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Entrevista
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Se necesitan planes reales para evitar las demandas, dice nuevo jefe de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado
El nuevo director de la Andje habló sobre sus prioridades en la entidad.
El director de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado César Palomino Cortés durante una entrevista concedida al diario EL TIEMPO. Foto: MAURICIO MORENO EL TIEMPO
El exconsejero de Estado César Palomino Cortés, quien fue posesionado por el presidente Gustavo Petro como el nuevo director de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (Andje), en entrevista con EL TIEMPO, comentó cómo llegó a este cargo, se refirió a casos como el de los pasaportes y el Galeón San José, y habló de cómo sus casi cuatro décadas de experiencia en la rama judicial formaron un criterio jurídico que seguirá dentro de la entidad, encargada de defender los intereses de la Nación en las demandas contra el Estado.
Llego por una invitación que se me hace en atención a que el Gobierno estaba buscando un perfil de un abogado con mucha experiencia en el tema judicial, con una formación académica robusta, que fortalezca la defensa jurídica técnica de la Nación tanto en el ámbito nacional como en el ámbito internacional. Por eso tras la salida de la doctora Martha Lucía Zamora le ofrecieron este cargo al exconsejero Jaime Orlando Santofimio, él no aceptó; luego le ofrecieron el cargo al también exconsejero Gustavo Gómez Aranguren, quien no sé qué inconveniente tuvo y no se posesionó, y después me lo ofrecen a mí, que estaba terminando mi periodo constitucional de 8 años en el Consejo de Estado, me faltaba algo así como un mes y medio.
El director de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado César Palomino Cortés durante una entrevista concedida al diario El Tiempo. Foto:MAURICIO MORENO EL TIEMPO
Usted aceptó el cargo, ¿por qué?
Yo acepté el reto porque considero que tengo la formación académica y la experiencia de casi cuatro décadas en la actividad judicial y algo se aprende cuando uno mira los temas judiciales desde el otro lado de la baranda. Yo acepté la invitación que se me hizo desde el Gobierno Nacional para llegar acá porque creo que tengo las competencias: fui más de 10 años juez unipersonal en la jurisdicción ordinaria, fui juez municipal, juez del circuito civil; antes de la Constitución del 91, fui juez de instrucción criminal; fui magistrado del Tribunal istrativo del Chocó, magistrado del Tribunal istrativo de Cundinamarca, más o menos 16 años de magistratura entre los dos, y después 8 en el Consejo de Estado como magistrado de alta corte; además tengo maestría en derecho público, especialización en derecho comercial, tengo formación en derecho penal y criminología. Creo que tengo algo para aportarle a la Agencia.
Pasó casi 4 décadas en la rama judicial, que se caracteriza por su autonomía e independencia, ¿espera traer algo de eso a la Agencia?
Yo no voy a hacer nada que vaya en contra de mi formación jurídica, el día que me toque hacer algo distinto a lo que mi consciencia jurídica me dictamine, ese día sencillamente me voy.
Lo que la ciudadanía puede esperar de César Palomino Cortés es absoluta independencia en el criterio jurídico, tengo un criterio que me he formado durante casi 4 décadas como juez, ese criterio jurídico lo pondré al servicio de la Agencia. Yo no voy a hacer nada que vaya en contra de mi formación jurídica, el día que me toque hacer algo distinto a lo que mi consciencia jurídica me dictamine, ese día sencillamente me voy. En segundo lugar, será un criterio bien informado, toda decisión que se adopte por parte del director será tras habernos informado, y sobre todo, será transparente. Yo entiendo la transparencia como publicidad, para mí las decisiones tendrán que ser públicas, sin hipocresía. Así actuaré en todos los actos, por sencillo o importante que sea el pleito.
Palacio de Justicia, sede de las altas Cortes. Foto:EL TIEMPO
En los últimos meses se habían hecho algunas críticas a la Agencia porque, para algunos, se estaban adoptando posiciones más políticas que jurídicas, ¿cómo ve esto?
Yo no sé cómo se ha manejado la Agencia hasta ahora, no opinaré sobre eso, lo que puedo asegurar es que si hubo, ya no habrá más.
Hay algunos casos importantes en el horizonte, uno es la demanda contra la Nación por la fallida licitación de los pasaportes, ¿eso cómo va?
En el empalme que he estado haciendo, lo que entiendo es que la entidad demandada, que es el Ministerio de Relaciones Exteriores, ya contestó la demanda. Tengo entendido que la Agencia va a intervenir en el proceso y si esto llega a ser así, la intervención de la Agencia se diseñará con los criterios que dije: será una intervención jurídica, técnica, con criterio, e informada.
