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Las menciones a Uribe en la imputación de Cadena por presunto soborno

Fiscalía investiga al abogado por supuestos ofrecimientos a testigos. Pidió casa por cárcel.

El senador Álvaro Uribe Vélez durante el debate de moción de cesura contra el ministro de Defensa, Guillermo Botero, en el Senado.
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En una audiencia que se desarrolló este lunes, 27 de julio, ante el Juzgado 35 Penal Municipal en función de control de garantías de Bogotá, la Fiscalía pudo, tras dos intentos fallidos, imputarle cargos a Diego Cadena, exabogado del expresidente y senador Álvaro Uribe, y al abogado Juan José Salazar, por soborno en actuación penal y fraude procesal.
Aunque la diligencia fue suspendida y continuará el 31 de julio y el 3 de agosto, para definir si Cadena y Salazar irán a prisión domiciliaria, la Fiscalía destapó cómo los abogados habrían ofrecido beneficios a testigos a cambio de que falsificaran testimonios "con el fin de tratar de beneficiar la investigación que adelantaba la Corte Suprema de Justicia en contra del aforado”.
El aforado del que habló la Fiscalía es el expresidente Álvaro Uribe Vélez, quien para entonces, narró el fiscal del caso, era investigado por la Corte Suprema de Justicia.
Si bien en la audiencia el fiscal se suscribió a narrar cómo habrían obrado los abogados para pagarle al exparamilitar Carlos Enrique Vélez 48 millones de pesos (de un ofrecimiento inicial de 200); y ofrecerle al también expara Juan Guillermo Monsalve asesoría jurídica, el representante del ente acusador señaló que el actuar de Cadena y Salazar buscó favorecer a un tercero y hacer incurrir a la Corte Suprema en errores en el caso que llevaba contra Uribe.
La Fiscalía añadió que los actos presuntamente irregulares de los abogados, que comenzaron en julio de 2017 y se extendieron hasta agosto o septiembre de 2018, "fueron encaminados a obstruir y generar error en la Corte Suprema. Se buscaron testigos, se pagaron dineros, se ofrecieron beneficios jurídicos con el fin de lograr pruebas falsas" en el proceso que adelantaba el alto tribunal.
Esas fechas y los señalamientos de la Fiscalía contra los abogados tienen importancia en los procesos que lleva la Corte Suprema de Justicia contra Álvaro Uribe Vélez, quien es investigado formalmente por el alto tribunal por presuntamente manipular testigos como el exparamilitar Juan Guillermo Monsalve.
Esas presiones, supuestamente, buscaban que declarara contra Iván Cepeda y también que se retractara de las afirmaciones en las que Monsalve lo ha relacionado con la conformación de grupos de Autodefensas en Antioquia. 
Este es el caso por el que Uribe fue escuchado en indagatoria el 8 de octubre del año pasado. Desde entonces, la Sala de Instrucción de la Corte está pendiente de tomar una decisión sobre su caso y definir su situación jurídica, para establecer si archiva el caso o si, por el contrario, continúa el proceso en su contra y ordena o no su detención. Ese proceso está en el despacho del magistrado César Augusto Reyes Medina. 
Contra Uribe, la Corte también tiene un proceso en etapa preliminar o previa por supuestamente intentar torcer testigos para que declararan en contra de Iván Cepeda y dijeran que él los estaba presionando para que mintieran y dieran testimonios falsos contra Uribe.
Ese caso se inició luego de que la Corte archivó una denuncia de Uribe contra Cepeda en la cual el expresidente señalaba al senador del Polo de comprar testigos en su contra, caso en el que el alto tribunal encontró que, contrario a lo que decía Uribe, el que presuntamente estaba intentando fabricar testigos era Uribe, por lo que le abrió la indagación preliminar.
Es así como la imputación contra Cadena interesa en los procesos que lleva la Corte contra Uribe. Según la Fiscalía, Cadena intentó fabricar estos testimonios para llevarlos al alto tribunal entre julio del 2017 y septiembre del 2018.
Y precisamente fue en febrero del 2018 cuando la Corte archivó la denuncia de Uribe contra Cepeda y ordenó indagar al presidente por manipulación de testigos, y fue el 25 de julio de ese año cuando la Corte llamó a indagatoria a Uribe por los delitos de soborno y fraude procesal, así como al congresista del Centro Democrático Álvaro Hernán Prada. 
En esa época, al llamarlo a indagatoria, la Corte dijo que "como reacción a esa providencia judicial (la que archivó su denuncia contra Cepeda) y al parecer con su consentimiento, personas allegadas al expresidente Uribe habrían emprendido nuevos actos de manipulación de testigos", dijo el alto tribunal. 
Ahora, en la imputación de cargos contra el exabogado de Uribe, Diego Cadena, la Fiscalía aseguró que el defensor le pidió a los dos exparamilitares Juan Guillermo Monsalve y  Carlos Enrique Vélez,  que "declararan ante la Corte que Iván Cepeda había abordado a los ciudadanos (Vélez y Monsalve) con el fin de que le dijeran a la Corte que el expresidente Álvaro Uribe Vélez tenía relación con hechos materia de investigación de la Corte".
Tras esos ofrecimientos, a Vélez de 200 millones de pesos -de los cuales a través de allegados y familiares le pagaron 48- y a Monsalve de asesoría jurídica para entrar a la JEP, ambos condenados exparamilitares hicieron llegar a la Corte Suprema de Justicia dos cartas en las que decían que Cepeda había presionado sus testimonios.
Estos manuscritos llegaron directamente, dijo el ente acusador, al despacho del entonces magistrado José Luis Barceló, quien llevaba un caso contra Uribe. El de Monsalve tenía fecha del 23 de febrero de 2018, y el de Vélez, del 2017.
La Fiscalía también citó la declaración que en su momento dio a la Corte Suprema Fabián Arturo Rojas, exasesor de la UTL de Álvaro Uribe, quien dijo que Cadena “siempre estaba afanado por recoger declaraciones” para que Rojas se las diera a los abogados de Uribe ante el alto tribunal, quienes luego las enviaron a esa Corte. 
No obstante, el ente acusador señaló que “Cadena nunca verificó esos testimonios, su afán era entregarlos, en esto siempre existía un actuar doloso para hacer incurrir en error a la Corte”.
JUSTICIA
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