No solo la política, hay seis reformas con riesgos en el Congreso: Fundación

De 43 proyectos de reforma a la Constitución en trámite, hay seis que tienen problemas tanto de inconveniencia como de posible inconstitucionalidad sobre los cuales hay que ponerle la lupa, debido a que fueron señalados dentro del primer ‘Semáforo del Estado de Derecho’ que elaboró la Fundación Para el Estado de Derecho.

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La Fundación se creó este año y en ella participan personalidades como Elisabeth Ungar, Alejandra Barrios (MOE), Gloria María Borrero y Juan Carlos Esguerra, exministros de justicia, Jorge Humberto Botero y Luis Guillermo Vélez, entre otros.

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El documento, conocido por EL TIEMPO, explica que en lo que va de la legislatura se han presentado 59 reformas constitucionales, en contraste con los 67 que se presentaron entre julio de 2018 y julio de 2019. De estos, se han archivado siete y acumulado 10.  Y expone, en un ejercicio ciudadano que busca hacer advertencias, las reformas que podrían traer riesgos en caso de que sean aprobadas.

Este proyecto de acto legislativo propone que los congresistas no reciban sueldo por sus funciones y que, además, puedan desempeñar cargos privados al mismo tiempo. Tiene apoyos de congresistas del Centro Democratico, el Partido Liberal, Cambio Radical y un senador del Centro Esperanza y, para la Fundación, es un peligro porque puede llevar a que el Congreso se vea permeado por intereses privados.

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Andrés Caro, cofundador de la ONG, indicó que esto haría que sólo puedan aspirar quienes tengan suficientes recursos para hacerlo o que tengan financiaciones de terceros. “El riesgo es que se contamine el sistema político, aún más, por intereses privados”, apuntó Caro quien además señaló que la remuneración a las personas de su trabajo es un derecho.

Esta es una reforma impulsada por congresistas de Cambio Radical, el Partido de la U, y el Partido Liberal que propone que se elijan, aparte de los 100 senadores elegidos a nivel nacional, se elija uno por cada departamento en donde no haya más de dos representantes a la Cámara. Según el proyecto, el representante con más votos no será entonces elegido representante, sino senador.

Para la Fundación, esto quiebra el principio bicameral del legislativo que se concibió en 1991. “Al crear curules de Senado que representen no a toda la ciudadanía sino a departamentos específicos, el proyecto de acto legislativo quiebra el modelo bicameral y transforma la naturaleza del Senado y de la Cámara, y, por lo tanto, del poder legislativo, centro estructural del poder constitucional en Colombia”, indicó.

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Según explicó Caro, actualmente hay 108 senadores: 100 de Circunscripción nacional, 2 indígenas, 5 de las antiguas Farc y otro para el perdedor en las elecciones presidenciales. La propuesta crearía un senador nuevo en donde no hay más de dos representantes, es decir, en Amazonas, Arauca, Caquetá, Casanare, Guainía, Guaviare, Putumayo, San Andrés, Vaupés y Vichada, para un total de 10 senadores nuevos si es aprobada la reforma.

La Fundación destacó el proyecto que avanza para la creación de la Jurisdicción Agraria, que es mandato del acuerdo de paz, pero aseguró que la iniciativa tiene un problema: le da la facultad a los integrantes de la Corte Agraria de presentar proyectos de ley y reformas a la Constitución, potestad que hoy tienen además del Ejecutivo y el Congreso, el Consejo de Estado.

Caro explicó que, en su criterio, los jueces tienen un rol que se limita a aplicar, pero no hacer, las leyes. “Nos parece una aberración. A un juez no se le puede dar el poder de producir reformas constitucionales”, indicó al hacer un llamado al Congreso para eliminarla en el trámite y al estimar que el Gobierno habría partido de manera errónea de una creencia sobre que hay vacío normativo en materia civil y agraria.

Para la Fundación esto no es cierto, sino un “prejuicio del gobierno que constituye una amenaza grave al principio de legalidad”.

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Andrés Caro explicó que hay dos proyectos diferentes que pretenden darle derechos a la naturaleza y a los animales. Para la Fundación, el presentado por la congresista Andrea Padilla está en el camino correcto al crear un deber, para los seres humanos, de proteger a los animales pero está en su ‘Semáforo Amarillo’ por considerar que es muy amplio.

Ahora, hay otro proyecto del Partido Liberal y de la coalición del Congreso que tendría una redacción muy amplia al crear a la naturaleza como entidad viviente, derechos de existencia, hábitat, bienestar, restauración, mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales.