EL nuevo director habló del caso de los pasaportes. Foto:iStock
También hay una demanda internacional de una empresa que reclama tesoros del Galeón San José, ¿qué se sabe de eso?
Lo que he conocido en el empalme hasta ahora es que una empresa cazatesoros intenta reclamar unas posibilidades sobre el Galeón San José, pero el galeón no es un tesoro, es un patrimonio de la Nación, de todos los colombianos, y así ha sido reconocido por el Ministerio de Cultura. En el contexto internacional, frente al arbitramento que está planteado, la Agencia de Defensa contratará con firmas internacionales reconocidas mundialmente por sus efectos la defensa de la Nación en ese proceso, siempre bajo el liderazgo del director de la Andje. La sociedad puede tener la absoluta convicción que la defensa será de la mejor calidad posible porque para nosotros es un punto de honor defender ese patrimonio.
Tesoros del Galeón San José Foto:presidencia de la República
¿El presidente Gustavo Petro le encomendó algún tema en particular para la Agencia, o le habló de alguna preocupación en la que quiere que esté al frente?
Del tema no he hablado con el señor Presidente, yo hablé con el ministro de Justicia, Néstor Osuna, antes de su salida, y fue una charla amistosa porque nos conocemos desde la academia, desde su paso como magistrado del Consejo Superior de la Judicatura… a raíz de eso pactamos un café y el doctor Osuna me estuvo comentando un poco de la idea que tiene el señor Presidente de que lo prioritario es la defensa de los derechos humanos porque como es sabido, el Presidente tiene mucho interés en la defensa de la vida, de la dignidad, en la primacía de los derechos. Así que a grandes rasgos es eso lo que hablé con el ministro Osuna, de una Agencia dedicada a la defensa y promoción de los derechos humanos.
El canciller Luis Murillo; la directora del Dapre, Laura Sarabia, y el presidente Gustavo Petro, en el Consejo de Seguridad de la ONU. Foto:Presidencia
¿Pudo hablar ya con la nueva ministra de Justicia, Ángela María Buitrago?
Nos vimos en la posesión, estuvimos conversando pero fue una charla de salón, está pendiente otra conversación.
La Agencia también es la encargada de defender al Estado en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH), y Colombia es uno de los países más demandados, ¿cuál será la posición de la Agencia en ese escenario?
La línea de la Agencia ahora es un poco contraria a lo que antes se hacía, que era ir a litigar ante la Comisión o ante la Corte defendiendo lo que es indefensable, porque en últimas son casos tan aberrantes que saltan a la vista, por ejemplo, el tema de los ‘falsos positivos’, entre muchos otros casos, que nos deberían avergonzar a todos. Todos esos casos están llegando a las instancias internacionales por falta de justicia interna, porque no operan los sistemas internos de justicia. Entonces la línea de la Agencia no cambiará en el sentido de no revictimizar a las víctimas; claramente cuando haya que defender al Estado, se defenderá con todos los instrumentos, pero igualmente, cuando se observe que hay algo que no se puede defender, la idea es evitar que el caso trascienda a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y más bien buscar soluciones amistosas que se van cumpliendo en el ámbito interno, eso implica aceptar responsabilidades, hacer actos de perdón, cuantificar montos de indemnizaciones… todo eso se seguirá haciendo.
Una oficina de la Procuraduría. Foto:EL TIEMPO
En el país ha habido discusión frente a la aplicación de la sentencia de la Corte Interamericana en el caso Petro sobre las sanciones a elegidos por voto popular. El Presidente ha insistido en que la Procuraduría no puede sancionarlos pero la Corte Constitucional dejó vivas las facultades de la Procuraduría, pero con una revisión de las sanciones por parte del Consejo de Estado. Usted, como exconsejero de Estado, ¿cómo ve esto?
El Consejo de Estado fue la primera Alta Corte que aplicó el control de convencionalidad en sus decisiones y ha seguido esa línea, particularmente en los casos de sanciones disciplinarias impuestas por la Procuraduría a los servidores de elección popular. Esa línea del Consejo de Estado, y en particular de la Sección Segunda, no está acorde con la decisión de la Corte Constitucional en la Sentencia C-030 de 2023 que hizo control de constitucionalidad a la Ley 2094, que reformó la Ley 1952 de 2019 o Código General Disciplinario. Esta sentencia de la Corte, por lo menos al interior del Consejo de Estado, es confusa, tanto así que el entonces presidente de la Corporación pidió su aclaración, lo que el Tribunal Constitucional no hizo.
