El 11 % de detenidos por homicidio desde 2019 tienen domiciliaria: Policía

Alias Pipe, de 20 años, es un conocido ladrón del sector de Santa Fe, en la zona de tolerancia del centro de Bogotá.

"Lo que pueda se lleva. Vive en la calle y lo han capturado unas siete veces este año, pero queda libre por el valor de lo hurtado. Él ya conoce la dinámica, cuando lo capturan hasta sonríe porque sabe que no pasará más de dos días detenido", se lee en un informe de una trabajadora social de la Alcaldía local.

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Para autoridades, el tema de la reincidencia es un factor que incide directamente en la seguridad de los ciudadanos y que obliga a plantear en corto tiempo una solución para enfrentar lo que califican como un vacío judicial. 

De hecho, el ministro de la Defensa, Diego Molano Aponte, y otros ministerios trabajan para presentar un proyecto de ley sobre seguridad ciudadana en el que se aborda la situación de la reincidencia y el cambio de sanciones penales que debería hacerse al respecto.

EL TIEMPO conoció un documento del Observatorio de la Policía Nacional que da cuenta que desde el 31 de agosto de 2018 al 31 de agosto de 2021 se han identificado 6.825 eventos de "recurrencia por diferentes conductas criminales que involucran a 2.844 personas recurrentes" o reincidentes.

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De igual forma, el Observatorio señala que de las 14.173 capturas por homicidio realizadas en 2019, 2020 y 2021,  el 11.2 por ciento, es decir 1.582 personas, se encuentran con medida domiciliaria.

Solo fueron enviados a la cárcel 4.765, es decir el 33.6 por ciento. Y 7.826, el 55.2 por ciento, está en libertad o vinculados al proceso.

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En esos mismos tres años quedaron con medida domiciliaria los capturados por diferentes delitos, en su mayoría por hurto: 

- 17.696 en 2019.

- 17.075 en 2020.

- 14.160 en 2021.

EL TIEMPO consultó al abogado penalista Óscar Sierra sobre esta situación, el penalista señaló que las cárceles del país no están cumpliendo con el rol de resocializar a las personas y advierte que es "necesario que el Estado se comprometa mucho más en la gestión de políticas económicas y de empleo realmente efectivas, que puedan brindar reales oportunidades de subsistencia a la población civil, si no, los delitos seguirán siendo el pan de cada día en nuestro país".

Ese es un tema que durante mucho tiempo ha sido centro de debates entre penalistas y criminólogos. Las cárceles, como instituciones de reclusión, tienen el fin de resocializar al condenado para reintegrarlo a la sociedad, pero la realidad es que estas carecen de todos los medios para alcanzar ese fin.

No es la anterior una apreciación caprichosa, basta ver el tamaño de las celdas, la salubridad de los pabellones, baños y cocinas, el hacinamiento y el trato en general que se les da a los reclusos para entender que las cárceles de nuestro país son estructuras construidas para castigar y reprender el mal perpetrado por aquellos que se consideran por muchos 'personas asociales' que nunca comprenderán el error que cometieron.

Todos esos factores, aunados a la poca oferta de programas y medios de capacitación, lo que realmente logran es profundizar los elementos externos que llevaron a esas personas a cometer los delitos. Es decir, profundizan la criminalidad, no la erradican.

Lo anterior se evidencia con la cantidad de delitos que se comenten dentro las mismas cárceles: un importante número de las extorsiones, venta de drogas, de armas, contrabando de elementos prohibidos dentro del recinto y una amalgama de comportamientos criminales que aquí no alcanzaríamos a enumerar.

A eso debemos agregarle, como ingrediente determinante, los altos índices de pobreza y desempleo en Colombia. La experiencia ha enseñado que la mayoría de los delitos son cometidos por personas marginadas socialmente o de escasos recursos que no cuentan con la posibilidad de acceder a servicios básicos de educación y posteriormente encuentran grandes dificultades para ingresar al mercado laboral.

Es por lo anterior que resulta necesario que el Estado se comprometa mucho más en la gestión de políticas económicas y de empleo realmente efectivas, que puedan brindar reales oportunidades de subsistencia a la población civil, si no, los delitos seguirán siendo el pan de cada día en nuestro país.

¿Qué opinión le merece que los jueces dejen en libertad a aquellos reincidentes que son capturados?

Lo primero que hay que dejar claro es que la privación de la libertad en el marco de un proceso penal es excepcional, más no la regla general como se ha hecho creer a la comunidad en general. Es decir, las personas procesadas por cometer delitos deben, en su gran mayoría, afrontar su proceso en libertad.

A este problema que se considera base, lo siguen una serie de deficiencias de las instituciones estatales. La falta de formación de los funcionarios de policía al momento de realizar capturas, el uso desmedido de la fuerza en los operativos y otro sinnúmero errores puramente formales son las razones principales por las cuales, al momento de la legalizar la captura, a los jueces de control de garantías no les queda de otra que dejar en libertad al sujeto. Todo esto sumando a un desprestigio inmerecido de la justicia.

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