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Caro explicó que entre los seres humanos es posible exigir derechos y obligaciones y aunque hay posturas que defienden darles derechos a animales no humanos, esto no cabría a nivel constitucional.

"¿Cómo le vamos a tutelar derechos a un animal? Al darle derechos a todo lo que existe, el Congreso en un acto de irresponsabilidad está desdibujando la categoría de derecho. Cuando le damos derechos a la naturaleza sin definirla, puede incluir las orquídeas y el café y la lluvia. Es decir, el legislador está demostrando su profunda ingenuidad para estos puntos y está mandando mensajes políticos y una cosa que advierte la Fundación es que con reformas constitucionales, lo mejor en no mandar mensajes políticos vacíos. Si queremos proteger la naturaleza y el bienestar animal, hagamos leyes de eso, pero no creemos en la Constitución una ensalada de conceptos", dijo.

El quinto proyecto de acto legislativo que implicaría riesgos, dice la Fundación, es uno que busca que la elección del Contralor, el Procurador, el Defensor, el Fiscal y el Registrador se haga por la Comisión de Servicio Civil y ya no por ternas presentadas por las Cortes y el Presidente al Congreso.

"Lo que está haciendo este proyecto es darle a tres personas un poder inmenso que no tiene nadie en Colombia, de poner a dedo a los jefes de organismos de control, después de un concurso de méritos", señaló Caro.

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Esto, indicó la Fundación, podría acarrear un problema de legitimidad dado que hoy, cuando el Presidente o las Cortes ternan personas y el Congreso escoge, se respeta un principio democrático, que estaría alterándose con esta nueva vía que, además, haría de la Comisión una entidad 'superpoderosa'. "Es un golpe a la separación de poderes y al sistema de pesos y contrapesos", dijo Caro.

Y, por último, la reforma política actual tiene varias preocupaciones en el análisis de la Fundación, especialmente en lo que tiene que ver con la obligación de crear listas cerradas y bloqueadas y la excepción a la prohibición de doble militancia, así como la eliminación de incompatibilidades para congresistas para que estos puedan desempeñar cargos públicos desde el momento en que su renuncia sea aceptada y ser, al día siguiente, por ejemplo, ministros, lo cual ¡amenaza la separación de poderes y los pesos y contrapesos, posibilita la puerta giratoria y crea incentivos para el clientelismo y la corrupción”.

En cuento a las listas cerradas, la Fundación estima que se trata de un elemento inconveniente. "En una democracia, la autonomía de los partidos políticos debe ser la regla general. Esto incluye –prioritariamente– la manera en la que los partidos deciden la conformación de sus listas de candidatos para las elecciones. Los límites a esta autonomía deben ser excepcionales y deben responder a necesidades fundamentales del sistema político, y no a decisiones formales y provisionales que no tienen justificación constitucional", indicó.

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Sobre la excepción de la doble militancia, por una vez, la organización estima que se trata de una sustitución de la Constitución que, además, sería inconveniente. "Permitir el transfuguismo crea incentivos para que parlamentarios renuncien a sus partidos y se inscriban a los partidos más cercanos al gobierno no por motivos de identidad ideológica sino por cálculos de otro tipo", explicaron.

Esta reforma tiene además, varios elementos en amarillo y en verde en este informe de 'Semáforo del Estado de Derecho'.

En amarillo se encuentra, por ejemplo, el artículo que busca que cumplir el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de Gustavo Petro para que Procuraduría no pueda afectar los derechos políticos de las personas elegidas por voto popular y que la sanción de destitución la haga un juez penal. Para la Fundación es necesario que se aclare la forma como se reorganizarían los procedimientos disciplinarios y cuál va a sería el nuevo rol de la Procuraduría en estos.

En amarillo también está la reducción de la edad para llegar al Senado, a los 25, que es diferente a la de Cámara en donde se propuso que fuera de 18 años, pero no fue aprobada y quedó en 25.

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La organización asegura que "no es claro que la edad mínima original haya contribuido a garantizar que el Senado haya representado y manifestado los intereses de largo plazo de toda la nación. Si esto ha ocurrido, parece deberse a otras características institucionales (como que los senadores representan a toda la nación, y no intereses de grupos o regiones particulares) o políticas (como que los partidos hayan preferido lanzar al senado a políticos con más experiencia)".

