Estas son las 10 zonas que están en alerta por disturbios tras las elecciones

La Procuraduría alertó sobre nuevas alteraciones del orden público en las últimas horas.

PERIODISTA JUDICIAL29.10.2023 21:26 Actualizado: 30.10.2023 06:29

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En los municipios de Ricaurte, en Nariño; y Santiago, en Putumayo, alteraciones del orden público impidieron el desarrollo normal de las elecciones y las autoridades electorales esperan a que avancen los trámites legales para fijar una nueva fecha para las votaciones.

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Aunque los dos municipios quedan en zonas con tradicional presencia de grupos armados ilegales, en esta ocasión las presiones que afectaron las elecciones estuvieron asociadas a disturbios protagonizados por integrantes de las comunidades.

Esas afectaciones a la seguridad estuvieron precedidas por graves hechos de violencia en Gamarra (Cesar), en donde una turba le prendió fuego a la Registraduría local en sucesos en los que murió una funcionaria y resultaron heridas otras dos personas (ver nota anexa). A pesar de esa situación la autoridad electoral alcanzó a reimprimir el material electoral y asegurar las votaciones.

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El ministro de Interior, Luis Fernando Velasco, señaló que en Ricaurte los enfrentamientos entre integrantes de dos campañas políticas impidieron que los ciudadanos votaran en el casco urbano en donde está más del 50 por ciento del potencial electoral. Advirtió que durante la campaña las autoridades electorales ya habían detectado presiones de “dos grupos armados enfrentados con dos candidatos distintos”.

Añadió que el Ejército y la Policía desplegarán una operación especial en el lugar para evitar esas presiones y permitir el desarrollo normal de las votaciones.

Duperly Arévalo, funcionaria que resultó muerta en medio de los hechos, en Gamarra. Foto:Cortesía

La Fiscalía General anunció que un grupo especial asumió la investigación y se busca judicializar a los responsables de sustraer material electoral para luego destruirlo y tirarlo a la basura.

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En el municipio de Santiago, en Putumayo, según la información oficial, una persona que hizo presencia en el puesto principal de la localidad denunció que había tarjetones ya marcados y eso desencadenó que personas que estaban en el sitio ingresaran al lugar para romper el material electoral.

“No había tiempo para poder reimprimir el material electoral y la única decisión posible fue la suspensión de las elecciones”, dijo Velasco, quien agregó que en el resto del país las votaciones se desarrollaron con normalidad.

El ministro Luis Fernando Velasco en la sesión del 10 de octubre. Foto:Ministerio del Interior

Alerta se mantiene

En el corregimiento de Conejo, en el municipio de Fonseca (La Guajira), se reportaron alteraciones en dos puestos de votación en los que se destruyó material electoral. El alcalde de esa localidad, Hamilton García, señaló: “Los desmovilizados de las Farc fueron los autores de todo lo que aconteció, fueron ellos los que incitaron al grupo de personas que tenían, e incluso retuvieron un bus”.

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El dispositivo de seguridad en el país se mantendrá para garantizar la tranquilidad durante el conteo de votos y proteger el material electoral. El defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assís, subrayó la necesidad de no bajar la guardia.

Carlos Camargo entregó balance sobre la jornada de elecciones. Foto:Defensoría

“Esperamos que en las próximas horas los ciudadanos mantengan la tranquilidad y se respeten las decisiones de la mayoría expresadas en las urnas. Los resultados, en términos generales, demuestran el valor de nuestras alertas tempranas como mecanismo de prevención”, dijo el funcionario.

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En el mismo sentido, la procuradora general, Margarita Cabello, afirmo que es “importante requerir nuevamente a las autoridades competentes para que adopten las medidas suficientes y así garantizar el orden público una vez culminada la jornada electoral”.

En concreto, el Ministerio Público advirtió anoche sobre reportes de hechos de violencia postelectoral en Pueblo Rico (Antioquia), El Charco (Nariño), Fonseca (La Guajira), Puerto Parra (Santander), Almaguer, Guachené, Balboa, La Sierra (Cauca), Bojayá y El Carmen de Atrato (Chocó), Gachantivá (Boyacá) y Arenal (Bolívar).

Procuradora Margarita Cabello en Florencia, Caquetá. Foto:Procuraduría

En la alerta de la Procuraduría se mencionaba la destrucción de material electoral y de infraestructura del Estado.

La Defensoría del Pueblo ya había alertado, en su último reporte sobre las amenazas a las elecciones, que uno de los principales factores a tener en cuenta era la posibilidad “de manifestaciones o protestas, disturbios y asonadas”.

De hecho, Nariño y La Guajira eran dos de los 12 municipios en los que el informe del organismo advertía sobre posibles alteraciones del orden público.

El académico Jorge Restrepo, director del Centro de Recursos para el Análisis del Conflicto (Cerac), señaló que en este proceso electoral no se vio una marcada presencia de presiones de grupos armados y destacó la labor de las autoridades para garantizar las elecciones.

Durante los disturbios resultaron heridas cuatro personas, entre ellas la Registradora de Gamarra, Patricia Castro Roca. Dos funcionarios de la misma entidad y un policía también resultaron afectados. Foto:Cortesía

Sostuvo que la labor de los uniformados quedó evidenciada en zonas como Argelia (Cauca), en donde luego de varios días el Ejército ingresó y garantizó la tranquilidad durante el proceso electoral.

“Se vio la política local que siempre ha sido tremendamente intensa y que en muchas ocasiones ha llevado a la violencia. Vale la pena recordar que allí fue donde nació la violencia en los años 50 y que crece en entornos muy polarizados”, dijo Restrepo.

A su turno, Hernando Herrera, presidente de la Corporación Excelencia en la Justicia, señaló que el país debe rechazar esos hechos de violencia al tiempo que reconoció la labor de los integrantes de la Fuerza Pública.

“Esto pone en evidencia grandes fracturas y fisuras en lo que tiene que ver con la seguridad y la puesta en marcha de lo que el Gobierno ha denominado la paz total”, dijo Mercado.

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