Caso Uribe: aparece figura del exministro Andrés Felipe Arias en la audiencia

Desde el pasado lunes, paso a paso, la Fiscalía General de la Nación ha ido mostrando por qué considera que Álvaro Uribe Vélez es inocente de los dos delitos que se le imputaron: soborno a testigos y fraude procesal.

Para ampliar esa tesis, este miércoles, el fiscal Javier Cárdenas pasó del capítulo entre Diego Cadena y Deyanira Gómez, en el cual esta mujer, como expareja de Juan Guillermo Monsalve, iba a entregarle al abogado la carta de rectificación de su exesposo, a tocar una pieza clave en este proceso.

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Y es que entre las cartas de este fiscal hay más de 20 nuevas pruebas, testimonios y exámenes que dieron como resultado, según él, que una USB fue alterada.

"Se estableció que esa grabación entregada por Monsalve a su compañera de la época, y entre los días 24 y 26 que el reloj estuvo en manos de Deyanira, es cuando se cambia de un reloj a una USB el contenido de la charla, y esa USB no era clara en su contenido, y ella misma indicaba que se estaba haciendo un proceso para depurar esa evidencia. La Fiscalía ordenó esa prueba y se determinó que la USB fue alterada", aseguró el fiscal.

Así mismo, la Fiscalía reiteró que en los medios de conocimiento que tiene, no está evidenciado que el expresidente hubiera ordenado ofrecer dádivas, puesto que lo único que le dijo a su abogado Cadena era que se conociera la verdad.

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"Nunca hizo propuestas contrarias a la ley, lo único que él reiteró es que se dijera la verdad. En esas condiciones, para finalizar en lo que tiene con los ingredientes del soborno, debemos verificar de qué verdad se habla. El señor Uribe pide que se diga la verdad, el señor Monsalve dice que tiene una verdad, el día de hoy verificaremos qué verdad conoce el señor Monsalve, es decir, qué sabe de Uribe", fue otra frase del fiscal.

Afirmar que lo que quedó guardado en el reloj grabadora -luego pasado a una USB, según Cárdenas- implica que dicha prueba pierda peso para el ente acusador, y por ende desestime la tesis de que fue Cadena quien llegó a la cárcel La Picota a ofrecerle beneficios a Monsalve.

Más adelante, el fiscal trajo a colación las declaraciones que años atrás personas cercanas a Monsalve han dado sobre él. Principalmente, en lo que tiene que ver con sus actividades en la Hacienda Guacharacas, de propiedad de los Uribe. En una intervención, un compañero del exparamilitar dice que nunca lo vio con armas, ni tampoco con uniformes de algún grupo armado.

Por ejemplo, Óscar Hernán Monsalve, itió que su hermano Juan Guillermo nunca se perdía de la finca, y que su labor era trabajor como vaquero con el papá. También negó que fuera escolta de Luis Alberto Villegas y de Santiago Uribe, y que paramilitares lo visitaran en la hacienda.

Luego de explicar las inconsistencias que para la Fiscalía tiene el testigo Juan Guillermo Monsalve, Javier Cárdenas concluyó que "en este hecho no hay delito de fraude procesal de Uribe, en relación a la carta que llevó Monsalve a la Corte, entonces se centra el delito de soborno".

En su momento, como lo reconoció el nuevo fiscal, la Jueza 28 determinó que no había certeza frente a la inocencia del expresidente en ese delito, por ende sugirió recoger nuevo material.

Es por ello que Cárdenas mencionó que escuchó la declaración del exministro Andrés Felipe Arias, condenado por la Corte Suprema de Justicia por corrupción en el escándalo de Agro Ingreso Seguro (AIS). La versión de Arias es que un compañero de celda le dijo que había escuchado a otro recluso que querían afectar el nombre del expresidente.

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Con esto, así como con las palabras que dio Abelardo de la Espriella, Cárdenas aspira a que se cierre el caso con su hipótesis de que fue Monsalve quien buscó a Álvaro Uribe para rectificarse de acusaciones en su contra, y no al revés. 

No obstante, lo recopilado por la Corte Suprema deja algunas dudas frente a la hipótesis del ente acusador, pues en una conversación grabada entre Monsalve y  Enrique Pardo Hasche -con quien Cadena hablaba-, se escucha cómo el primero le dice al segundo que Cadena, al parecer, le dijo que necesitaba que firmara, haciendo alusión a la carta de retractación.

Una de las cartas que se jugó el entonces fiscal de este caso para archivar el expediente de Uribe el semestre pasado fue desacreditar la versión de Juan Guillermo Monsalve.

Esta vez, Cárdenas reiteró que tras evaluar el material que recolectó, se deriva que "los padres y trabajadores dejaron claro que Monsalve jamás se alejó de la hacienda. Si eso indican la familia, amigos, compañeros y la profesora de la escuela, entonces queda verificar si realmente Juan Guillermo Monsalve fue paramilitar, y si alguna persona acredita esa condición".

Seguido a ello, el fiscal manifestó que "lo hasta acá dicho deja establecido que en la hacienda no existió fundación de grupos paramilitares, y de si Monsalve fue o no paramilitar (...) su hermano indica que mientras estuvieron los soldados establecidos en algún lugar de la hacienda, cerca de las caballerizas, estos dejaban su ropa ahí, y llegaron a crear con algunos de ellos una relación de amistad, y en esa relación los soldados le permitían que se tomaran fotos con uniformes y armas del Ejército. Ese documento aparece en los incorporados de la investigación.