"El tope de 15 % sirve para garantizar que los partidos minoritarios puedan organizarse en coalición y que puedan, así, agregarse para competir contra partidos mayoritarios. Al eliminar esta norma, el PAL crea incentivos para que los partidos minoritarios se unan a partidos mayoritarios y, así, se sometan a sus decisiones o, lo que es más peligroso, a las decisiones de líderes individuales de partidos grandes", dice la Fundación.

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Ahora bien, en el 'verde' de este 'Semáforo', quedaron elementos de la reforma política que buscan ampliar los mecanismos de democracia interna en los partidos, la financiación anticipada de campañas políticas se hará con un 80 % de dineros públicos y 20 % privados y la inclusión de un límite a la reelección en Senado, Cámara, Asambleas, Concejos y Juntas as Locales.

El informe conocido por EL TIEMPO ubica en el ‘amarillo’ del semáforo varios proyectos de reforma a la Constitución que buscan aumentar el al derecho a la educación, que proponen debates serios en el Congreso pero que podrían tener razones económicas de inconveniencia.

“Consideramos que el poder legislativo puede imponer tales prioridades a la política pública a través de leyes de educación que busquen ampliar el y el cierre de brechas entre los adultos. Sin embargo, hacerlo a través de reformas constitucionales que crean derechos exigibles y tutelables es inconveniente, especialmente en el corto y el mediano plazo, y para la estabilidad financiera de algunas universidades públicas”, dice el documento.

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De otro lado, se llamó la atención de una reforma presentada por el Partido Comunes que propone limitar las penas de cárcel a máximo un año para la detención preventiva y máximo 20 años para la privativa intramural de la libertad. Para la organización, el objetivo de acotar el poder punitivo se puede lograr con reformas legales pero no elevarlo a rango constitucional.

Para la Fundación, además, la creación de nuevos derechos como a los campesinos, como proponen dos reformas, sería un paso importante para crear políticas públicas de Estado que beneficien a la población rural y que aumenten la propiedad de la tierra por parte de familias campesinas. Pero habría elementos inconvenientes.

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En concreto se refieren a un artículo que dice que “los campesinos tienen derecho a participar en la formulación de políticas públicas, la adopción de decisiones y la aplicación y el seguimiento de cualquier proyecto, programa o política que afecte a sus tierras y sus territorios”. Para la Fundación, no es claro a que se refieren con “sus tierras y sus territorios”, lo puede llegar a ser interpretado de una manera que se extienda a tierras y territorios sobre los que los campesinos no tienen títulos de propiedad, o ni siquiera tenencia legítima, y que ocupan ilegítimamente.

En amarillo también está una propuesta para crear un ‘tribunal de cuentas’ que funcionaría de manera desconcentrada a nivel nacional, formando parte de la rama judicial y creando una jurisdicción fiscal dedicada “garantizar la protección y el resarcimiento del patrimonio público a través del conocimiento y juzgamiento de la responsabilidad fiscal”.

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“Este proyecto implica una reforma importante del Estado, y es un paso hacia la reformulación del lugar que, en nuestra estructura constitucional tienen las entidades de control, en particular en relación con las sanciones a servidores públicos de elección popular. Sin embargo, existe un riesgo, que no es menor, de que, al darles más poderes de selección a jueces se creen incentivos perversos dentro de los procesos de selección, lo que puede politizar aún más la justicia. Es preciso, entonces, que organizaciones de la sociedad civil hagan control sobre estos procesos de selección y elección, y que se garantice que el procedimiento de selección por méritos realmente permita la selección de candidatos y candidatas de alta calidad”, dijo la Fundación.

La Fundación destacó el proyecto de acto legislativo 14 de 2022 en Senado que crea el derecho al agua potable al indicar, entre otros, que responde y sintetiza la jurisprudencia de la Corte Constitucional que ha reconocido que tal derecho, pese a no estar escrito en la Constitución.

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También destacó otro que cursa en la Cámara de Representantes que crea el derecho a la alimentación y suma la obligación del Estado de “promover las condiciones de cumplimiento en los niveles de realización del derecho: seguridad, autonomías y soberanía alimentaria con un enfoque territorial y étnico” y de acompañar la “producción, distribución y comercialización nacional de alimentos”.

También destacó otro en el Congreso que crea límites a la reelección de Congresistas a tres periodos consecutivos y añade como causal de pérdida de investidura que un congresista reciba alguna contraprestación por participar o no en la votación de un acto legislativo, así como propuestas que cursan para la reducción del salario de los congresistas y otro que avanza en el Senado que excluyen el cannabis de la prohibición general de uso y consumo de sustancias estupefacientes

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