Pérdida de anticipo en otro contrato enreda a socio de Centros Poblados

Un nuevo proceso enreda, fiscalmente, a firmas vinculadas a la Unión Temporal Centros Poblados, que ha estado en el ojo del huracán debido a un contrato por un billón de pesos con el Mintic en el que presentaron garantías bancarias falsas y en el que, según han dicho las autoridades, se habría perdido el anticipo entregado por 70.000 millones de pesos.

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Esta vez, el lío es para la firma Intec de la Costa SAS, socio de Centros Poblados, que fue vinculada por la Contraloría General de la República a un proceso de responsabilidad fiscal por más de 1.337 millones de pesos.

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El caso es por presuntas irregularidades en el fallido proyecto de construcción de un puente militar sobre el río San Jorge, en la vereda La Solera del municipio de Caimito (Sucre) donde, según informó el ente de control, se perdió el anticipo de 1.253 millones de pesos entregado al contratista (Consorcio Puente San Jorge 2019).

En este caso, Intec de la Costa SAS aparece como integrante del Consorcio Puente San Jorge 2019, con un 80 por ciento de participación, y ese consorcio tiene un contrato con el municipio por valor de 2.507 millones de pesos para adelantar las obras complementarias del puente.

Sin embargo, según la Contraloría, desde hace tiempo se ha denunciado la ocurrencia de varias presuntas irregularidades.

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De hecho, la misma istración municipal denunció una supuesta falsedad documental en el acto de conformación de este consorcio.

"Precisamente una denuncia que recibió la Contraloría originó una auditoría adelantada en el municipio de Caimito, sobre el manejo de los recursos del Sistema General de Participaciones (SGP), que determinó un presunto hallazgo fiscal cuyo traslado dio lugar a la apertura de este proceso de responsabilidad fiscal por parte de la Gerencia Departamental de la CGR en Sucre", informó la entidad.

Lo que detectó esa auditoría fueron deficiencias en la ejecución del contrato con el Consorcio Puente San Jorge 2019, particularmente en la inversión del anticipo de obra.

"Al momento de realizarse la auditoría se determinó que no reposaba en la cuenta bancaria que abrió el contratista la totalidad de los recursos del anticipo que debía haber allí, aunque no se había amortizado y no había avance en la ejecución de la obra", informó la Contraloría.

Además, el ente de control visitó la obra a comienzos de 2020 y verificó que estaba abandonada y sin ejecutar.

Pero no solo hay un presunto mal manejo del anticipo por la obra abandonada, sino que la Contraloría detectó que las pólizas del contrato están vencidas y no se constituyeron correctamente para los riesgos de cumplimiento del mismo y de buen manejo y correcta inversión del anticipo.

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Así mismo, se encontró que el secretario de Planeación del municipio de Caimito para la fecha de los hechos, que era el supervisor del contrato de obra pública y del de interventoría, habría tenido incidencia directa en el vencimiento del plazo del contrato de obra, pues firmó un acta de suspensión sin estar facultado para ello, "situación que, a su vez, condujo al vencimiento del período de vigencia de los amparos constituidos en la respectiva póliza de seguro de cumplimiento", informó la Contraloría.

Por último, se determinó que la obra se inició sin el trámite de los respectivos permisos de ocupación cauce y aprovechamiento forestal, y que no está soportada la procedencia legal de los materiales de construcción utilizados.

En el proceso de responsabilidad fiscal el presunto daño patrimonial a las finanzas del Estado se deriva de las deficiencias detectadas en la estructuración y ejecución del contrato de obra pública suscrito por el municipio de Caimito con el Consorcio Puente San Jorge 2019.

A esto se suma el perjuicio por el incumplimiento del contrato de interventoría que suscribió con el Consorcio Interpuentes 2019 que, según la Contraloría, desatendió sus obligaciones contractuales y legales, al abstenerse de verificar que el contrato de obra cumpliera con todos los requisitos y condiciones necesarias para su ejecución, además de pasar inadvertidas las deficiencias en las garantías constituidas por el consorcio.

Además, el contrato de interventoría también tiene deficiencias en las pólizas de seguro para los riesgos de cumplimiento y de buen manejo y correcta inversión del anticipo.

Por esos motivos, la Contraloría vinculó como presuntos responsables fiscales a Víctor Miguel Ricardo Vega, alcalde de Caimito para la época de los hechos; Kevin Ricardo Caly, secretario de planeación del municipio para la fecha y supervisor del contrato de obra pública y del contrato de interventoría.

Así mismo, a la empresa Intec de la Costa SAS, como integrante del Consorcio Puente San Jorge 2019, que era contratista ejecutor del contrato de obra pública, por la cuantía de $ 1.253.542.637,50, correspondiente al valor del anticipo.

También a Dialco Construcciones SAS, como integrante del consorcio, con participación del 20 por ciento. 

Y, finalmente, a Walter David Sánchez Urzola, representante legal del consorcio, ante una supuesta falsedad en la constitución del mismo. Sánchez fue vinculado por la suma de $ 1.253.542.637,50, correspondiente al valor percibido por este consorcio como anticipo.

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