobar por disparar contra manifestantes
Procuraduría lo investiga por boicotear marchas de esta semana. Así va el proceso contra el concejal de Cali.
Procuraduría investiga al concejal Andrés Escobar. Foto: Archivo Particular
Justo en el marco de nuevas movilizaciones convocadas en apoyo a la consulta popular, el concejal de Cali Andrés Escobar, acusado por la Fiscalía por violentar a los manifestantes en el estallido social de 2021, volvió a generar polémica por motivar a sabotear el paro y está en el ojo de la Procuraduría.
En el video que investiga el Ministerio Público, publicado en redes sociales, Escobar, junto a Andrés Rodríguez concejal de Medellín, habría hecho un llamado a boicotear las marchas y por esto el Ministerio Público les inició una investigación a los ediles del Centro Democrático.
Este hecho volvió a poner sobre la mesa uno de los episodios más duros de violencia durante las protestas de 2021, cuando Rafael Andrés Escobar González —antes de ser elegido concejal— apuntó y disparó contra manifestantes el 28 de mayo de 2021 en las inmediaciones del CAI de Ciudad Jardín, en el sur de Cali, según reveló la acusación de la Fiscalía 94 especializada contra violaciones de los Derechos Humanos.
Por estos días, en el Juzgado Tercero Penal del Circuito Especializado de Cali avanza el juicio en el que se señala a Escobar en la presunta participación como civil armado durante las manifestaciones y su aparente coordinación con la Policía.
De hecho, EL TIEMPO conoció que la última audiencia de este proceso se realizó el 20 de mayo de este año, en etapa de solicitud probatoria.
Durante el proceso, que ya completa cuatro años, Escobar contó con el respaldo de la senadora María Fernanda Cabal, quien lo acogió en el partido Centro Democrático, permitiéndole llegar al Concejo de Cali con cerca de 11.800 votos de los caleños.
Andrés Rodríguez, María Cabal y Andrés Escobar. Foto:Archivo Particular
¿Por qué es investigado Andrés Escobar?
En su escrito de acusación, la Fiscalía asegura que Escobar incurrió en tres delitos como autor directo: usurpación de funciones públicas, empleo o lanzamiento de sustancias u objetos peligrosos y amenazas agravadas, todos cometidos con conocimiento de causa y con dolo, es decir, con intención deliberada.
Según el expediente, al que tuvo EL TIEMPO, Escobar sabía que estaba asumiendo funciones que legalmente le corresponden a la Policía, y aun así habría disparado con un una pistola traumática Blow F-92, calibre 9 mm, que habría sido usada para lanzar proyectiles contra manifestantes y periodistas.
El contexto de los hechos, narrado por la Fiscalía, refleja una situación que va más allá del actuar individual. Aquel 28 de mayo, durante una protesta que inicialmente era pacífica pero que se vio alterada por actos vandálicos en la zona de Universidad del Valle y la estación del MIO Universidades, varios civiles atendieron una convocatoria difundida por grupos de WhatsApp para “defender a Cali”.
Andrés Escobar disparó a manifestantes en Cali en 2021. Foto:Archivo Particular
Los convocados llegaron armados con pistolas y fusiles traumáticos, chalecos antibalas y munición. La escena fue registrada en vivo por ciudadanos y periodistas. El objetivo era intimidar, atemorizar y dispersar tanto a manifestantes como a reporteros.
En el mismo expediente están mencionados otros cuatro ciudadanos: Juan Antonio Córdoba García, Andrés Felipe Chicaiza, Francisco Córdoba García y Diego León Quiroz Arroyave, todos habitantes del exclusivo sector de Ciudad Jardín. La Fiscalía asegura que hubo una organización previa "unos se encargaban de transportar las armas, otros de distribuirlas y otros de dispararlas".
Andrés Escobar disparó a manifestantes en Cali en 2021. Foto:Archivo Particular
Uno de los aspectos más sensibles del proceso es que estas acciones se habrían dado con el conocimiento y aquiescencia de de la Policía Nacional. Los uniformados Jhon Madrid Quiñones, Andrés Quintero Acosta, Germán Alejandro Ospina Plaza y Alexis Mosquera Mena enfrentan cargos por tortura agravada, privación ilegal de la libertad y falsedad ideológica en documento.
Según la Fiscalía, la fuerza pública no solo presenció los hechos sin intervenir, sino que, en algunos casos, acompañó a los civiles armados.
Los procesados "se abrogaron ilegalmente la función pública de la Policía Nacional", y al hacerlo atentaron contra bienes jurídicos esenciales como la seguridad pública, la libertad de prensa y el derecho a la protesta. Además, recalca que este tipo de comportamientos no solo son ilegales, sino que abren la puerta a riesgos similares a los vividos con el accionar de grupos paramilitares en el pasado.
Entre tanto, la diligencia ante el juzgado será convocada para otra fecha más adelante.