Contraloría cuestiona a la Unidad de Víctimas por manejo de bienes

Una auditoría de la Contraloría General encontró diferentes irregularidades en la istración de la Unidad de Víctimas, encargada de reparar a las personas afectadas por el conflicto armado. 

El ente de control encontró que la Unidad hizo pagos de indemnizaciones o ayudas humanitarias a víctimas de forma indebida, pues se entregaron a terceras personas que falsificaron documentos. Esto se dio, dice la Contraloría, "por debilidades en el registro y en el cruce de información o por presuntas conductas de orden penal". 

En estos pagos indebidos la Unidad gastó unos 60 millones de pesos, situación que la Contraloría puso en conocimiento de la Fiscalía General. 

Pero lo más grave es que la Contraloría evidenció debilidades por parte de la Unidad de Víctimas en la istración de los bienes destinados a la reparación.Esto porque muchos de los bienes recibidos por el Fondo de Reparación, dice la Contraloría, no pertenecían a los victimarios por lo que han tenido que restituirse. 

El organismo de control encontró 70 inmuebles que habían sido entregados por los Bloques Cacique Nutibara, la casa Castaño, y el Bloque Tolima, que realmente no pertenecían a las autodefensas. Con esto, dice la Contraloría, "se evidencias las debilidades del sometimiento a la Ley de Justicia y Paz". 

Otro problema de la Unidad es que la Contraloría evidenció que de los 1.027 inmuebles bajo custodia del Fondo, el 58 por ciento, en su mayoría rurales, no tenían ninguna istración y por lo tanto podían perder su vocación reparadora. 

Las causas que impiden la istración son principalmente las ocupaciones ilegales (47 %), minería ilegal o improductividad (9%), orden público y difícil (7 %), y otras razones (36 %). 

La Contraloría asegura, además, que hay un mal manejo de los proyectos productivos porque han mostrado una escasa rentabilidad, pues algunos tienen pérdidas cercanas a los 2.000 millones de pesos. 

El órgano de control, además, hizo una auditoría financiera sobre la Unidad y encontró que "le ha dado un manejo deficiente a sus estados financieros en lo concerniente a los pagos de indemnizaciones a víctimas". Esto porque esos pagos llevaron a que la Unidad tuviera un pasivo de 1.5 billones de pesos cuando ese dinero "según las sentencias de Justicia y Paz, debía ser pagado por los victimarios y no por el Estado de manera directa". 

La auditoría de la Contraloría dijo que la Unidad debe mejorar los sistemas de información  y también implementar mayores controles para reducir el riesgo de pagar indemnizaciones o ayudas a quien no tiene derecho a recibirlas.

También dijo que debe "mejorar las herramientas legales y financieras para sanear física, económica, jurídica y fiscalmente los inmuebles que hacen parte del Fondo de Reparación para mantener su vocación reparadora”. 

JUSTICIA