¿A qué se expone el Superintendente de Salud tras inspección de la Procuraduría?

 En medio de denuncias sobre presuntas irregularidades en las intervenciones que hizo la Superintendencia Nacional de Salud a EPS Sanitas y Nueva EPS, que llevaron a una investigación de la Procuraduría General, las manifestaciones que en las últimas horas hizo el superintendente Luis Carlos Leal Angarita sobre una inspección realizada por el órgano de control también abrieron preguntas sobre si se expone a alguna reprimenda disciplinaria.

Este jueves, luego de que la Procuraduría abrió su investigación, una comisión de la entidad se dirigió a la sede de la Superintendencia en Bogotá para adelantar una inspección en la cual, según dijo el órgano de control, se encontró que no existía el expediente istrativo con la información que sustentara las resoluciones de intervención de las EPS Sanitas y Nueva EPS.

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Pero además, el procurador Luis Ramiro Escandón salió en un video rechazando declaraciones del superintendente Leal, quien en otro video en redes sociales señalaba que no fue notificado de la actuación del ente de control, pese a que se le había notificado desde que llegaron a la sede de la entidad.

Ante esta situación, de que la Procuraduría no encontró los expedientes, aunque horas más tarde el Superintendente dijo que sí se los entregaron solo que el órgano de control había pedido más información, y el choque de versiones sobre la notificación de la inspección, surgieron dudas sobre si podría considerarse la actuación de Leal como una eventual obstrucción a la investigación.

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Consultado al respecto el exprocurador general Jaime Bernal Cuéllar señaló que la Procuraduría tiene la potestad discrecional de revisar el cumplimiento de funciones de servidores públicos y de ordenas inspecciones y otras medidas, “y cuando se realizan las inspecciones hay una obligación del funcionario de entregar los documentos y elementos probatorios que haya determinado la Procuraduría, de no ser así, cualquier funcionarios podría obstruir las funciones de la Procuraduría u órganos de control”, señaló.

Bernal añadió que si una entidad considera que hay actos arbitrarios por parte de la Procuraduría u otro órgano de control “hay mecanismos para denunciarlos pero no es optar por vías de hecho”.

“En Colombia se ha introducido un mecanismo desafortunados de que toda persona que va a ser investigada sale en medios de comunicación descalificando la actividad investigativa de la justicia o de un órgano de control, eso genera desconfianza en las instituciones y genera confusión ante la opinión pública de creer que los órganos de control pueden estar cometiendo arbitrariedades”, añadió Bernal.

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Por su parte el también exprocurador general Carlos Gustavo Arrieta señaló que más allá de los comentarios que haya hecho el superintendente Leal, sería muy grave si en efecto no estuviera listo o completo el expediente con el sustento para tomar las decisiones de intervención a EPS.

“Lo realmente relevante es que no tengan ningún expediente istrativo ni ningún acta para justificar la decisión. Hablamos de la intervención de dos EPS de esa magnitud, lo primero que uno tiene que tener son los documentos que sustenten la intervención”, indicó.

Añadió que si el cruce de versiones con la Procuraduría sobre el tema de la inspección y sobre los expedientes podría eventualmente considerarse como que intencionalmente están intentando enredar la investigación del órgano de control, “si así fuera, esto sería una falta disciplinaria”, pero enfatizó en que eso tendría que determinarlo el mismo Ministerio Público.

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“La obstrucción a la justicia es un delito y además una falta disciplinaria que puede permitir la suspensión del funcionario como medida cautelar, y puede llegarse al final de un proceso disciplinario a una destitución del funcionario”, concluyó.