Este es el expediente en Fiscalía que enreda a seis congresistas en trama de corrupción

Un grupo de senadores habría calcado el mismo modelo de corrupción por el que fue condenado a 15 años de cárcel el poderoso exsenador Mario Castaño Pérez, quien murió hace unos días mientras purgaba su pena en una celda de la cárcel La Picota, ubicada en Bogotá.

La Fiscalía documentó, en un extenso expediente que está en manos de un grupo especial de fiscales contra la corrupción, las maniobras que habrían desplegado congresistas, funcionarios públicos y particulares para esquilmar los recursos estatales.

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 Por ende, esa misma práctica de irregularidades en la contratación no habría sido exclusiva del grupo de ‘las Marionetas’, como era conocido el grupo de Castaño Pérez, sino que los congresistas que aparecen en la investigación habrían creado su propia red con tentáculos en varias entidades públicas.

El propósito de los políticos, según la Fiscalía, sería aumentar su caudal electoral en las regiones en las que se iban a realizar obras con plata de la paz; el de los contratistas, aumentar sus riquezas, y los funcionarios, conseguir réditos en ‘las organizaciones ilegales’ a las que pertenecían para ascender en estas y en el futuro escalar en sus aspiraciones políticas.

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En el proceso que llevó a la imputación de cargos a Katherine Rivera Bohórquez, integrante de la Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) del congresista Ciro Ramírez y al contratista Anderson González, la Fiscalía mencionó a otros políticos que estarían involucrados en presuntas irregularidades por más de 70.000 millones de pesos.

EL TIEMPO conoció la investigación en la que se menciona, además del fallecido exsenador Mario Castaño, a los congresistas Samy Merheg, Carlos Abraham Jiménez, Ciro Ramírez Cortés, Juan Felipe Lemos Uribe, Miguel Ángel Barreto, Carlos Fernando Motoa y al candidato a la Cámara de Representantes Julio César García.

Y se advierte que así como Castaño tenía como ficha clave a Juan Carlos Martínez Rodríguez, quien se encargaba de articular y transmitir las instrucciones a los demás integrantes de su red criminal, los otros congresistas tendrían sus propios enlaces. En el caso de Ciro Ramírez sería Katherine Rivera, quien fue imputada recientemente, mientras que el enlace del congresista Barreto sería Óscar Humberto Leyton; el del legislador Motoa sería Giancarlo Storino, y para el candidato García su principal conexión sería Jhon Jairo Tejada García.

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En el proceso, al que accedió este diario, el ente acusador advirtió que cada senador al parecer tiene un grupo de operaciones para obtener beneficios ilícitos. Además, se relacionan los nombres de otros exfuncionarios que habrían sido claves en el organigrama para viabilizar la contratación irregular, como el subdirector de programas del Departamento de Prosperidad Social (DPS) y excandidato a la Cámara de Representantes, Pierre Eugenio García Jacquier; la funcionaria de esa entidad Tatiana vuelvas Ramos y el gerente de Proyecta Quindío, Pablo César Herrera Correa, quien ahora es testigo de la Fiscalía.

Asimismo, salieron a relucir contratistas como Anderson González, Raúl Cardozo Ordóñez, Raúl Cardozo Nuncira, Raúl Cardozo Navas, Andrés Ospina Rosales y Alejandro Noreña Castro (que avanza en un proceso de colaboración). Varios de ellos fueron judicializados.

Aunque la Fiscalía no puede procesar a los congresistas por su fuero –que corresponde a la Corte Suprema–, en la investigación contra los funcionarios y contratistas se afirma que todos ellos se concertaron en un grupo criminal que funcionó desde 2021 e incluso se extendió a este año, y que buscaba “direccionar contratación pública para dar beneficios a senadores y un candidato a la Cámara”.

Las irregularidades hasta ahora detectadas superan los 70.000 millones de pesos, y los intentos por cooptar contratos públicos incluso se habrían extendido hasta hace unos meses, por lo que la Fiscalía mantiene la investigación de nuevos procesos licitatorios. De hecho, en interceptaciones telefónicas a algunos de los investigados se escucha que hablaron el 6 de octubre de citas con el alcalde de Sincelejo para una adición de un contrato con el Invías y de un contrato de parque automotor de Bogotá.

“Son presuntos servidores públicos corruptos (...), el senador Ciro Ramírez sigue en su cargo y sigue instrumentalizando esas conductas punibles. Se está hablando de corrupción en dos ramas del poder –el Ejecutivo y el Legislativo– para desviar contratos financiados con plata del Estado”, anotó la Fiscalía.

Dicha entidad documentó los contratos 501 de 2021 y 670 de 2021, suscritos entre el DPS y Proyecta Quindío, en los que se buscaba “direccionar” proyectos de obra para los departamentos del Tolima, Quindío y Valle del Cauca. En esos contratos habría injerencia de los congresistas para entregarlos a determinados contratistas.

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Los investigadores añadieron que la empresa criminal se interesó en el contrato 670 de 2021, por 49.000 millones de pesos; el contrato 013 de 2022 en Purificación, Tolima, por 1.600 millones; el contrato 039 de 2022, por 114 millones; el 011 de 2022 en Mariquita, Tolima, por 1.900 millones, entre otros. En el contrato adjudicado a Andrés Ospina Rosales por 8.900 millones de pesos para el desarrollo de placa huella en el Tolima, según la Fiscalía, al parecer estarían interesados Pierre Eugenio García, el senador Barreto y Óscar Layton. Y en otros cuatro contratos entregados a Raúl Alfonso Cardozo, el interesado era el senador Ciro Ramirez.

En las interceptaciones, en poder de este diario, se escucha hablar a los contratistas de Raúl Eduardo Cardozo Navas y a otra persona, que mencionan a otros políticos, aunque no precisan sus intenciones.

En una conversación, alguien que se llama Hugo le dice a Raúl que acaba de hablar con Pedro Barriga, y que él habló con Kike, “que pidió una cita con el presidente que se encargó de esa mierda”; y que luego llamó a Kate (asesora del senador Ramírez), quien le dijo que “amigos de Ciro hay seis que puede traer para ese lado, que son Julieth Sánchez, de Antioquia; Edward Triana, de Bogotá; Andrés Forero, de Bogotá; Juan Espinal, de Antioquia, y Óscar Pérez, de Antioquia, que son representantes a la Cámara, y hay uno que se llama Juan Felipe Corzo, de Norte de Santander, que Kate dijo que son los nombres de esos que Ciro puede traer”.

Luego se cuestionan si es mejor seguir hablando por la línea convencional o si lo hacen por WhatsApp, y hablan de lo que serían acuerdos políticos para las elecciones territoriales que acaban de pasar. “La directriz de la Gobernación era ayudarle a Carlos Osorio, póngale cuidado, eso nos había dicho hace unos días, pero la llamaron ayer que los reunió el burgomaestre allá, y que la orden de toda la Gobernación y todo el equipo era ayudarle a Hugo”, y celebran que ya hay acuerdos con “James para ayudarle”. Por último añaden que se tienen que poner las botas “para no dejar quitarse eso”.

Redacción Justicia

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