Hay al menos 16 municipios en alerta por desmanes tras las elecciones

En los municipios de Ricaurte, en Nariño; y Santiago, en Putumayo, alteraciones del orden público impidieron el desarrollo normal de las votaciones y las autoridades esperan a que avancen los trámites legales para fijar una nueva fecha para las votaciones.

Aunque los dos municipios quedan en zonas con tradicional presencia de grupos armados ilegales, en esta ocasión las dificultades estuvieron asociadas a disturbios de las comunidades.

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Esas afectaciones a la seguridad estuvieron precedidas por graves hechos de violencia en Gamarra (Cesar), en donde una turba le prendió fuego a la Registraduría local en sucesos en los que murió una funcionaria y resultaron heridas otras dos personas. A pesar de esa situación la autoridad electoral alcanzó a reimprimir el material electoral y asegurar las votaciones.

El ministro de Interior, Luis Fernando Velasco, señaló que en Ricaurte los enfrentamientos entre integrantes de dos campañas políticas impidieron que los ciudadanos votaran en el casco urbano en donde está más del 50 por ciento del potencial electoral. Advirtió que durante la campaña las autoridades electorales ya habían detectado presiones de “dos grupos armados enfrentados con dos candidatos distintos”.

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Añadió que el Ejército y la Policía desplegarán una operación especial para evitar esas presiones y permitir el desarrollo de las votaciones; y la Fiscalía anunció que un grupo especial asumió la investigación contra quienes sustrajeron material electoral, lo destruyeron y lo tiraron a la basura.

En el municipio de Santiago, en Putumayo, una persona que hizo presencia en el puesto principal de la localidad, denunció que había tarjetones ya marcados, y eso desencadenó que personas que estaban en el sitio ingresaran a romper el material electoral.

“No había tiempo para poder reimprimir el material electoral y la única decisión posible fue la suspensión de las elecciones”, dijo Velasco, quien agregó que en el resto del país las votaciones se desarrollaron con normalidad.

En el corregimiento de Conejo, en Fonseca (La Guajira), se reportaron alteraciones en dos puestos de votación en los que se destruyó material electoral. El alcalde de esa localidad, Hamilton García, señaló: “Los desmovilizados de las Farc fueron los autores de todo lo que aconteció, fueron ellos los que incitaron al grupo de personas que tenían, e incluso retuvieron un bus”.

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El dispositivo de seguridad en el país se mantendrá para garantizar la tranquilidad durante el conteo de votos y proteger el material electoral. El defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assís, subrayó la necesidad de no bajar la guardia.

“Esperamos que en las próximas horas los ciudadanos mantengan la tranquilidad y se respeten las decisiones de la mayoría expresadas en las urnas. Los resultados, en términos generales, demuestran el valor de nuestras alertas tempranas como mecanismo de prevención”, dijo el funcionario.

En el mismo sentido, la procuradora general, Margarita Cabello, afirmo que es “importante requerir nuevamente a las autoridades competentes para que adopten las medidas suficientes y así garantizar el orden público una vez culminada la jornada electoral”.

El Ministerio Público advirtió anoche de reportes de hechos de violencia postelectoral en El Charco (Nariño), Fonseca (La Guajira), Puerto Parra (Santander); Guachené, La Sierra y Balboa (Cauca); Bojayá y El Carmen de Atrato (Chocó); Gachantivá (Boyacá), y La Apartada (Córdoba).

También se reportaron desmanes en Pueblorrico (Antioquia), donde una asonada de 100 personas lanzó objetos contundentes contra la Alcaldía; Arenal (Bolívar), en donde se registraba en la noche que 200 personas mantenían elementos contundentes y gasolina frente a la Alcaldía; Almaguer (Cauca), donde personas intentaron tomarse la Alcaldía; Chinú (Córdoba), donde se reportó la incineración de la Registraduría; Samaná (Caldas), donde se reportaba una concentración de 800 personas frente a la Estación de Policía; y Facatativá (Cundinamarca), donde la Procuraduría habló de alteraciones de la tranquilidad en el coliseo local.

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La Defensoría ya había alertado, en su último reporte sobre amenazas a las elecciones, que uno de los principales factores a tener en cuenta era la posibilidad “de manifestaciones o protestas, disturbios y asonadas”.

El académico Jorge Restrepo, director del Centro de Recursos para el Análisis del Conflicto (Cerac), señaló que en este proceso electoral no se vio una marcada presencia de presiones de grupos armados y destacó la labor de las autoridades para garantizar las elecciones.

Sostuvo que la labor de los uniformados quedó evidenciada en zonas como Argelia (Cauca), en donde tras varios días el Ejército ingresó y garantizó la tranquilidad en las votaciones. “Se vio la política local que siempre ha sido tremendamente intensa y que en muchas ocasiones ha llevado a la violencia. Vale la pena recordar que allí fue donde nació la violencia en los años 50 y que crece en entornos muy polarizados”, dijo.

A su turno, Hernando Herrera, presidente de la Corporación Excelencia en la Justicia, señaló que el país debe rechazar esos hechos de violencia al tiempo que reconoció la labor de los integrantes de la Fuerza Pública.

“Esto pone en evidencia grandes fracturas y fisuras en lo que tiene que ver con la seguridad y la puesta en marcha de lo que el Gobierno ha denominado la paz total”, dijo Mercado.

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