Dos fiscales asumieron denuncia por presuntas irregularidades en OPA por Nutresa

La Fiscalía General de la Nación compartió este jueves un comunicado en el que anunció que destacará a un grupo de agentes del más alto nivel para atender la denuncia que hay alrededor de la Oferta Pública de Adquisición (OPA) lanzada por Nutresa.

El hecho se debe a que se quiere establecer si hubo presuntas irregularidades en los

procedimientos de reparto, en los autos isorios y en la adopción de medidas

cautelares, temas que podrían configurar corrupción judicial.

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En concreto, la medida se toma porque se recibieron dos denuncias relacionadas a dos demandas civiles presentadas por el Grupo de Inversiones Suramericana, el famoso Grupo Sura, y la cementera Argos.

En los recursos adelantados por dichas firmas antioqueñas se habla de que las posibles irregularidades en el reparto y en el auto se habrían dado en el trámite de dichas demandas civiles, lo cual es motivo de investigación.

Por eso, desde que se conoció la complejidad de los hechos que hay de por medio, el ente acusador le remitió el caso a la Dirección Especializada contra la Corrupción, en la que se determinó que sean dos fiscales los que asuman las actuaciones a las que haya lugar.

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Uno de los funcionarios es delegado ante el Tribunal de Distrito, y estará acompañado de un equipo interdisciplinario de la Policía Judicial que se destacan por ser expertos en temas relacionados a informática forense, istración de empresas y contaduría.

"Esto, a efectos de garantizar el avance estratégico, ágil y eficaz de la investigación y dar una respuesta pronta a la ciudadanía sobre el esclarecimiento de estos hechos que son de público interés", explicó la Fiscalía.

El ente acusador empezó este trabajo a nivel penal luego de que a la oficina del fiscal general llegó una denuncia del abogado Andrés Garzón en la que se describe que IHC Capital Holding presentó el 20 de septiembre una OPA por Nutresa que asciende a los dos mil millones de dólares.

Tras la oferta, a Sura, como mayor accionista del Grupo Nutresa, le correspondía -dice la denuncia- definir si aceptaba o no, y con eso vendía sus acciones en cerca de 11 billones de pesos.

El 10 de noviembre se concentraron en la reunión Santiago Cuartas, Andrés Bernal, María Ximena Lombana y Ángela María Tafur, y con el voto de las últimas tres personas mencionadas, se aprobó una propuesta de quinto puntos.

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Uno de ellos dice "aprobar la participación, por parte de Grupo Sura S.A., en la OPA formulada por IHC Capital Holding LLC, de forma tal que ofrezca la totalidad de las acciones ordinarias de las que es propietaria en el capital de Grupo Nutresa S.A. a la fecha de esta decisión. La orden de aceptación no se formulará bajo la condición de 'todo o nada' sino que se sujetará a prorrateo. Se solicitará que el pago se realice en dólares de los Estados Unidos de América".

Seguido a ello, el abogado que representa a los denunciantes expuso que los representantes legales del Grupo Sura no aceptaron la OPA del 11 de noviembre "como lo definió la junta directiva, para que dicha empresa pudiera recibir cerca de once billones de pesos".

Con ese antecedente, Sura demandó a las 3:19 de la tarde del 16 de noviembre a Bernal, Lombana y Tafur ante un despacho de Medellín, correspondiéndole el caso al Rafael Antonio Matos Rodelo, juez Quinto Civil del Circuito de la capital antioqueña, desde el cual se decretó, un día después -a las 4:11 de la tarde-, un auto de medidas cautelares sin notificar al demandante.

De acuerdo al documento en poder de la Fiscalía, lo que hizo el despacho con esa medida cautelar fue "ordenar a los representantes legales abstenerse de cumplir las órdenes de la junta directiva, particularmente las relativas a la venta de once billones de pesos".

Sumado a eso, lo que se pide revisar en una de las denuncias es que tras eso, Argos interpuso una demanda el 17 de noviembre en la mañana -un segundo proceso- contra las mismas tres personas, y justamente le llegó al mismo despacho que tenía la de Sura.

Y "en el auto isorio de la demanda (de Argos) se incluye un informe secretarial que sugiere que el proceso fue recibido por el juzgado antes de la fecha y hora de radicación reportada por el sistema de reparto de la Rama Judicial".

Por esto, para los denunciantes es sospechoso que el reparto haya caído en el mismo juez, así como las medidas cautelares decretadas tan rápido. "Si hacemos una comparación al funcionamiento normal del Juzgado Quinto Civil del Circuito de Medellín encontraremos que, de ninguna manera, los autos de inisión, isión y/o rechazo de las demandas se profieren en 48 horas o menos", se lee en la página seis del documento.

Es esto lo que ahora intentarán averiguar los dos fiscales destacados, pues puede haber una presunta corrupción judicial.

En Twitter: @CarlosL49