División en el Ministerio Público sobre la reforma pensional: procuradora pide tumbar la ley cuestionando el 'pupitrazo' y la defensora pide salvarla

Hay división de criterios entre las máximas representantes del Ministerio Público, la procuradora general de la Nación Margarita Cabello y la defensora del Pueblo Iris Marín, sobre el futuro de la ley de reforma pensional impulsada por el presidente de la República Gustavo Petro, que actualmente es objeto de debate en la Corte Constitucional.

Mientras la procuradora considera que se debe caer todo el articulado, advirtiendo que hubo un "vicio insubsanable" en el episodio que en su momento se catalogó de 'pupitrazo', la defensora del pueblo piensa lo contrario y pide salvar la reforma, asegurando que tal maniobra no existió.

Cabello le pidió al magistrado Jorge Ibáñez, que el próximo año presidirá la Corte Constitucional, que tumbe todo el articulado de la reforma, advirtiendo que su aprobación en la plenaria de la Cámara de Representantes el pasado 14 de junio, acogiendo "en bloque" el texto que remitió el Senado, constituyó un vicio de elusión del debate democrático.

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"Arbitrariamente se eludió la deliberación de las numerosas modificaciones que habían sido propuestas por los ponentes en los informes de los textos aprobados por la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes (especializada en asuntos de seguridad social) y, las proposiciones de los parlamentarios presentadas en debida forma", dice un concepto de la procuradora general en el que también indica que quedaron sin discusión al menos 500 propuestas de ajustes y 60 modificaciones que se plantearon en la Cámara.

La procuradora agregó que "no existieron las condiciones mínimas para adelantar una discusión rigurosa, meditada y democrática de la iniciativa en la Plenaria" pues "es evidente que existió premura en la producción del debate legislativo, bajo la argumentación de la bancada de gobierno de que los tiempos se estaban agotando, así como con la excusa de que la oposición estaba dilatando el trámite".

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En contraste, la defensora del Pueblo Iris Marín le pidió a la Corte que salve la propuesta asegurando que "no hubo votación en bloque de un proyecto sin discusión previa" pues "la votación del texto aprobado por el Senado se realizó de acuerdo con el reglamento y con el conocimiento pleno de cada uno de los artículos".

Marín se apartó de la tesis de la elusión del debate asegurando que, aunque algunos congresistas cuestionaron que la proposición que votaron no se incluyó en el orden del día de  la Plenaria,  el "documento fue publicado el 29 de abril de 2024 en la gaceta número 497, lo que garantizó que los representantes tuvieran conocimiento del mismo desde esa fecha".

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Marín también citó comentarios que hicieron durante la Plenaria los representantes Andrés Forero y Jennifer Pedraza que le llevan a concluir que "los representantes no solo conocían el contenido del proyecto en detalle sino que también participaron activamente en la discusión de las modificaciones introducidas, lo cual contrasta con la tesis de la demanda sobre la supuesta ausencia de un debate real".

En todo caso, será la Sala Plena de la Corte Constitucional la que defina, con estos conceptos, si la Ley 2381 de 2024, mediante la cual se introduce un 'Sistema de Protección Social Integral para la Vejez, Invalidez y Muerte de origen común', es o no es ajustada a la Constitución.

La Corte analiza ocho demandas, de más de 100 que llegaron, que piden tumbar la reforma. Siete de ellas son de autoría de parlamentarios que se opusieron a la propuesta gubernamental.

Organizaciones jurídicas también están divididas sobre el debate el 'pupitrazo' y la elusión del debate. "Compartimos plenamente el pronunciamiento del Ministerio Público toda vez que, de manera evidente, en el trámite legislativo de esa norma se evidencia el quebrantamiento a distintos postulados o principios de nuestra Constitución. Tal vez el más relevante, el rompimiento del denominado principio de consecutividad que obliga que los diferentes debates en el Congreso exista la debida información y publicidad de lo que se está aprobando para que los congresistas tengan plena certeza de lo que implica esa específica reforma", expresó Hernando Herrera, director de la Corporación Excelencia en la Justicia.

Por su parte, Rodrigo Uprmny, investigador del centro de pensamiento DeJusticia, considera que "aunque es posible concluir que hubo algunas irregularidades en el trámite, y que en principio parecen vicios, en realidad un examen integral del procedimiento demuestra que no lo son".

"Puede percibirse que esta decisión de las mayorías y la mesa directiva no

buscaba impedir el debate sino evitar que el obstruccionismo desplegado y

declarado abiertamente por la oposición, hundiera, por el vencimiento del plazo

de dos legislaturas, un proyecto clave no sólo para el Gobierno sino también

para la garantía del derecho a la pensión", agregó el investigador.

ANA MARÍA CUESTA

Editora de justicia [email protected]