El exgobernador del Valle Juan Carlos Abadía Campo, destituido e inhabilitado durante 10 años por la Procuraduría, fue llevado ante el Tribunal de Bogotá para responder por un contrato para suministrar libros a 40 establecimientos educativos de su departamento y en el que, según la investigación, hubo sobrecostos por cerca de 817 millones de pesos.
La Fiscalía le imputó cargos por los delitos de peculado por apropiación a favor de terceros y celebración de contratos sin cumplimiento de los requisitos legales, los cuales Abadía Campo no aceptó.
El objetivo del contrato era “facilitar la educación de los jóvenes e incentivar la lectura” en los municipios de Andalucía, Bugalagrande, Riofrío, Trujillo, Bolívar, San Pedro, Yotoco, Vijes, La Victoria y Toro.
Los investigadores señalan que la compra de los suministros escolares que debía hacerse por parte de la Fundación Calimío se realizó mediante una serie de subcontratos. El 22 de febrero del 2010, Calimío subcontrató por 1.000 millones de pesos a la Fundación Alfa y Omega; esta a su vez le pagó la suma de $ 658’366.000 a Ediciones La Clave del Saber, que finalmente adquirió con las empresas Editorial Océano de Colombia, Difusora La Luz de Colombia, Grupo Editorial Durán Ltda. y Grupo Latino Editores los libros por un precio de $182’517.600.
“Las personas jurídicas que presentaron las propuestas no eran reconocidas en el ámbito de la venta de libros. La favorecida terminó comprando los textos a otra, en medio de una sucesión irregular de compras encaminada a lograr la explotación de recursos”, dijo la Fiscalía.
“Abadía conoció la existencia de esta coyuntura, y de manera presurosa y rauda desarrolló tal proyecto ilícito. En tan solo dos meses se culminó el proceso contractual”, agregó. La Fiscalía evidenció que había una relación entre las empresas que participaron.
“Se comprobó que los representantes de Calimío, Ediciones Alfa y Omega y La Clave del Saber, valiéndose de sobrecostos, se apropiaron en su provecho de $ 817’482.400, que resultan de cotejar lo pagado por la Gobernación a Calimío con lo verdaderamente sufragado por este a las casas comerciales que vendieron los textos”, dijo la Fiscalía.
Abadía fue destituido en el 2010 por participación indebida en política.
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