El fuerte respaldo de la defensora del Pueblo Iris Marín a la reforma pensional del gobierno Petro: esto dice sobre el 'pupitrazo'

La defensora del Pueblo, Iris Marín, le acaba de pedir a la Corte Constitucional que avale la totalidad de la Ley 2381 de 2024, mediante la cual se introduce un 'Sistema de Protección Social Integral para la Vejez, Invalidez y Muerte de origen común', que entrará a regir a partir del 1 de julio de 2025.

Marín asegura que fue "legal" el trámite legislativo de la reforma pensional, en el que la Cámara de Representantes acogió la totalidad del texto que aprobó el Senado, e insiste en que no se incurrió en una elusión del debate, contrario a lo que indicaron numerosos congresistas que demandaron el articulado ante la Corte denunciando un 'pupitrazo'.  

Según la Defensora, el debate parlamentario del pasado 14 de junio en el que la Cámara aprobó una proposición para adoptar la integralidad de lo acogido por el Senado, duró ocho horas, es decir, un "tiempo suficiente para la intervención de los congresistas y la presentación de distintas posturas la proposición".

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Sin usar el término 'pupitrazo', Marín desvirtuó esa tesis de la elusión del debate asegurando que, aunque algunos congresistas cuestionaron que la proposición que votaron no se incluyó en el orden del día de dicha sesión, para ella el "documento fue publicado el 29 de abril de 2024 en la gaceta número 497, lo que garantizó que los representantes tuvieran conocimiento del mismo desde esa fecha". 

En su defensa del trámite legislativo de la reforma pensional, la defensora citó un comentario que realizó el representante de la oposición, Andrés Forero, con el que advierte que se probaría que todos los representantes conocían con detalle lo que aprobó el Senado. 

"A pesar de manifestar su desacuerdo con la reforma, Forero reconoció que sus compañeros de la Comisión Séptima habían logrado introducir mejoras sustantivas respecto del texto inicial aprobado en el Senado. Este comentario revela que los representantes no solo conocían el contenido del proyecto en detalle sino que también participaron activamente en la discusión de las modificaciones introducidas, lo cual contrasta con la tesis de la demanda sobre la supuesta ausencia de un debate real", aseguró Marín.

También citó un comentario de la representante Jennifer Pedraza en la misma vía. "La representante Pedraza Sandoval enfatizó la alta tasa de comisiones para los fondos privados contenida en el texto del Senado y cómo esta afectaría la tasa de reemplazo de los pensionados. Este tipo de intervenciones muestra que los congresistas contaban con información suficiente para evaluar las implicaciones del texto, incluso si algunos no estaban de acuerdo con la forma en que se había conducido el debate", agregó la defensora.

"No hubo votación en bloque de un proyecto sin discusión previa. La votación del texto aprobado por el Senado se realizó de acuerdo con el reglamento y con el conocimiento pleno de cada uno de los artículos", sentenció Marín.

Para Marín, la Ley 2381 de 2024 no crea regímenes especiales para los pueblos indígenas, comunidades negras, afrocolombianas, raizales, palenqueras y campesinas. Por tanto, no ha transgredido el artículo 48 de la Constitución que prohíbe establecer regímenes pensionales especiales o de excepción.

La defensora también avaló el sistema de pilares, adoptado en la reforma, y aseguró que esta no compromete la sostenibilidad fiscal. "La medida no compromete la sostenibilidad financiera del sistema pues se encuadra dentro de las exigencias mínimas que son pedidas en términos generales para acceder a los beneficios del sistema pensional", aseguró.

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"Para la Defensoría el sistema de pilares, adoptado por medio de la ley 2381 de 2024, busca materializar el principio de sostenibilidad fiscal. El pilar solidario que cubre a las personas de mayores ingresos no cotizantes garantiza un ingreso mínimo para los ciudadanos en situación de vulnerabilidad, reduciendo la presión sobre el presupuesto público", añadió.

En contraste con la posición de la defensora, el presidente de la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (ANIF) le hizo llegar a la Corte diversos reparos sobre la pensional aunque reconoció que la ley tiene "avances y retos".

"La reforma enfrenta retos considerables en cuanto a su sostenibilidad financiera. El Pilar Contributivo se basa en un esquema de reparto amplio que no está preparado para los cambios demográficos del país. Asimismo, empeora las condiciones para los trabajadores informales que no están en situación de pobreza, quienes no tienen suficientes incentivos para participar en el Pilar Semicontributivo. Adicionalmente, la implementación del régimen de transición es muy generoso y supone un desafío significativo para la istración del sistema en términos operativos y financieros", dijo López.

ANA MARÍA CUESTA

Editora de justicia [email protected]