Un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro penitenciario contra un profesor de 35 años de edad a quien señalan de haber abusado de una de sus estudiantes.
El hecho se presentó en San José del Guaviare, municipio en el que las autoridades asumieron judicialmente el caso e imputaron al hombre los cargos de carnal violento agravado, en concurso con actos sexuales con menor de 14 años agravado.
De acuerdo con las autoridades, este hombre, de quien no se reveló su identidad, se habría aprovechado de su cargo como profesor de colegio en la capital del Guaviare para abusar sexualmente de la menor de edad, de 13 años de edad. El episodio se presentó, al parecer, en abril de este año.
Por esa situación, y en cumplimiento a una orden emitida por un juzgado, el docente fue capturado por uniformados de la Policía Nacional en una vía de San José del Guaviare.
Una vez lo detuvieron, fue presentado ante un juzgado de control de garantías para la respectiva legalización de la captura, la imputación y la medida de aseguramiento. En la audiencia, el fiscal encargado del caso le leyó la imputación por el presunto carnal violento cometido, delito que no aceptó.
En los últimos días se conoció de otro caso de presunto abuso sexual contra una menor de edad, en esa ocasión por parte de tres hombres, uno de ellos llamado Bernardo López, magistrado de la Sala Civil del Tribunal Superior de Barranquilla, quien quedó libre luego de ser capturado por un error en el procedimiento judicial.
En su caso, se suscribió un compromiso para que responda ante las autoridades, mientras que los otros dos sindicados, José Lubín Martínez y Carlos Alberto Palacios sí pudieron ser judicializados. En ese caso, de acuerdo a la Fiscalía, entre 2015 y 2019 el padrastro de la menor víctima - quien era vigilante en una sede judicial en Cartago, Valle del Cauca- la habría ofrecido para ser abusada sexualmente por gente cercana a su entorno laboral.
Las situaciones en las que las mujeres son víctimas de acoso y abusos pueden ser expuestas ante profesionales capacitados para escuchar las denuncias. Dichas personas tienen la obligación de activar todos los protocolos para atender cada caso.
Las líneas para arles a nivel nacional son varias, una de ellas es la 155, y otra es el 123.
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