Así avanza la lucha trasnacional contra la deforestación de la selva amazónica

A 30 minutos de Florencia (Caquetá), en la vereda La Holanda, del corregimiento Santo Domingo, se encuentra la reserva La Avispa: 232 hectáreas de bosque amazónico, bañado por dos cascadas cristalinas, en donde hay 36 especies de ranas, 13 de serpientes, 160 de aves y varios mamíferos, incluyendo tigrillos.

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Mientras la Interpol tiene la mira puesta en mafias internacionales detrás de la explotación de madera y minerales, expertos dicen que hay que trabajar juntos para evitar llegar a un punto de no retorno.

Cuesta creer que hace 20 años ese refugio era la hacienda ganadera más grande de la vereda, contó Daniela Chaparro, hija de los dueños del predio, quienes tras sobrevivir a un secuestro de las Farc en 1999 y vivir desplazados hasta 2004 decidieron que para su supervivencia solo requerían una hectárea y que las demás, que encontraron “enrastrojadas”, tenían un valor inmensurable para el medioambiente.

La Avispa, que hoy ofrece recorridos ecoturísticos y se presta para expediciones científicas, es un ejemplo de restauración ecológica, uno de los puntos centrales del IV foro internacional ‘Intercambio de buenas prácticas en la aplicación de la ley para el abordaje de la criminalidad ambiental’, organizado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) para la Región Andina y el Cono Sur y la embajada de Reino Unido, que durante tres días reunió a expertos nacionales e internacionales para discutir sobre cómo hacer que el ‘pulmón verde’ del mundo, como le llaman a la selva amazónica, sobreviva a la amenaza de la deforestación.

Se estima que cerca del 17 por ciento de la selva amazónica se ha perdido por completo y un 17 por ciento adicional está degradado, según el Informe Amazonia Viva 2022, del Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF, en inglés), que añade que más del 15 por ciento de la superficie amazónica está concesionada para actividades mineras y petroleras con importantes impactos ambientales y que el bosque tropical se está acercando a un punto de no retorno por la deforestación producida por la expansión de la agricultura y la ganadería, el acaparamiento y especulación de tierras, la tala insostenible e ilegal, la minería ilegal, el tráfico de fauna y el cambio climático.

Es por esto que desde diferentes países con incidencia en la Amazonia se han lanzado estrategias para darle oxígeno a la selva. Perú, el segundo país con más selva amazónica en su territorio, tiene una División de Investigaciones de Alta Complejidad (Diviac) para liderar las operaciones contra la deforestación y minería ilegal, y Óscar Salas, oficial de la Policía de Perú (r) y consultor forestal de la Diviac, señaló que “antes la criminalidad organizada se concentraba en el narcotráfico, ahora la élite criminal está en los delitos ambientales”.

Bajo su cargo han pasado decenas de operativos contra delitos ambientales que han mostrado que “el tráfico de madera es un delito transnacional” que se ha sofisticado tanto que hoy en día se hace con documentos oficiales, sellados y firmados por autoridades legales, pero con contenido fraudulento sobre la procedencia de la madera o su tipo. Las investigaciones de la Diviac en este frente han descubierto corrupción que ha llevado a la captura de ingenieros forestales, policías, fiscales, alcaldes y gobernadores.

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De otra parte, Sergio Yépez, oficial de inteligencia de Interpol en Argentina, comentó que han podido identificar a organizaciones extracontinentales involucradas en delitos ambientales en la región, y habló de mafias de países como Rusia, China y Turquía.

Sobre la minería ilegal, comentó por ejemplo que parte del oro extraído de Colombia termina en Panamá, exportado en contenedores que dicen contener plástico o chatarra, cuando en realidad lleva el mineral en cantidades tales que “es como si los panameños se pusieran hoy un anillo de oro y mañana lo botaran, así es el nivel de importación de oro en Panamá”.

Pese a su impacto, estos delitos muchas veces son invisibilizados por las bajas penas que suelen tener y porque “en un delito medioambiental no hay una víctima directa y se cree que no importa, cuando los afectados somos todos”, concluyó Salas.

