Arranca trámite para liberación de siete capturados en protestas: ¿quiénes son?

Jueces de Bogotá, Medellín, Cali y Popayán serán los encargados de decidir sobre la libertad de las siete primeras personas que fueron nombradas por el presidente Gustavo Petro voceros de paz y que fueron detenidas en medio de las protestas registradas en el país.

El ministro de justicia Néstor Osuna señaló que la Comisión Intersectorial para la promoción de la paz, creada por decreto por el gobierno para avanzar en la liberación de capturados por presuntos hechos de violencia durante el paro, se reunió todos los días de la semana y evaluó en qué actividad podrían prestar sus servicios estas personas y se verificó que hicieran parte de organizaciones sociales y humanitaras.

De un listado de 283 personas finalmente la Comisión le recomendó al jefe del Estado liberar a siete y el jueves en la noche el presidente Petro los nombró voceros de paz. Se trata de Arles Andrés Bolaños Zemanate, Adriana Esperanza Bermeo Súa, Santiago Márquez Charris, Laura Camila Ramírez Enciso, Juan Sebastián Galeano Correa, Álvaro Andrés Duque Ruiz y Bremmen Hinestroza quienes son reconocidos, dijo el gobierno, “por su liderazgo social y su trabajo comunitario”.

En la Fiscalía ellos tienen procesos abiertos por delitos como empleo o lanzamiento de sustancias u objetos peligrosos, concierto para delinquir agravado, terrorismo, daño en bien ajeno y estafa.

El ministro Osuna señaló que mas allá de la verificación de los delitos por los que fueron judicializados, se evaluó “la utilidad que pueden prestar para la reconstrucción del barrio, que puedan ayudar a la reconstrucción del tejido social”.

Ahora, según el procedimiento establecido, la oficina del Alto Comisionado para la Paz quedó encargada de la firma de los compromisos que deben adquirir los beneficiados y la entrega de los documentos a los despachos judiciales en los que están los procesos en su contra. Uno de los compromisos es realizar un diplomado virtual donado por la Universidad del Valle.

Aunque la ley no tiene un término para que los jueces se pronuncien para resolver la libertad de las siete personas, voceros de la Casa de Nariño indicaron que cuando se trata de definir temas judiciales en los que hay una persona privada de la libertad, se debe dar prioridad. Una vez el juez conceda la libertad notificará al Inpec para que se haga efectiva.

Fuentes del gobierno señalaron que no hay un cronograma establecido para estudiar nuevas liberaciones ni un estimado de cuantas persona que serían liberadas. Y que la Comisión se seguirá reuniendo, estudiando casos y atendiendo las peticiones del presidente Petro.

“Seguiremos en la evaluación y en la tareas que la comisión designada adelanta y en la medida en que vamos teniendo resultados pues vamos informando de acuerdo a las decisiones que el presidente adopte”, dijo el ministro de Defensa Iván Velásquez tras señalar que la Comisión no estudia exclusivamente casos asociados a la ‘primera linea sino en general a detenidos durante la protesta social.

Desde el Centro Democrático se mostraron en desacuerdo con la designación de estos siete jóvenes. La senadora Paola Holguín señaló que “dejar en libertad a de primera línea es una clara extralimitación de la facultad reglamentaria”.

El representante José Jaime Uscategui catalogó de “incoherente” la decisión porque según él, los liberados son “voceros del Eln. Seguimos con la paz del embudo, nada para las víctimas, nada para la sociedad y todo para los criminales”.

Por otro lado, el representante del Pacto Histórico, Pedro Suárez Vacca, señaló: “Estoy seguro de que los siete voceros de paz que recobrarán su libertad en el marco de la política de paz total, y que son reconocidos por su liderazgo social y trabajo comunitario, contribuirán en el desescalamiento de la violencia y la reconciliación de los colombianos

El abogado penalista Camilo Burbano sostuvo que “los de la Primera Línea no califican como partes del conflicto ni como de una estructura armada organizada de crimen de alto impacto”.

En la otra orilla el profesor Kenneth Burbano Villamarín, director del Observatorio Constitucional de la Universidad Libre afirmó que no hay problemas de inconstitucionalidad ni en la ley ni en el decreto en la medida en que las excarcelaciones sean decididas por jueces.

“Si posteriormente otro decreto da órdenes por parte del ejecutivo de excarcelar a las personas, tendríamos problemas de inconstitucionalidad, por lo pronto eso no se advierte”, señaló Burbano Villamarín.

Alfredo Beltral, expresidente de la Corte Constitucional señaló que la medida no se puede interpretar como una puerta a la impunidad.

“Lo que parece que será el contenido del decreto es que las personas privadas de la libertad solo podrán recuperarla por medio de una orden judicial y que los que estén sindicados o acusados quedarán libres. Son dos hipótesis distintas y hay que saber diferenciarlas”, afirmó.

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En la lista de primeros liberados como voceros de paz están Bremmen Hinestroza y Álvaro Andrés Duque Ruiz, quienes fueron capturados en Popayán, Cauca.

El ministro del Interior, Alfonso Prada, dijo que Hinestroza es un líder estudiantil y campesino (...) integrante del movimiento ‘Los Sin Techo’, “que trabaja por viviendas dignas para habitantes que no cuentan con recursos para adquirirlas”. Y que Duque Ruiz es un “estudiante de Historia, líder social. Ha asesorado a los habitantes del barrio Sinaí, con quienes construyó con respaldo de la Pastoral Social La Casa del Pensamiento”.

Ellos fueron capturados junto a dos personas señalados de “movilizar personas para invadir inmuebles privados en zona rural de Popayán. Para la comisión de los delitos el referido grupo utiliza diferentes elementos tanto explosivos como incendiarios, además de piedras, escombros, palos y armas corto-contundentes, los cuales serían usados para atentar contra la Fuerza Pública”. Les imputaron avasallamiento de bien inmueble, violencia contra servidor público y empleo o lanzamiento de sustancias u objetos peligrosos.

Igualmente está Adriana Esperanza Bermeo Súa, a quien el Ejecutivo calificó como una “defensora de causas animalistas (...). En sus actividades de tiempo libre le gusta el maquillaje artístico, pintar murales y dibujar”.

Ella aparece en un expediente de la Fiscalía en el que están mencionadas 13 personas que al parecer serían integrantes de la primera línea en Engativá y que “fueron judicializados por varias acciones violentas que afectaron las jornadas de protesta y pusieron en riesgo a la ciudadanía”. Es procesada por empleo o lanzamiento de sustancias u objetos peligrosos.

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