El coronel (r) en Emiratos Árabes que la JEP llamó por ‘falsos positivos’

Desde Emiratos Árabes, el coronel (r) Juan Carlos Figueroa Suárez recibió de la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) una noticia inédita: irá a juicio por ‘falsos positivos’, un crimen por el cual en la justicia ordinaria nunca fue investigado, pero por el que deberá responder como excomandante del Batallón de Artillería No. 2 La Popa del Ejército, que opera en Valledupar (Cesar).

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Su rol al omitir el control a sus tropas y darles premios por resultados ilícitos, dice la acusación, fue determinante para que la práctica se perpetrara aún tras la salida de su antecesor, el coronel (r) Publio Hernán Mejía -ya acusado- por lo que en un escrito de acusación de 278 páginas, la UIA detalla cómo fue que Figueroa, de quien ni siquiera se conoce una foto, fue responsable, por mando, del homicidio de 38 personas, la tortura de 9 y la desaparición de 11 en un año y medio de su comandancia en La Popa, entre enero de 2004 y julio de 2005.

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Para la UIA, Figueroa sabía que algunos de los resultados que le presentaban sus subalternos eran ilegales, y conocía que sus hombres “cometían crímenes de manera sistemática o generalizada” pero aún así, “no tomó ninguna acción” para detenerlos.

Según la fiscalía de la JEP, los hombres bajo el mando de Figueroa Suárez distribuyeron roles obtener las armas que plantaban en los cuerpos, pactaron la forma de conseguir prendas y material de intendencia, modificaron informes de patrullaje, radiogramas, informes de hechos y actas de gasto de municiones; inhumaron cuerpos en los cementerios de Codazzi y Valledupar para ocultar la identidad de las víctimas.

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Exmilitares que declararon contra Figueroa le han contado a la JEP que él presionaba por las bajas porque quería superar los resultados de su antecesor: “no le decía a uno ‘vaya haga esto de esta manera ilegal’, pero era la presión por resultados ‘Hermano que quiubo las bajas’, esa presión es como estar entre la espada y la pared, ‘o hace hermano, o doy la baja’, porque hasta le mencionaban a uno la baja”, contó uno de los exuniformados.

De acuerdo con la acusación, Figueroa Suárez sabiendo lo que pasaba no solo no lo evitó, castigó o reprimió, sino que estableció un sistema de incentivos y estímulos en el cual “condicionó la concesión de los descansos regulares a la obtención de bajas”, los permisos que daba eran días de descanso, dejar de patrullar y recibir días adicionales junto a la correspondiente suma de dinero. Otros incentivos eran las celebraciones tras las muertes, las felicitaciones y otros actos de reconocimiento por resultados ilegítimos.

También se cuestiona que el excomandante de La Popa sabía de las alianzas que tenían algunos de sus integrantes con grupos paramilitares y las permitió, especialmente con el Frente Mártires del Cesar de las Auc, porque lo beneficiaban para las bajas.

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Es así como la primera modalidad de ‘falsos positivos’ que le endilgan a Figueroa son las muertes que se dieron en el marco del aprovechamiento de las relaciones con grupos paramilitares. La segunda modalidad fueron los asesinatos y desapariciones de personas que integrantes de los pelotones identificaron como objetivos militares porque eran señalados como guías o informantes; la tercera modalidad fue el asesinato de combatientes que habían depuesto las armas o se encontraban heridos.

“El patrón se materializó principalmente en la ejecución de personas con condiciones de vulnerabilidad acentuada, esto es, personas en situación de pobreza e incluso en condición de habitabilidad de calle, personas con discapacidades cognitivas y motoras, y personas pertenecientes a pueblos étnicos”, se lee en la acusación.

Además, algunos de pelotones buscaban a víctimas en contextos vulnerables como habitantes de calle, trabajadores informales, campesinos y personas con discapacidad en Valledupar y Barranquilla, las engañaban para llevarlas a la jurisdicción de La Popa y allá la asesinaban y presentaban como bajas en combate.

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Uno de los casos que se reseña es el asesinato, el 27 de abril de 2005, de Roberto Henry Taguer Bolívar, vendedor de agua y Bonice; Cristian Camilo Santiago Redondo, vendedor informal; y Deivis de Jesús Pacheco, quien tenía 17 años y dijo que se iría a una finca a trabajar recogiendo café. Los tres vivían en Baranoa (Atlántico) y fueron trasladados a Valledupar y asesinados. Luego de que los uniformados reportaron al Batallón haber entrado en combate dando como resultado tres bajas, el mismo Figueroa Suárez acudió al lugar, los felicitó verbalmente y le llevó a los uniformados que cometieron el crimen “una hamburguesa y una Coca Cola”, según contó uno de los uniformados.

Sobre los señalamientos de personas contra civiles, un caso que se narra es el asesinato, el 9 de febrero de 2005, de una menor de edad y otro hombre, tras ser señalados por un soldado que es kankuamo a quien sus superiores le pidieron proporcionar información, él dijo que sabía donde había supuestos milicianos y llegaron a una casa en el sector del Hático, en el corregimiento de Atánquez (Valledupar):

“La menor Nohemi Pacheco Sabatá, de 14 años, y el señor Hermes Enrique Carrillo Ariza, fueron sacados de su casa por tropas del pelotón Dinamarca 1. Las víctimas fueron interrogadas sobre la presencia de la guerrilla en el sector, obligados a vestir prendas militares y a caminar con la tropa aproximadamente durante 1 hora. Sobre la madrugada las víctimas fueron asesinadas”, se lee.

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La acusación de la UIA también señala que antes de su asesinato varis víctimas sufrieron tortura, y después de su muerte, la desaparición fue una práctica usada para intentar ocultar los crímenes.

La investigación de la Fiscalía de la JEP es clara en señalar que no se encontró registro de que Figueroa Suárez “alentara directamente la comisión de asesinatos y desapariciones forzadas”, pero también se dice que tampoco se identificó que realizara un “control efectivo de la manera en que estaban siendo allegados dichos resultados operacionales”.

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Además, se menciona explícitamente que él sabía que varios de esos resultados eran ilegales y que incluso tuvo a los protocolos de necropsia y actas de levantamiento de cadáver que daban cuenta de la “calidad y estado de indefensión de las víctimas”, pero no hizo nada. Tampoco tomó ninguna medida cuando se presentaron quejas relacionadas con la vulneración de derechos humanos a manos de del batallón.

Todo esto permitió que la práctica criminal continuara sucediendo, por lo cual la acusación concluye diciendo que el coronel (r ) “omitió el control debido a sus subordinados, estando en capacidad material de hacerlo, teniendo medidas razonables y necesarias a su alcance, conforme a su posición de garante derivada de la fuente constitucional, pues de haberlo realizado no se hubieran producido los delitos”.

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