Durante el foro de UNODC y la embajada de Reino Unido también destacaron algunos de los esfuerzos que está haciendo Colombia para combatir la deforestación. Ricardo Romero, subdirector de Procesos Agrarios y Gestión Jurídica de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), dio a conocer que este año por primera vez en la historia arrancaron procesos de extinción de dominio de predios deforestados en zonas de conservación, esta herramienta se estrenó en dos hatos en Meta y Caquetá que suman extensiones de más de 4.200 hectáreas, más del 90 por ciento praderizadas.

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Así mismo, en el foro Javier Gutiérrez, de la Superintendencia de Notariado y Registro, indicó que han trabajado en informes jurídico-registrales para rastrear tráfico inmobiliario y acaparamiento de tierras relacionados con deforestación. Esos estudios sirven para ir tras los bienes de organizaciones criminales y de esa forma “no solo atacar capturar a los integrantes del grupo, sino ir por sus bienes y finanzas para atacar la cadena de valor”.

Además, el país no está solo en sus esfuerzos, Graham Knight, consejero de Economía, Ciencia y Clima de la embajada del Reino Unido, destacó que “el patrimonio natural que protege Colombia es crítico”, por lo cual Reino Unido mantiene una alianza para el crecimiento sostenible que hasta ahora tiene una inversión de 160 millones de dólares en financiamiento climático.

“Dentro de nuestros principales objetivos están combatir la deforestación, proteger la biodiversidad y promover una transición energética justa”, comentó Knight.

“La cooperación entre distintos países de la región también es clave”, sostuvo Melina Risso, directora de investigaciones del Instituto Igarapé, de Brasil, quien cuestionó que “mientras el crimen sí coopera en la Amazonia para extraer madera y minerales, a la hora del cuidado cada país va por su cuenta”. Risso puso como ejemplo el caso del pirarucú, pez insignia del río Amazonas que surca Colombia, Brasil y Perú; paradójicamente, cada país tiene vedas distintas, lo que impide coordinar acciones para el cuidado de esta especie pese a que se encuentra en riesgo de extinción.

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Para los investigadores y expertos que estuvieron en el foro, es claro que lo que los daños ambientales en la Amazonia no son un problema solo para quienes habitan en esa selva tropical sino para todo el planeta, ya que los aproximados 7 millones de kilómetros cuadrados de selva, región en la que viven 47 millones de personas, aportan beneficios ambientales y de regulación climática irremplazables.

La cooperación también tiene que ver con articular conocimientos por lo que Diego Quintero, coordinador regional de crimen organizado de UNODC, destacó la importancia de foros como el realizado en Caquetá para que los funcionarios públicos sepan que pueden articularse con varias entidades e incluso logren vínculos con otros países “para compartir información que les sirva para sus investigaciones, que permita fortalecer sus capacidades y facilite la acción de la justicia” para abordar el reto común de salvar la Amazonia.

El Ministerio de Ambiente tiene en marcha un plan integral de contención de la deforestación que busca transformar núcleos activos de deforestación en núcleos de desarrollo forestal y de la biodiversidad.

Este plan, en el cual se invertirán 600.000 millones de pesos, pretende servir también para cerrar brechas sociales, gestionar el cambio climático y contribuir a la paz territorial a partir de acuerdos sociales y de conservación, ordenamiento territorial, fortalecimiento institucional, una agenda ambiental para la paz e investigación criminal.

La idea, según se expuso en el Foro de UNODC, es trabajar de la mano con comunidades y actores claves en regiones estratégicas, y se espera que los programas e inversiones lleguen a más de 7.800 familias vulnerables con asistencia técnica, educación ambiental, pago por servicios ambientales de conservación y promoción de la reconversión productiva.

El plan se aplica en los núcleos activos de deforestación, que son zonas donde se deforestaron, entre 2014 y 2021, 1’360.339 hectáreas de bosques. Dentro de estos núcleos hay 57 municipios que concentran el 80 por ciento de la deforestación de Colombia, y algunos de los departamentos en los que se ubican son Caquetá, Guaviare, Putumayo, Meta, Cauca, Nariño, Antioquia, entre otros territorios.

Los esfuerzos ya han dado algunos frutos, como una reducción de la deforestación del 29,1 por ciento, pasando de 174.103 hectáreas afectadas en 2021 a 123.517 hectáreas en 2022; y datos del primer trimestre de 2023 indicaban una reducción del 76 por ciento de la deforestación en la Amazonia.

MARÍA ISABEL ORTIZ FONNEGRA

Redacción Justicia

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