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Procuraduría llamó a juicio a intendente y a patrullero de la Policía de Urabá por presuntos tratos que hicieron con el ‘clan del Golfo’

Para el órgano de control, los uniformados hicieron acuerdos con el grupo ilegal a cambio de dinero.

Empleadas de Migración Colombia y de la Procuraduría hicieron la denuncia — La Procuraduría les formuló cargos a los uniformados Foto: EL TIEMPO

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María Isabel Ortiz Fonnegra

PERIODISTA15.07.2024 11:11 Actualizado: 15.07.2024 11:16

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En juicio disciplinario tendrán que responder el intendente Óscar Eduardo Hernández y el patrullero Pablo Alberto Montero Sanjuán, de la Policía de Urabá, por presuntamente haber realizado acuerdos con el ‘clan del Golfo’.

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De acuerdo con la Procuraduría, que les formuló cargos, Hernández, usando su cargo y funciones, hizo un acuerdo con de la subestructura ‘Carlos Vásquez’, del ‘clan del Golfo’, para entregarles periódicamente información sobre la presencia y operativos de la Fuerza Pública en la zona.

Otra parte del acuerdo era el no perseguir a los criminales ni ejercer controles contra sus integrantes o sus acciones, señaló el Ministerio Público mediante un comunicado de prensa.

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“Estos comportamientos, que presuntamente se realizaron de manera permanente hasta el día de su captura el 22 de mayo de 2020, fueron cometidos a cambio de una remuneración económica”, dijo la entidad.

Así mismo, sobre el patrullero Montero Sanjuán se indica que a través del intendente Hernández hizo un acuerdo con los criminales para no perseguirlos ni ejercer actos que obstaculizaran su actuar delictivo.

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“Estos acontecimientos se dieron cuando Montero se desempeñaba como secretario de la subestación de la Policía del corregimiento de Pavarandó, municipio de Mutatá, en Antioquia, durante el período del 10 de marzo de 2018 hasta el 01 de junio de 2019”, dijo la Procuraduría.

Además, los acuerdos ilegales habrían persistido mientras desempeñó sus funciones adscrito al departamento de Policía de Urabá y hasta el momento en el que fue capturado, el 22 de mayo de 2020.

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Según la Procuraduría, el patrullero solicitaba dinero además de recibir una contraprestación mensual que presuntamente repartía con el intendente Óscar Eduardo Hernández.

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