Fiscalía se opone a preclusión del proceso contra Luis Carlos Restrepo

Durante un audiencia ante un juez especializado de Bogotá el abogado Pedro Capacho defensor del coronel Jaime Joaquín Ariza pidió la preclusión del proceso por la falsa desmovilización del Bloque Cacica la Gaitana de las Farc, al considerar que los delitos ya prescribieron y por tanto la justicia perdió la oportunidad para juzgarlo.

Al inicio de la audiencia los abogados del excomisionado de paz Luis Carlos Restrepo y de otros procesados por los mismos hechos señalaron que se sumarían a la petición para que los casos contra sus clientes también se den por terminados.

El abogado Capacho señaló que a los procesados les imputaron cargos en febrero de 2012 y han pasado mas de 10 años sin que la justicia se pronuncie de fondo, es decir no hay fallo absolutorio o de culpabilidad. De hecho no ha iniciado el juicio formal.

Argumentó que ese plazo venció en febrero de este año y que la ley y la Constitución garantizan el debido proceso y señalan que una persona no puede estar indefinidamente esperando que la justicia resuelva las investigaciones en su contra.

Indicó que hay fallos de la Corte Constitucional y precedentes internacionales que protegen esa garantía para las personas que son investigadas por su presunta responsabilidad en delitos.

Luego intervino el abogado Camilo Ortiz, representante de Luis Carlos Restrepo quien señaló que los hechos imputados sucedieron en 2006 y mencionó los cambios que ha sufrido la legislación sobre la prescripción subrayando que en todo caso ya están vencidos los delitos imputados al exfuncionario.

Cuestionó una interpretación de la norma que aumentaría el tiempo de prescripción frente a funcionarios públicos y señaló que no es aplicable al caso.

En la audiencia intervino una fiscal de la Dirección de delitos contra la istración  pública a cargo del caso quien reconoció que efectivamente se cumplieron los plazos previstos en la ley y por tanto "resulta imposible continuar con el ejercicio de la acción penal".

Sin embargo señaló que la norma establece que la prescripción para los servidores públicos no vence a los 10 años y que los oficiales y el excomisionado podrían seguir siendo procesados por el delito de peculado.

Consideró que el vencimiento para los funcionarios se da a los 13 años y cuatro meses.

Sobre los demás investigados que son particulares señaló que efectivamente los delitos ya no pueden seguir siendo investigados. Esto terminaría beneficiando a Feipe Alejandro Salazar Pacheco, Raúl Agudelo Medina, Alvaro Agudelo Medina, Marta Rocio Agudelo Medina, José Alfredo Pacheco Ramos, Miguel Alcides Pacheco Ramos y Flor Inés Pacheco Ramos.

En su momento, y tras el proceso de desmovilización de las Auc durante el gobierno de Álvaro Uribe, se presentó la desmovilización del comando de las Farc como un duro golpe a la guerrilla. Sin embargo, la investigación de la Fiscalía dice que a la zona en la que se hizo el proceso, con la presencia de altos funcionarios del Gobierno, llegaron 62 personas que fingieron hacer parte de un grupo de la guerrilla que se desmovilizó, pero en realidad habían sido llevadas al lugar dos meses antes para darles entrenamiento y que pudieran pasar como curtidos integrantes de las Farc.

La desmovilización habría sido financiada por un narcotraficante y respaldada por oficiales del Ejército y funcionarios del Gobierno Nacional.

Dieciséis años después, la investigación por las irregularidades que pusieron ante la justicia al excomisionado para la Paz a dos coroneles y a cinco civiles, entre ellos a 'Biófilo', el supuesto comandante del grupo que se desmovilizó, podría terminar por decisión del juzgado especializado de Bogotá que tendrá que resolver la petición de prescripción.

En la más reciente actuación en el proceso, el Tribunal Superior de Bogotá resolvió una controversia por las pruebas que serían usadas en el juicio y lanzó una nueva voz de alerta por la prescripción de los delitos investigados. "Ante la dilación que presenta este caso dada la actitud de las partes y el escaso control para evitar la demora por parte de quien lo dirige, realidad que viene abriendo paso a la prescripción de la acción penal de varios de los delitos imputados, en detrimento de la istración de justicia, se dispondrá oficiar al Consejo Seccional de la Judicatura para que vigile este asunto y de ser necesario disponga medidas que eviten mayores demoras. Se oficiará a la Procuraduría General en el mismo sentido", se lee en una decisión conocida por EL TIEMPO.

El magistrado Juan Carlos Arenas señaló en la audiencia que el proceso va para 11 años y apenas está en etapa preparatoria de juicio, lo que "llama la atención y alarma sobre la posible prescripción de la acción penal", por lo cual aclaró que se pidió una intervención para saber qué está sucediendo en el proceso y se tomen medidas como por ejemplo acudir a la descongestión para que el juzgado que tiene el expediente destine más tiempo a las audiencias y se avance más rápidamente. Añadió que le corresponderá a la judicatura definir si se abren investigaciones por la demora en el caso.

(El debate que se reabrió por cuenta de la Procuraduría sobre condenas a exFarc)

Durante la audiencia, Mildred Hartmann, abogada del excomisionado Restrepo, y Majer Abushihab, defensor del coronel Hugo Castellanos, dejaron constancia de que en los más de 10 años del litigio no han pedido ningún aplazamiento y han asistido cumplidamente a todas las diligencias.

A pesar de eso, el proceso ha estado lleno de tropiezos y con el tiempo han ido prescribiendo los delitos. Por ejemplo, al excomisionado Restrepo, que está fuera del país, se le imputaron los delitos de prevaricato por acción, fraude procesal, peculado por apropiación a favor de terceros, fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones, y fabricación, tráfico y porte de armas y municiones de uso privativo de las Fuerzas Armadas. En abril de 2022, el juzgado decretó la prescripción de los cargos de fraude procesal y prevaricato por acción, por los que ya no podrá ser juzgado.

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