Los capítulos que abrió la denuncia por traslado de Carlos Mattos

El general Mariano de la Cruz Botero Coy, quien por orden del presidente Iván Duque fue destituido de su cargo, es el director número 22 que pasa por la cabeza del Inpec en sus 30 años de funcionamiento.

Al oficial de la Policía le costó el cargo el escándalo por los desplazamientos por Bogotá y las reuniones que sostenía fuera de la cárcel el empresario Carlos Mattos, quien el 25 de febrero habría aprovechado una salida de la cárcel para asistir a una cita médica para ir a su oficina, a donde luego llegó su equipo de defensa, integrado por el abogado Iván Cancino y Laura Kamila Toro.

“El privado de la libertad deberá ser regresado EN FORMA INMEDIATA a su lugar de origen, una vez culmine los procedimientos y valoraciones médicas anotadas”, se lee en los documentos que sustentaron su salida de La Picota conocidos por este diario.

Cuando el escándalo ya había estallado y el Gobierno había ordenado la destitución del general Botero Coy, se conoció que el abogado Diego Cadena, procesado por fraude procesal y soborno a testigos, habría aprovechado un vacío legal en una decisión judicial para salir del país.

El abogado Iván Cancino, defensor de Cadena y también de Mattos, dijo a W Radio que tras la decisión de un juez de revocarle la libertad en diciembre del año pasado Cadena se presentó a las autoridades, pero su detención se cayó porque la Policía no le leyó sus derechos. Luego de que se cayó la captura, según Cancino, ni la Fiscalía ni el Inpec volvieron a hacer los trámites para reseñar a Cadena en su lugar de domicilio y este quedó e n libertad para salir del país.

Las irregularidades denunciadas generaron el rechazo del ministro de Justicia, Wilson Ruiz, que pidió a la Fiscalía y a la Procuraduría iniciar las investigaciones del caso.

El ente acusador señaló que los permisos de los internos son del resorte del Inpec y anunció una compulsa de copias “para que se establezca si las personas a cargo de los traslados del privado de la libertad incurrieron en alguna conducta que configure delito”. Además, se conoció que Mattos, que estaba en un pabellón destinado para la detención de funcionarios públicos o elegidos, ahora estará en la cárcel de Cómbita, en Boyacá.

En octubre de 2019, la fuga de la excongresista Aida Merlano le costó el cargo al general William Ernesto Ruiz, quien solo duró ocho meses al frente del Inpec. Lo mismo sucedió con Diana Muñoz, quien era la directora de la cárcel El Buen Pastor, en donde estaba recluida Merlano. Y en febrero de 2010, tras la fuga de La Picota de ‘Carecuchillo’ y ‘Tribilín’ se hizo pública la salida del cargo de la directora del Inpec Teresa Moya Suta.

Hernando Herrera, director de la Corporación Excelencia en la Justicia, señaló que el Inpec tiene graves problemas, entre ellos “falta de gerencia y falta de política pública (...), tampoco existe una política penitenciaria pensada en el largo plazo, sino simplemente de reacción frente a este tipo de escándalos, e indebida utilización de los pabellones carcelarios”.

Añadió que la guardia en muchos casos “no está profesionalizada” y que “hay múltiples eventos de corrupción, no solo en el nivel básico de la guardia, sino que ha escalado los niveles más altos del Inpec”.

Y añadió que la liquidación del Inpec no es la solución, sino que enfrentan los otros problemas que hay en las cárceles.

En la otra orilla, la exministra de Justicia Gloria María Borrero indicó: “El Inpec se debe

acabar. Es una decisión que debimos haber tomado hace años. Hay que luchar contra la corrupción con decisión”

@JusticiaET