En el Consejo de Estado está claro que, en temas de sanción disciplinaria, a los elegidos popularmente se les aplica la Convención Americana de Derechos Humanos, no solo en aspectos de competencia, en el sentido de que sus derechos pueden restringirse solo a partir de la decisión de un juez; sino también en temas procesales, tales como que haya doble instancia, debido proceso, que el que juzgue sea distinto al que acusa, entre otras cosas que no se dan en la Procuraduría a nivel de los estándares que señala la Corte Interamericana.
Toda la estructura de la Procuraduría se soportó bajo la consideración de que se le daban funciones jurisdiccionales, lo que la Corte Constitucional declaró inexequible. Sin embargo, lo que la Corte hizo fue introducirle al proceso disciplinario que adelanta la Procuraduría contra servidores de elección popular una instancia automática ante el juez contencioso istrativo a través del recurso extraordinario de revisión, que impide que la sanción se ejecute hasta tanto se haga ese control automático. Lo que no se sabe, y toca esperar que la Sala Contenciosa del Consejo de Estado decida en sus sentencias, es si con ese control posterior se satisface el estándar de convencionalidad.
Esa decisión está pendiente. Lo que se ha avanzado en esa misma línea al interior del Consejo de Estado es que ese control automático solamente opera frente a sanciones impuestas a servidores elegidos popularmente que se encuentran en el ejercicio del cargo. Lo que no significa que los que terminaron su periodo carezcan de instrumentos para su defensa, puesto que pueden acudir a la vía jurisdiccional ordinaria para impugnar la legalidad de la sanción, como tradicionalmente se ha hecho, haciendo uso del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho.
Corte Constitucional. Foto:Cortesía
Como exconsejero y como director de la Agencia, ¿qué opinión tiene sobre la discusión de si la Procuraduría debe conservar esas facultades sancionatorias frente a elegidos por voto popular?
Nuestra Procuraduría General de la Nación es una institución republicana de 200 años de existencia, única en el mundo, que diseñada como está actualmente, en materia de sanción disciplinaria a los elegidos popularmente, no es compatible con el Sistema Interamericano de Derechos Humanos
Nuestra Procuraduría General de la Nación es una institución republicana de 200 años de existencia, única en el mundo, que diseñada como está actualmente, en materia de sanción disciplinaria a los elegidos popularmente, no es compatible con el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Lo que le he escuchado al señor Presidente y lo que los juristas también podemos entender, es que la Procuraduría no podría adelantar esas competencias frente a servidores elegidos popularmente. Nadie ha dicho que el Sistema Interamericano acabe con la Procuraduría, siempre y cuando se adapte a sus estándares, perfectamente puede existir, pero tocaría cambiar un poco su estructura.
La Procuraduría puede ser mucho más que el control de disciplina a los elegidos popularmente, tiene unas funciones en defensa de los derechos humanos importantes y en materia de control disciplinario de los servidores públicos en general.
El director de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado César Palomino Cortés durante una entrevista concedida al diario El Tiempo , hoy 11 de julio del 2024. FOTO MAURICIO MORENO CEET EL TIEMPO @mauriciomorenofoto Foto:MAURICIO MORENO EL TIEMPO
¿Ha sido invitado a la Comisión de Reforma de la Justicia, tiene algunos temas en mente que cree que deban reformarse en la justicia?
Creo que el anterior director sí estaba interviniendo en la comisión y entiendo que hay una propuesta legislativa de la Agencia, es un documento que aún no he leído, pero entiendo que el señor Presidente de la República quiere que la Agencia participe en algunos procesos penales de alto impacto y que sea motor en la lucha contra la corrupción, para eso toca tomar algunas algunas decisiones legislativas, por ese orden va la propuesta que hizo la Agencia a la comisión de reforma de la justicia.
De otro lado, con casi cuatro décadas en la rama judicial, yo algo tengo por decir en los procesos de reforma de la justicia sobre cómo se puede mejorar el a la istración de justicia, que es el gran problema que tiene la justicia en Colombia, que está diseñada solamente para un sector y para los otros no llega. Entonces si me invitan a la comisión de reforma, yo voy; y si no me invitan, también voy a aportar con ideas.
Cada día hay más demandas contra la Nación, ¿qué cree que se puede hacer para que el Estado no sea tan demandado?
Que las entidades tengan un enfoque de prevención del daño antijurídico, que es identificar en qué temas son demandadas con más frecuencia y hacer un plan para evitar ser demandadas en esos casos, pero que sean planes reales y que se cumplan, porque hoy en día ya hay planes de prevención en todas partes, pero hay demasiada hipocresía. Si hay una política para evitar el daño antijurídico, las entidades deben empezar por identificar realmente por qué las demandan, hacer un plan real y sin hipocresía para que no las sigan demandando por eso, y cumplirlo.