Como conclusión de estos dos capítulos, Cárdenas afirmó que "Monsalve no puede ser testigo de algo que no vio, pues nunca dijo que haya visto a Uribe infringiendo la ley. No puede decir que en la hacienda existieron o no paramilitares, cuando sus padres y compañeros bajo juramento indican que desde el año 96 hasta el 2001 nunca existieron paramilitares".

El abogado Miguel Ángel del Río, apoderado de Deyanira Gómez, pidió la palabra a la jueza para decir que el fiscal Javier Cárdenas se estaba alejando de los hechos jurídicamente relevantes, al mencionar la quema de la Hacienda Guacharacas.

Jaime Granados, defensor del expresidente, le solicitó a la jueza, "como directora de la audiencia, que no se siga interrumpiendo esta audiencia. La postura de Del Río es la de él, pero no la del fiscal. Otra vez actúa desacata sus órdenes".

La palabra después la pidió el procurador delegado para el caso, quien aclaró que "uno de los temas de la imputación fáctica tiene que ver con que a Juan Guillermo se le pidió que se retractara, y uno de los aspectos es de qué tenía que retractarse, eso es lo que está diciendo Cárdenas", afirmación respaldada por la jueza.

Después de su afirmación acerca de la USB editada, Cárdenas aseveró que tenía que establecerse qué verdad era la que Monsalve sabía sobre Uribe, la cual fue narrada en entrevista al hoy senador Iván Cepeda. Esa vez, el centro de atención fue el presunto nexo del que sabía Monsalve entre el expresidente y paramilitares del Bloque Metro, caso por el cual fue a juicio Santiago Uribe.

De ese encuentro, Cárdenas destaca la supuesta presencia de paramilitares y guerrilleros en la Hacienda Guacharacas -propiedad de los Uribe-, la quema del lugar, el conocimiento que tiene Monsalve por vivir allí, y lo que sabe de las actividades ilegales en la vivienda. Todo ello lo conoció porque Monsalve aseguró ser paramilitar.

La versión de los supuestos vínculos de Álvaro Uribe con paramilitares también fue escuchada por Cepeda en una cárcel de Itagüí en agosto de 2011, cuando entrevistó a Pablo Hernán Sierra, alias Pipintá.

Y aunque el procesado en este caso no es Monsalve, el fiscal optó por mostrar un interrogatorio a él para dar de dónde nace la presunta relación de Uribe con 'paras', la cual derivó en una supuesta manipulación de testigos para salir beneficiado, el centro de esta audiencia.

Hacia las 10:00 de la mañana, Cárdenas reprodujo un video en el que Monsalve es interrogado. Allí detalla pasajes de su vida en la Hacienda Guacharacas, istrada por su papá, y la relación que tuvo con paramilitares del Bloque Metro.

Según Monsalve, le consta que desde comienzos de 1997 inició ese Bloque, y que desde sus 22 años se dedicó, junto a Luis Alberto Villegas, a robar combustible a través de tubos.

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También reiteró que Cepeda no lo presionó para declarar, y que le constaba que como gobernador de Antioquia, Álvaro Uribe tuvo nexos con 'paras'. Uno de ellos lo basó en que Policía y Ejército colaboraron para las actividades ilegales, es decir, la Fuerza Pública operaba en esa zona de Antioquia, pero estaba al servicio de paramilitares.

La recolecta de esta información "se hizo el 4 de agosto de 2022, en consideración este es un medio de conocimiento nuevo y fundamental porque es en esta intervención, bajo juramento, donde se le pregunta la responsabilidad penal de Álvaro Uribe", subrayó el fiscal.

Paso seguido explicó que "ante el doctor Cepeda dijo que él era el coordinador, que desde el 96 que llegó a la finca nunca vio hasta 2001 en la Hacienda. Si tenemos en cuenta que es su primera intervención bajo juramento, Monsalve no atribuye responsabilidad penal a Uribe. Deja sí en el camino el tema de la hacienda donde se fundó el bloque paramilitar".

Otro de los apartes de la audiencia de este miércoles se basó en reproducir los relatos que en diferentes oportunidades ha sostenido Juan Guillermo Monsalve ante las autoridades judiciales, respecto a la quema de la Hacienda Guacharacas, en febrero de 1996.

En especial, Cárdenas se centró en mostrar varios testimonios que contrastan con la versión de Monsalve, con el propósito de derrumbar lo dicho por él frente a la presencia de 'paras' o guerrilleros en el predio de los Uribe.

La cita del miércoles, como toda esta semana, empezó a las 9:00 de la mañana, y tuvo como preámbulo el encontrón del martes entre el abogado Miguel Ángel del Río, representante de víctimas, y el penalista Jaime Granados, defensor de Uribe.

Ambos tuvieron una discordia porque el primero se quejó de que la Fiscalía está argumentando lo mismo que en la fallida primera solicitud de preclusión, a lo que Granados le pidió que respete la intervención del ente acusador.

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Cárdenas le explicó a Del Río que como fiscal delegado trae nuevos testimonios, como el del exministro Andrés Felipe Arias. Para esta solicitud de preclusión, la Fiscalía se basó en dos causales: atipicidad de la conducta e imposibilidad de desvirtuar la presunción de inocencia.

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