Las cifras que sustentan demanda contra la Presidencia y el ICBF por el reclutamiento forzado de menores

El Tribunal istrativo de Cundinamarca, a través de su Sección Primera, itió una demanda en contra de la Presidencia de la República y el ICBF “por su omisión” en la protección de niños, niñas y adolescentes frente al reclutamiento forzado por parte de grupos armados ilegales.

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La acción fue interpuesta por la Fundación para el Estado de Derecho solicita que reconozca la situación con esta población y se le ordene a estas autoridades la implementación inmediata de medidas efectivas para frenar esta crisis humanitaria.

Dentro de los argumentos, la demanda expone que por medio del ‘Botón de registro de casos’, de la Defensoría del Pueblo, durante el 2023 se registraron 184 casos de reclutamiento de niños, niñas y adolescentes. Y, según cifras de la misma entidad, solo durante el año 2024 se registraron un total de 463 casos.

"A través de esta acción, se solicita la intervención del juez constitucional para que ordene a las autoridades responsables la adopción de medidas eficaces e inmediatas que garanticen la protección de los derechos colectivos vulnerados, con un enfoque especial en la protección de los niños, niñas y adolescentes, en su calidad de sujetos de especial protección constitucional”, se lee en la demanda.

En relación con los grupos armados con el mayor número de reportes sobre reclutamiento de niños, niñas y adolescentes, las facciones disidentes de las Farc y el EPL serían los que más reclutan en Colombia, con el 78 % de los reportes; le sigue la categoría de no determinado, con 16%; el Ejército de Liberación Nacional (Eln), 4%; grupos posdesmovilización de las Auc [AGC-Clan del Golfo, Bloque Virgilio Peralta Arenas (Caparros)], resaltó la fundación con base en las cifras de la Defensoría del Pueblo.

Dentro de la demanda también se solicita que se le ordene al Presidente de la República “que exija en el marco de los diálogos de paz con grupos armados organizados al margen de la ley (GAOML), estructuras armadas organizadas de crímenes de alto impacto (EAOCAI) y en general con actores armados ilegales el cese inmediato del reclutamiento forzado niñas, niños y adolescentes”.

Otro aspecto que resalta la demanda es los pronunciamientos que han realizado organizaciones internacionales, como UNICEF, que ha reportado “que un alto porcentaje de niños desvinculados de grupos armados tenía un bajo nivel educativo, lo que demuestra cómo el limitado a la educación es una de las mayores vulneraciones que sufren estos menores”.

También se cita un informe de la Fundación ONG Humanitarias – Colombia, del 31 de agosto de 2024, que reflejó el aumento del reclutamiento forzado de niñas, niños y adolescentes por parte de los grupos armados no estatales al margen de la ley durante los años 2022, 2023 y 2024 (corte marzo): “La información de la Fiscalía refleja un incremento del número de niñas, niños y adolescentes reclutados entre 2021 y 2022 del 63,7% (de 231 a 378 casos) y una posterior reducción entre 2022 y 2023 del 16,4%, alcanzando 316 denuncias en 2023”.

Redacción Justicia